تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

18 يونيو 2012

Arabia Saudí intensifica la represión de los activistas de derechos humanos

Arabia Saudí intensifica la represión de los activistas de derechos humanos
Mohammad Fahad al Qahtani, destacado activista de derechos humanos saudí, es el último en ir a juicio.

Mohammad Fahad al Qahtani, destacado activista de derechos humanos saudí, es el último en ir a juicio.

© Particular


Mediante juicios basados en cargos falsos y medidas restrictivas arbitrarias, como la prohibición de viajar, las autoridades saudíes se han embarcado en una campaña para someter al colectivo de defensores de los derechos humanos a través de la intimidación.
Source: 
Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional
التاريخ: 
Mon, 18/06/2012

El lunes un destacado defensor de los derechos humanos saudí compareció ante un tribunal de Riad por 11 cargos relacionados con su activismo en lo que constituye el último ejemplo de lo que Amnistía Internacional ha denominado la “preocupante serie de causas judiciales” cuyo objetivo es acallar a los activistas que trabajan en favor de los derechos humanos.

Los cargos presentados contra Mohammad Fahad al Qahtani, de 46 años de edad, están relacionados con su activismo en favor de los derechos humanos, y entre estos se incluyen crear una organización no autorizada, según se cree la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, de la que es miembro fundador, “romper la lealtad al soberano”, acusar al poder judicial de permitir la tortura y admitir confesiones obtenidas bajo coacción, describir a las autoridades saudíes como un Estado policial, incitar a la opinión pública acusando a la autoridades de cometer violaciones de derechos humanos y poner a las organizaciones internacionales en contra del reino.

Su comparencencia ante el Tribunal Penal de Riad forma parte de una serie de juicios celebrados últimamente con el objetivo de acallar a los activistas de derechos humanos en el reino.

“El juicio a que han sometido las autoridades saudíes a Mohammad al Qahtani es tan sólo uno más de una serie preocupante de causas judiciales cuyo objetivo es acallar a los activistas de derechos humanos del reino”, ha declarado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Debe desestimarse la causa abierta en su contra, ya que al parecer se basa únicamente en su labor legítima en defensa de los derechos humanos en Arabia Saudí y su acerada crítica de las autoridades.”

Una serie de defensores de los derechos humanos han sido objeto últimamente de la persecución de las autoridades saudíes, que han recurrido para ello tanto a los tribunales como a medidas arbitrarias, como prohibirles viajar.

El 11 de junio, el Dr. Abdullah al Hamid, de 65 años, reconocido defensor de reformas y otro de los fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue también sometido a juicio ante el Tribunal Penal de Riad, acusado de una larga lista de delitos. La mayoría son similares a los cargos presentados contra Mohammad al Qahtani y atañen a su labor en defensa de los derechos humanos. También se le acusa de incitar al desorden, entre otras cosas, por redactar y publicar una declaración para pedir la celebración de protestas.

Varios activistas de derechos humanos estuvieron presentes durante la vista, entre ellos Mohammad al Qahtani, que sólo entonces fue informado de que iba a ser sometido a juicio una semana después.

Está previsto que el 1 de septiembre de 2012 se reanude tanto el juicio de Mohammad al Qahtani como el de Abdullah al Hamid. Ambos, junto con el académico Dr. Abdulkareem Yousef al Khoder, otro de los fundadores y actual presidente de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía desde marzo de 2012.

La Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos fue creada en octubre de 2009. Además de denunciar violaciones de derechos humanos, ha ayudado a muchas personas con familiares recluidos sin cargos ni juicio a emprender acciones judiciales contra el Ministerio del Interior ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con jurisdicción para examinar denuncias presentadas contra el Estado y sus servicios públicos.

“En vez de reprimir a destacados miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades saudíes deben investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado que ellos y otras han estado documentando”, ha señalado Philip Luther.

En otro caso actual, el escritor y defensor de los derechos humanos Mikhlif bin Daham al Shammari, de 57 años de edad, se enfrenta a una lista de cargos, entre los que se incluyen tratar de dañar la reputación del reino en los medios de comunicación internacionales, comunicarse con organizaciones sospechosas y acusar a los órganos del Estado de corrupción. Mikhlif es conocido por sus escritos críticos sobre violaciones de derechos humanos y corrupción.

Quedó en libertad bajo fianza en febrero de este año, después de más de año y medio detenido por la publicación de un artículo en el que criticaba lo que a su juicio son prejuicios de los eruditos religiosos suníes contra miembros de la minoría chií y sus creencias. En abril de 2012, las autoridades lo informaron de que le prohibían abandonar el país durante 10 años.
 
Su juicio ante el Tribunal Penal Especializado —que se creó para juzgar a sospechosos de terrorismo— dio comienzo el 7 de marzo de 2012, y la próxima sesión está prevista para el 26 de junio.

Waleed Abu al Kheir, otro activista de derechos humanos de 33 años de edad, sigue enzarzado en la causa abierta en su contra por faltar al respeto al poder judicial y dañar la reputación del reino facilitando a una organización internacional información falsa sobre su esposa Samar Badawi. Su juicio ante el Tribunal Penal de Jedda dio comienzo en septiembre de 2011.

En marzo de 2012, unos días antes de que comenzase un curso sobre democracia en una universidad estadounidense al que pensaba asistir, también le impusieron una prohibición para viajar. Amnistía Internacional ya ha dicho con anterioridad que la prohibición no estaba justificada y ha pedido que sea levantada de inmediato.

“Mediante juicios basados en cargos falsos y medidas restrictivas arbitrarias, como la prohibición de viajar, las autoridades saudíes se han embarcado en una campaña para someter al colectivo de defensores de los derechos humanos a través de la intimidación”, ha manifestado Philip Luther.

“Se debe poner fin a esta situación y debe permitirse al colectivo de defensores de los derechos humanos llevar a cabo la labor fundamental de sacar a la luz las violaciones de derechos humanos y pedir justicia y rendición de cuentas.”

“Deben retirarse todos los cargos relacionados con el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Si se detiene a algún defensor de los derechos humanos por tales cargos, pediremos que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.”

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