تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

28 أكتوبر 2011

Japón: El ministro de Justicia no debe ceder ante las presiones sobre la pena de muerte

Japón: El ministro de Justicia no debe ceder ante las presiones sobre la pena de muerte
En 2010 se ahorcó a dos hombres en el Centro de Detención de Tokio.

En 2010 se ahorcó a dos hombres en el Centro de Detención de Tokio.

© Amnistía Internacional


El ministro de Justicia de Japón no debe firmar órdenes de ejecución, han dicho Amnistía Internacional y la Red Asiática contra la Pena de Muerte tras anunciar el ministro que no tiene intención de poner fin a la pena capital, a pesar de que el mes pasado dijo que no aprobaría ejecuciones.

El ministro de Justicia Hideo Hiraoka dijo el viernes que examinaría cada caso de pena de muerte individualmente, según los informes después de que un destacado político lo hubiera animado a ejercer su facultad de autorizar ejecuciones.

“Tras mostrarse reacio a firmar órdenes de ejecución el mes pasado, cuando tomó posesión de su cargo, resulta muy alarmante que el ministro Hideo Hiraoka parezca ahora estar bajo presión para aprobar ejecuciones a pesar de sus propios llamamientos a la prudencia”, ha dicho Catherine Baber, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“El ministro debe mantener su compromiso inicial de suspender las ejecuciones hasta que se pueda llevar a cabo un examen más cuidadoso de la aplicación de la pena de muerte por parte de Japón”, ha añadido Baber.

Según los informes, el miércoles el secretario jefe del gabinete, Osamu Fujimura, animó al ministro Hiraoka en una comisión parlamentaria a que siguiera adelante con las ejecuciones.

Las últimas ejecuciones en Japón fueron las de Ogata Hidenori y Shinozawa Kazuo, ejecutados en la horca el 28 de julio de 2010 en un centro de detención de Tokio.

La anterior ministra de Justicia, Keiko Chiba, creó un grupo de estudio sobre la pena capital en 2010. El grupo continúa con el actual ministro, Hideo Hiraoka, que animó a que el tema se debatiera tanto en público como en su Ministerio, teniendo en cuenta las tendencias y opiniones internacionales.

No se ha anunciado ninguna fecha para la presentación del informe.

Actualmente hay en Japón 126 personas en espera de ejecución.

El sistema de ejecución es la horca y las ejecuciones suelen llevarse a cabo en secreto, sin informar al preso hasta la misma mañana en que va a ser ejecutado. Por lo general a las familias se les informa después de la ejecución.

Esto significa que los presos que están en el corredor de la muerte viven con el temor constante de ser ejecutados. Soportar estas condiciones durante años, incluso decenios, ha llevado a muchos de ellos a la depresión y la enfermedad mental.

Más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. De 41 países de la región de Asia y Oceanía, 17 han abolido la pena capital para todos los delitos, 9 son abolicionistas en la práctica y uno –Fiyi– usa la pena de muerte solo en casos excepcionales de carácter militar.

Esto significa que menos de la mitad de los países de esa región siguen utilizando este castigo extremo e irreversible. De los países del G8, solo Japón y Estados Unidos siguen empleando la pena capital.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida, no importa el tipo de delito, las características del delincuente ni los métodos utilizados por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

“Japón debe conmutar de inmediato todas las penas de muerte e introducir una suspensión oficial de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena capital”, ha dicho Catherine Baber.

للمزيد من المعلومات

Amnistía Internacional y la ADPAN piden aplazamiento de la ejecución y traslado fuera del corredor de la muerte de preso japonés condenado hace 43 años (declaración pública, 10 de marzo 2011)
Otras dos personas ejecutadas en Japón: Una persona más continúa en peligro de ser ejecutada (acción urgente, 30 de julio de 2010)

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