Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México.

Portada de la publicación Culpables conocidos, víctimas ignoradas.
Tortura y maltrato en México.

Número de páginas: 52
Índice: AMR 41/063/2012 Spanish
ISBN: 978 - 84 - 96462 - 37 - 3
Depósito legal: M - 34.042 - 2012

 

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Los informes sobre tortura y maltrato han experimentado un acusado aumento en México durante la campaña militarizada de la administración del presidente Calderón contra la delincuencia organizada. Las víctimas suelen ser presuntos delincuentes o personas corrientes atrapadas en operaciones militares y policiales de seguridad pública. Sufren palizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, aplicación de descargas eléctricas y amenazas de muerte a manos de funcionarios, que normalmente tienen por objeto obtener información o supuestas confesiones.

Pocas se atreven a denunciar el trato que han recibido, porque temen sufrir represalias y que sigan maltratándolas. Las que lo denuncian encuentran obstáculos casi insalvables para impedir que la información obtenida mediante la tortura se admita como prueba en procesos penales, y más aún para conseguir que se les haga justicia por los abusos sufridos. La impunidad de los torturadores sigue siendo la norma, lo que fomenta el uso continuo de la tortura y el maltrato como medio de investigación y castigo contra presuntos delincuentes. La ausencia de medidas para hacer cumplir las leyes y hacer valer las normas internacionales de derechos humanos para impedir y castigar la tortura y el maltrato es habitual.

A pesar del uso sistemático de la tortura y el maltrato por militares y policías, el gobierno del presidente Calderón ha ignorado y rechazado esta realidad, dejando a las víctimas sin acceso a la justicia. La esperanza de que con la introducción de reformas judiciales se dejara de incentivar el uso de la tortura no se ha visto cumplida. Los programas de capacitación y otras medidas adoptadas durante el decenio pasado para combatir la tortura y poner fin a la impunidad han fracasado. No obstante, el gobierno se niega a reconocer esta situación y permite que el uso de la tortura y los malos tratos arraigue aún más, al mismo tiempo que manifiesta un compromiso general de proteger los derechos humanos. Este vergonzoso legado, del que los responsables tendrán que rendir cuentas, se va a dejar en manos del presidente electo Enrique Peña Nieto. No hacer nada no es una opción. El nuevo presidente debe cumplir lo que afirmó en una carta a Amnistía Internacional antes de las elecciones, a saber: “Asumo el pleno compromiso de implementar políticas y acciones que erradiquen cualquier acto de tortura”.

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