تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

24 يناير 2012

Brasil debe atender las necesidades de miles de personas que han perdido su casa tras desalojo

Brasil debe atender las necesidades de miles de personas que han perdido su casa tras desalojo
Pese al boom económico de Brasil, millones de personas siguen viviendo en asentamientos irregulares en todo el país.

Pese al boom económico de Brasil, millones de personas siguen viviendo en asentamientos irregulares en todo el país.

© Mauricio Lima/Afp/Getty Images


Este desalojo viola un gran número de normas internacionales.
Source: 
Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades brasileñas para que den respuesta de manera urgente a las necesidades de unas 1.600 familias que han perdido sus viviendas como resultado de los desalojos forzosos llevados a cabo en un asentamiento del estado de São Paulo, en Brasil. 

Los desalojos, en curso desde el domingo, se han realizado sin previo aviso, mientras las negociaciones estaban todavía abiertas y sin que se hayan ofrecido viviendas alternativas.  

Se han producido violentos enfrentamientos, que se prolongaron hasta el lunes, entre policía y residentes, después de que un juez del estado de São Paulo ordenara la entrada de casi 2.000 agentes de policía en el asentamiento de Pinheirinho, en las afueras de San José de los Campos. Las autoridades policiales afirman que el desalojo concluirá mañana. 

“Este desalojo viola un gran número de normas internacionales”, ha afirmado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.

“La operación se ha llevado a cabo de manera completamente inapropiada: en la madrugada del domingo y sin avisar adecuadamente. Se ha seguido adelante con el desalojo a pesar de que las negociaciones con las autoridades para encontrar una salida pacífica aún estaban abiertas”, ha asegurado. 

La policía, equipada con material antidisturbios y apoyada por helicópteros y vehículos blindados, entró en la zona sin previo aviso a las 6 de la mañana del domingo, lanzando gases lacrimógenos y balas de goma. Las autoridades cortaron la electricidad, el gas y las líneas telefónicas y acordonaron la zona, restringiendo a los residentes el acceso a sus hogares. 

Unas 30 personas han sido detenidas después de que algunos residentes de este asentamiento –creado hace ocho años– resistieran el desalojo levantando barricadas, quemando coches y lanzando piedras y palos.   

La orden de desalojo se emitió contraviniendo un acuerdo previo que lo suspendía mientras se buscaba una solución pacífica, como la posibilidad de que el gobierno federal comprara el terreno y legalizara los títulos de propiedad de los residentes.  

Algunos residentes han sido acogidos por familiares, mientras otros –unas 350 familias– se han instalado en un gimnasio sin saneamiento adecuado. A algunas familias se les ha permitido regresar a la zona desalojada para recoger sus pertenencias antes de que las viviendas sean demolidas. 

El asentamiento de Pinheirinho se creó en 2004, cuando grupos de personas sin hogar ocuparon un terreno abandonado que pertenecía a una empresa de inversiones en quiebra. 

Desde entonces se han construido iglesias, campos de fútbol, bibliotecas y tiendas, y los vecinos han intentado legalizar su situación mediante un programa estatal llamado “Ciudad Legal”, pero sin ningún éxito.

La asociación de vecinos ha solicitado al Tribunal Supremo Federal que invalide la orden de desalojo. 

“Lo que está ocurriendo en Pinheirinho es parte de un desafortunado modelo de desalojos forzosos en Brasil: mientras que el país se encuentra en pleno boom económico, decenas de miles de familias sin recursos están siendo desalojadas para permitir la construcción de infraestructuras y nuevos desarrollos urbanísticos en manos privadas, sin recibir ni protección adecuada ni viviendas alternativas”, ha afirmado Atila Roque. 

“Las autoridades brasileñas deben atender urgentemente las necesidades de los miles de personas que se han quedado sin casa. Deben involucrarse activamente con los residentes para encontrar una solución a largo plazo que se adapte a sus necesidades, no ya una plaza temporal en un albergue, algo que acaba disgregando a las familias”, ha añadido. 

A pesar de las considerables inversiones realizadas por el gobierno federal, Brasil se enfrenta a un enorme déficit de viviendas, y millones de personas en todo el país viven en asentamientos irregulares. 

De acuerdo con la legislación internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el Estado brasileño pesa la prohibición de llevar a cabo desalojos forzosos, y debe proteger a la población de este tipo de acciones. 

 

Este trabajo se enmarca en la campaña Exige Dignidad, de Amnistía Internacional, destinada a poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan. Mediante esta campaña, Amnistía Internacional presta especial atención a las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales.

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