República Democrática del Congo

حقوق الإنسان في República Democrática del Congo

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
جمهورية الكونغو الديمقراطيةالصادر حديثاً

Jefe del Estado
Joseph Kabila
Jefe del gobierno
Adolphe Muzito
Pena de muerte
retencionista
Población
67,8 millones
Esperanza de vida
48,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
198,6 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
66,8 por ciento

Información general

El 27 de febrero, la residencia presidencial y un campamento militar de Kinshasa fueron atacados en lo que el gobierno calificó de “golpe de Estado”. Tras los ataques tuvo lugar una oleada de detenciones arbitrarias, dirigidas principalmente contra personas originarias de la provincia de Équateur.

El 28 de noviembre se celebraron en la República Democrática del Congo las segundas elecciones presidenciales y legislativas desde la independencia. El 5 de enero, una enmienda constitucional modificó el sistema electoral para las elecciones presidenciales, que pasaron de un sistema de votación en dos vueltas a un sistema de vuelta única y mayoría simple. Esta enmienda, unida a problemas logísticos como las demoras en el calendario electoral, y la controversia sobre el registro electoral revisado, hizo aumentar las tensiones entre la Alianza para la Mayoría Presidencial (AMP) y la oposición.

El ejército nacional (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC) continuó sus operaciones militares en el este y el norte del país contra grupos armados extranjeros, como las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) y las Fuerzas Democráticas Aliadas/Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (ADF/NALU), que causaron nuevos desplazamientos de civiles. En enero, el ejército nacional comenzó a retirar tropas para instrucción y redespliegue en el marco de la reestructuración del ejército nacional. Esta medida dio lugar a que los grupos armados recuperaran el control de antiguas zonas de las FARDC, y a la deserción de grupos armados integrados en el ejército en tiempos recientes. Se produjo a continuación un deterioro de la seguridad en Kivu Septentrional y Kivu Meridional, con un aumento de la actividad de las FDLR, Mayi-Mayi Yakutumba y las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) burundesas. El plan de reestructuración del ejército y el decreto presidencial del 31 de diciembre de 2010 para redistribuir los rangos en el seno de las FARDC crearon dificultades adicionales para el ya fallido proceso de integración de antiguos grupos armados en las FARDC.

El 28 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su Resolución 1991 (2011), prorrogó hasta el 30 de junio de 2012 el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO). La resolución reiteraba que las futuras configuraciones de la MONUSCO deberían decidirse teniendo en cuenta la evolución de la situación de seguridad sobre el terreno y el logro de objetivos como la mejora de la capacidad del gobierno para proteger a la población. El mandato incluía apoyo técnico y logístico para las elecciones y la continuidad del apoyo a un número limitado de operaciones militares de las FARDC.

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Abusos cometidos por grupos armados

Según la información recibida, grupos armados como el LRA, las FDLR, las FNL, ADF/NALU y diversos grupos mayi-mayi cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos de la población civil. Entre ellos figuraban violaciones, homicidios, saqueos y secuestros, especialmente en las provincias de Orientale, Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Grupos armados mayi-mayi atacaron a civiles como protesta contra el gobierno, a pesar de la política gubernamental de integración de los grupos armados nacionales en el ejército como incentivo para poner fin a los combates.

El antiguo grupo armado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que se integró en el ejército nacional en 2009 aunque conservando su autonomía, cometió presuntamente violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos y detenciones arbitrarias. Las disputas entre el ejército y los grupos armados por el control de las zonas mineras también contribuyeron a ahondar el deterioro de la situación de seguridad y dieron lugar a más abusos.

En mayo, combatientes de las FDLR secuestraron, según los informes, a 48 personas y saquearon numerosas casas en el territorio de Mwenga, Kivu Meridional.

El LRA secuestró a civiles a los que obligó a transportar bienes robados en la provincia de Orientale durante todo el año. El LRA seguía siendo una amenaza considerable para la población civil, y obligó a miles de personas a huir. Los grupos armados también atacaron a personal de ayuda humanitaria en varias ocasiones.

