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La condena por un tribunal de Buenos Aires a 16 ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos hace décadas es una poderosa victoria para la justicia en la lucha contra la impunidad, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y 15 personas más fueron condenados ayer a penas de prisión por el papel que desempeñaron en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar entre 1976 y 1983, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y el homicidio ilegítimo de decenas de personas en un centro secreto de detención establecido en una escuela militar de Buenos Aires.

Entre quienes perdieron la vida figuran las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice Domon; las activistas pro derechos humanos Azucena Villaflor, María Bianco y Esther Careaga, cofundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo; y el escritor y periodista Rodolfo Walsh.

“Este es el más reciente fallo que hace rendir cuentas a unos ex militares por violaciones atroces de derechos humanos cometidas durante la ‘guerra sucia’ de Argentina en las décadas de 1970 y 1980”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Por fin se hace justicia para estas familias, lo que transmite el enérgico mensaje de que este tipo de abuso nunca volverá a tolerarse.”

De los condenados, 12 lo fueron a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional y cuatro a penas de entre 18 y 25 años de prisión. Además de Astiz, fueron condenados a cadena perpetua los ex capitanes de la Armada Jorge Eduardo “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo, extraditado por México en 2008.

El proceso, en el que se juzgaron 86 crímenes de lesa humanidad, ha durado dos años. En él han declarado más de 150 testigos, incluidos alrededor de 80 sobrevivientes de abusos a manos de los militares.

Las fuerzas de seguridad argentinas dirigieron un centro clandestino de detención en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires donde recluyeron a cientos de personas tras secuestrarlas. Los detenidos murieron por torturas o tras ser arrojados desde aviones.

Durante el régimen militar de Argentina de 1976-1983, las fuerzas de seguridad secuestraron a unas 30.000 personas, muchas de las cuales siguen en paradero desconocido. Se cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales en gran escala.

“Aunque ha pasado más de un cuarto de siglo desde que los abusos de la ‘guerra sucia’ convulsionaron a la sociedad argentina, hay que satisfacer las reivindicaciones de las víctimas llevando a todos los responsables ante la justicia”, concluyó Guadalupe Marengo.