تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

5 نوفمبر 2012

Sudán del Sur debe establecer una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte

(Juba, 5 de noviembre de 2012) – Sudán del Sur debe unirse a la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica estableciendo una moratoria de todas las ejecuciones, ha dicho hoy una coalición que aglutina a varios grupos de derechos humanos sudaneses e internacionales. 

En diciembre de 2012, Sudán del Sur tendrá su primera oportunidad de votar una resolución de la Asamblea General de la ONU para establecer una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. En una carta del 5 de noviembre dirigida al ministro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, Nhial Deng Nhial, las organizaciones expresaron sus motivos de preocupación sobre el uso que sigue haciéndose de la pena de muerte en Sudán del Sur.

“Sudán del Sur debe aprovechar la oportunidad que le brinda la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la pena de muerte para unirse al movimiento hacia su abolición en toda África y en todo el mundo”, ha dicho Audrey Gaughran, directora para África de Amnistía Internacional. “El presidente Salva Kiir Mayardit debe declarar de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones, y el gobierno debe abordar urgentemente las deficiencias que sigue presentando la administración de justicia del país”.

Sudán del Sur ha seguido utilizando la pena de muerte a pesar de existir en el sistema jurídico del país puntos débiles bien documentados que impiden que puedan garantizarse los derechos legales básicos de las personas acusadas de algún delito. El 28 de agosto, dos hombres fueron ejecutados en la horca en la cárcel de Juba. Hay más de 200 presos en espera de ejecución que se hacinan esposados en celdas insalubres.

En total, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU –137 países– han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Entre ellos están 37 de los 54 países miembros de la Unión Africana, es decir, más de dos tercios de los países africanos. 

Desde 2000, Burundi, Costa de Marfil, Gabón, Ruanda, Senegal y Togo han abolido la pena de muerte para todos los delitos. En los últimos meses, el gobernador de Ghana aceptó la recomendación de una Comisión de Revisión de la Constitución para que la pena de muerte fuera abolida en la nueva Constitución del país.

Benín se convirtió en el 75 país del mundo, y el décimo de África que ratifica el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte. En septiembre, Madagascar también firmó este tratado. 

“Privar a alguien del derecho a la vida es un castigo extremo e irreversible”, ha dicho Dong Samuel, de la Sociedad Jurídica de Sudán del Sur. “Careciendo de hasta las más elementales protecciones jurídicas, el riesgo de arbitrariedad y error es demasiado elevado”. 

Desde 2006, el Ministerio de Justicia de Sudán del Sur ha proporcionado asistencia letrada gratuita sólo en seis casos. La inmensa mayoría de los presos en espera de ejecución no tuvieron representación letrada, y muchos fueron incapaces de preparar adecuadamente su defensa o presentar recursos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que, si la pena de muerte sigue en vigor, debe imponerse sólo para los crímenes más atroces, tras un juicio en el que se hayan respetado escrupulosamente las normas internacionales sobre juicios justos y sólo cuando un tribunal competente haya dictado una sentencia definitiva. 

La coalición de organizaciones pide al gobierno de Sudán del Sur que aumente la información a la opinión pública y la transparencia sobre su uso de la pena de muerte, publicando estadísticas sobre el número de ejecuciones llevadas a cabo y de condenas a muerte impuestas y notificando a las familias de los presos las ejecuciones inminentes. 

La posibilidad de acceder a tal información tiene especial importancia durante el actual proceso de revisión constitucional, han afirmado los grupos. Durante este periodo, el gobierno debe facilitar que haya un debate fundado sobre importantes disposiciones constitucionales, como el derecho a la vida. 

“La transparencia es fundamental para la administración de justicia y resulta crítica para que Sudán del Sur pueda evaluar cómo se está imponiendo la pena de muerte”, ha dicho Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “Sin embargo, la pena capital seguirá siendo una afrenta para los derechos humanos básicos hasta que haya una moratoria real y termine por ser abolida por ley”.

 

 

AI Index: PRE01/539/2012
المنطقة أفريقيا
البلد South Sudan
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