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Homicidios ilegítimos

Los periodos anterior y posterior a las elecciones se caracterizaron por homicidios ilegítimos y decenas de detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Republicana.

  • El 4 de octubre, según se tuvo noticia, Mayi-Mayi Yakutumba tendió una emboscada a un vehículo perteneciente a la ONG congoleña Eben Ezer Ministry International y mató a 7 personas, entre ellas 4 miembros del personal de la ONG, en Kalongwe, territorio de Fizi, Kivu Meridional.
  • Desde diciembre de 2010, soldados de las FARDC y agentes de la Policía Nacional, según los informes, perpetraron ejecuciones sumarias, violaciones y saqueos en la comunidad de Mbororo, en Ango, territorios de Banda y Buta, provincia de Orientale.
  • Después de que el presidente Kabila fuera declarado vencedor de las disputadas elecciones del 9 de diciembre, las fuerzas de seguridad congoleñas mataron, según la información recibida, al menos a 24 personas, la mayoría en Kinshasa.
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Violencia contra mujeres y niñas

La violación y otras formas de violencia sexual seguían siendo endémicas y eran cometidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales, incluida la Policía Nacional, y grupos armados. La violencia sexual acompañaba a menudo a otras violaciones de derechos humanos, como el saqueo y la tortura. Aunque tuvieron lugar algunos enjuiciamientos, la impunidad seguía siendo generalizada y en muchos casos las víctimas eran objeto de amenazas. Las personas sobrevivientes de violación no recibían apoyo y asistencia adecuados y seguían siendo estigmatizadas. Las víctimas masculinas eran especialmente marginadas.

  • El 31 de diciembre de 2010 y el 1 de enero de 2011 hubo violaciones masivas, cometidas, según la información recibida, por soldados de las FARDC en las poblaciones de Bushani y Kalambahiro, territorio de Masisi, Kivu Septentrional.
  • Los días 1 y 2 de enero, soldados de las FARDC cometieron violaciones masivas en la población de Fizi, Kivu Meridional.
  • El 27 de abril, un agente de la Policía Nacional violó presuntamente a una niña de 16 años en Mbuji-Mayi, provincia de Kasai Oriental.
  • Entre noviembre de 2010 y enero de 2011, unos combatientes de las FDLR violaron al menos a 102 mujeres y una niña durante ataques contra localidades de las provincias de Katanga y Kivu Meridional.
  • En junio, tras los enfrentamientos entre Mayi-Mayi Sheka y la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano, elementos de ambos grupos armados cometieron presuntamente violaciones masivas en Mutongo y poblaciones circundantes, en el territorio de Walikale, Kivu Septentrional.
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Niños y niñas soldados

Los grupos armados y las FARDC seguían reclutando y usando niños y niñas, sobre todo en el este de la República Democrática del Congo, pese a haberse liberado a cientos de ellos. Los grupos armados, especialmente el LRA y las FDLR, seguían secuestrando niños y niñas y usándolos como combatientes, espías, esclavos sexuales o porteadores. Aunque las FARDC dejaron oficialmente de reclutar niños y niñas en 2004, no se había adoptado desde entonces ningún plan de acción para separar a los niños y niñas de las fuerzas armadas, tal como exigían las resoluciones 1539 (2004) y 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Personas internamente desplazadas y refugiadas

Se calculaba que 1,57 millones de personas continuaban desplazadas dentro de la República Democrática del Congo, de ellas un millón en Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Las condiciones de vida seguían siendo muy precarias tanto en los campos como en las comunidades de acogida.

En julio, la República Democrática del Congo, Uganda y el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– acordaron la repatriación voluntaria de 32.000 personas refugiadas de nacionalidad congoleña que vivían en Uganda.

Continuaba la expulsión de ciudadanos congoleños de Angola a la República Democrática del Congo. Según la información recibida, algunos sufrieron violaciones de derechos humanos, incluida violación, en Angola.

