تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

8 مارس 2013

Libia: Ataques contra medios de comunicación mientras aumenta la tensión en torno a la Ley de Aislamiento Político

Libia: Ataques contra medios de comunicación mientras aumenta la tensión en torno a la Ley de Aislamiento Político
Hombres armados irrumpieron en la sede de una cadena de televisión privada de Libia.

Hombres armados irrumpieron en la sede de una cadena de televisión privada de Libia.

© AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA


Aunque las declaraciones oficiales de condena al ataque son las que cabía esperar, la única forma de proteger realmente la libertad de expresión en Libia es investigar este incidente y refrenar a las milicias aplicando un programa efectivo de desarme, desmovilización y reintegración.
Source: 
Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional

El ataque contra una emisora de televisión de Trípoli después de que ésta emitiera un debate sobre una ley que prohibiría participar en las instituciones públicas a quienes ocuparon cargos durante el régimen de Gadafi debe ser una señal de alerta para que las autoridades refrenen a las milicias locales, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Este hecho se ha producido después de que el 5 de marzo, cientos de manifestantes interrumpieran violentamente una reunión del Congreso Nacional General y trataran de obligar a sus miembros a promulgar la Ley de Aislamiento Político. El presidente del Congreso, Mohammad Magarief, fue atacado con armas de fuego mientras los miembros pudieron finalmente abandonar la sede de la reunión.

El 7 de marzo, un nutrido grupo de hombres no identificados irrumpieron en la sede de Al Assema TV,  canal de noticias privado de Trípoli,  y secuestraron a cuatro hombres: el propietario de la emisora, Jumaa Al Usta; el ex director ejecutivo, Nabil Al Shibani; y los periodistas Mohammad Al Houni y Mahmoud Al Sharkassi.

Los dos periodistas fueron liberados unas horas después, pero sigue sin conocerse el paradero de Jumaa Al Usta y Nabil Al Shibani.

Según algunas fuentes, el ataque pudo ser un acto de represalia por la emisión por el canal de un debate sobre la Ley de Aislamiento Político que actualmente estudia el Parlamento libio y que impediría que las personas próximas a Gadafi ocuparan cargos de responsabilidad en las instituciones públicas libias durante un periodo de diez años.

“Los parlamentarios libios dicen que debe permitirse que los medios de comunicación debatan e informen sobre asuntos de interés público sin ninguna restricción y sin riesgos —ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional—. Jumaa Al Usta y Nabil Al Shibani deben ser liberados sin demora.”

“Aunque las declaraciones oficiales de condena al ataque son las que cabía esperar, la única forma de proteger realmente la libertad de expresión en Libia es investigar este incidente y refrenar a las milicias aplicando un programa efectivo de desarme, desmovilización y reintegración.”

En su forma actual, la Ley de Aislamiento Político prohíbe que ocupen cargos de responsabilidad en las instituciones públicas durante un periodo de diez años a 36 categorías de personas que fueron directamente responsables de la “corrupción de la vida política, económica, social y administrativa” de Libia durante el régimen de Gadafi.

Las disposiciones excluyen a los miembros del Consejo del Mando Revolucionario, a las personas que acumularon riquezas a expensas del pueblo libio, así como a quienes participaron en actividades o en producciones científicas, académicas, religiosas, culturales o sociales encaminadas a glorificar a Gadafi y a su gobierno.

Diferentes borradores han tratado de ampliar o restringir los criterios de exclusión, lo que pone de relieve las tensiones que rodean actualmente el proyecto de ley.

“Reconocemos que es crucial restablecer la confianza en las instituciones públicas en Libia después de 42 años de un régimen represivo caracterizado por los abusos contra los derechos humanos”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.

“Sin embargo, nos preocupan la redacción poco precisa de la ley, los criterios sumamente amplios para la exclusión y la ausencia de un procedimiento de revisión, que hace imposible que las personas sometidas a un proceso de verificación recurran contra la decisión.

“El procedimiento de verificación de antecedentes no debe convertirse en una depuración. Excluir del servicio público a personas responsables de abusos contra los derechos humanos es esencial para proteger esos derechos, pero en virtud el derecho internacional de derechos humanos, las autoridades libias tienen la responsabilidad de respetar también los derechos de las personas sometidas al procedimiento.”

موضوعات

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ليبيا 

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