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Tortura y otros malos tratos

Los grupos armados y las fuerzas de seguridad gubernamentales, entre ellos las FARDC, la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Información y la Guardia Republicana, cometieron actos de tortura y otros malos tratos. Las fuerzas de seguridad infligían a menudo la tortura y otros malos tratos en centros de reclusión, después de detenciones arbitrarias. Seguía negándose el acceso de las ONG y de representantes de la ONU a muchas instalaciones, y continuaba el uso de calabozos secretos y no oficiales.

 

En julio, la República Democrática del Congo promulgó una ley que penalizaba la tortura. La aplicación de esta legislación continuaba siendo un desafío fundamental, ya que los servicios de seguridad seguían cometiendo actos de tortura y otros malos tratos en lugares tales como centros de reclusión ilegales.

  • Entre el 27 de julio y el 1 de agosto, durante una operación militar en el territorio de Rutshuru, Kivu Septentrional, los soldados de las FARDC detuvieron arbitrariamente, según los informes, a 27 personas como represalia por su presunta colaboración con las FDLR. Al menos ocho de ellas fueron sometidas presuntamente a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a trabajos forzosos.
  • El 13 de abril, en Vusamba, territorio de Lubero, Kivu Septentrional, un hombre que había sido detenido por la Policía Nacional recibió 40 azotes antes de ser liberado; los azotes se le infligieron porque no pudo pagar los 40 dólares estadounidenses que le pedían a cambio de su libertad.
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Pena de muerte

Los tribunales militares seguían condenando a muerte a decenas de personas, incluidos civiles. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. El 23 de junio, cuatro policías fueron condenados a muerte por secuestrar y asesinar a un destacado defensor de los derechos humanos (véase infra).

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Impunidad

El sistema de justicia seguía siendo en gran medida incapaz de impartir justicia y otorgar reparación a las víctimas. La impunidad por violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tanto actuales como cometidas en el pasado, seguía siendo un fenómeno generalizado, a pesar de algunos enjuiciamientos y condenas. Los presuntos autores de delitos de derecho internacional no eran destituidos de sus cargos ni comparecían ante la justicia. La falta de recursos, la corrupción y las injerencias políticas y militares seguían paralizando los tribunales en todo el país. Decenas de civiles fueron juzgados por tribunales militares.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos presentó un anteproyecto de ley para establecer un tribunal especializado, integrado por personal congoleño e internacional, con jurisdicción sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El Senado rechazó este proyecto de ley el 22 de agosto.

  • El 21 de febrero, el tribunal militar de Kivu Meridional en la ciudad de Baraka condenó a nueve oficiales de las FARDC a entre 10 y 20 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, entre ellos violación, cometidos durante un ataque contra la ciudad de Fizi los días 1 y 2 de enero.

Las investigaciones abiertas sobre otros casos avanzaban con lentitud.

  • Las investigaciones sobre la violación sistemática de más de 300 mujeres, hombres, niños y niñas cometida en julio y agosto de 2010 en el territorio de Walikale, Kivu Septentrional, dieron lugar a un juicio contra ocho presuntos autores, sólo uno de los cuales estaba bajo custodia. Las vistas se aplazaron tras la apertura del juicio el 1 de noviembre, debido a la decisión del tribunal de trasladar el juicio a Walikale.

Las investigaciones judiciales sobre incidentes de violación masiva y otras violaciones de derechos humanos cometidas por soldados de las FARDC en las localidades de Bushani y Kalambahiro, Kivu Septentrional, no registraron avances dignos de mención.

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Condiciones de reclusión

Las cárceles seguían careciendo de recursos para garantizar la reclusión en condiciones acordes con las normas mínimas internacionales. Varios presos murieron como consecuencia de estas malas condiciones. El deterioro de las instalaciones impedía la separación efectiva de mujeres y hombres, así como de detenidos en espera de juicio y presos penados. En todo el país tenían lugar fugas de las cárceles debido a la escasez de recursos y a las deficientes infraestructuras.

El 7 de septiembre, 963 presos se fugaron de la prisión de Kasapa, Lubumbashi, provincia de Katanga, después de un ataque armado. Entre los fugados se encontraba el ex jefe mayi-mayi Gédéon Kyungu Mutanga, declarado culpable de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y terrorismo en marzo de 2009.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las fuerzas de seguridad gubernamentales y los grupos armados seguían atacando e intimidando a los defensores y defensoras de los derechos humanos, con tácticas tales como amenazas de muerte y detenciones.

  • El 28 de enero, el presidente de una ONG local que había protestado contra la explotación ilegal de recursos naturales facilitada por las autoridades provinciales fue detenido, según los informes, en la ciudad de Gemena, provincia de Équateur. Al parecer, el motivo expuesto en su orden de detención era “incitación a la rebelión”.
  • El 1 y el 2 de febrero, el presidente y el vicepresidente de la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos recibieron amenazas de muerte después de una conferencia de prensa en la que criticaron la reforma constitucional del sistema de elecciones presidenciales.
  • El 23 de junio, el tribunal militar de Kinshasa/Gombe condenó a muerte a cinco policías en relación con el secuestro y asesinato del destacado defensor de los derechos humanos Floribert Chebeya y la desaparición de su conductor, Fidèle Bazana, en junio de 2010. No se investigó a otros individuos clave presuntamente implicados.
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Libertad de expresión

Las autoridades administrativas y los servicios de seguridad impusieron restricciones a la libertad de expresión y asociación. Las fuerzas de seguridad gubernamentales reprimieron por la fuerza a manifestantes, y se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes de diversos partidos políticos.

Periodistas

Muchos periodistas fueron objeto de amenazas, detención arbitraria, enjuiciamiento, intimidación y advertencias de las autoridades del Estado de no informar sobre ciertos temas, y a algunos los mataron por su trabajo. Este tipo de violaciones de derechos humanos aumentó en el contexto de las elecciones generales.

Se dictaron órdenes oficiales de suspensión contra emisoras de radio y de televisión, cuyas instalaciones sufrieron violencia de motivación política.

  • El 21 de junio, en Kirumba, Kivu Septentrional, un periodista de una radio comunitaria murió por disparos efectuados por hombres armados no identificados, tras haber hecho unos comentarios, según los informes, sobre la situación de seguridad en la zona.
  • El 1 de septiembre, un periodista fue golpeado por agentes de la Unidad Policial de Respuesta Rápida mientras cubría una manifestación de partidos opositores en Kinshasa/Gombe.
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Justicia internacional

Estaba previsto que la Corte Penal Internacional dictara sentencia en enero de 2012 en el caso de Thomas Lubanga, acusado formalmente de crímenes de guerra consistentes en reclutamiento y uso de niños y niñas menores de 15 años para el grupo armado Unión de Patriotas Congoleños en Ituri.

 

  • En enero, Callixte Mbarushimana, secretario de las FDLR, fue transferido a la Corte Penal Internacional tras haber sido detenido en Francia en octubre de 2010. El 16 de diciembre, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte rehusó confirmar los cargos presentados en su contra y ordenó su excarcelación inmediata. El 20 de diciembre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional desestimó el recurso presentado por el fiscal contra esa decisión. Callixte Mbarushimana quedó en libertad el 23 de diciembre y regresó a Francia, donde se hallaba en curso una investigación sobre su presunta intervención en el genocidio de Ruanda de 1994.
  • En mayo comenzó en Stuttgart, Alemania, su lugar de residencia, el juicio de los líderes de las FDLR Ignace Murwanashyaka y Straton Musoni. Los dos estaban acusados formalmente de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
  • En octubre, el presidente de la República Democrática del Congo reiteró la negativa de las autoridades a entregar a Bosco Ntaganda a la Corte Penal Internacional, que solicitaba su detención y entrega desde 2006 por cargos de crímenes de guerra consistentes en el reclutamiento y uso de niños y niñas en el conflicto armado.
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