تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

18 يوليو 2011

Turquía debe poner fin a los duros desalojos en Estambul

Turquía debe poner fin a los duros desalojos en Estambul

Las autoridades turcas deben poner fin a una serie de duros desalojos forzosos que ya han provocado que algunas familias del centro de Estambul en situación vulnerable se hayan quedado de hecho sin hogar, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Decenas de familias del distrito de Tarlabaþý se enfrentan al desalojo forzoso a consecuencia de un proyecto de rehabilitación urbana. Según contaron a Amnistía Internacional, han sufrido intimidación y amenazas por parte del municipio local de Beyoðlu y agentes encargados de hacer cumplir la ley. En algunos casos, esos agentes las obligaron a firmar notificaciones de desalojo sin permitir que las leyeran, o les dijeron que serían desalojadas de inmediato si no firmaban los documentos.

Algunas personas residentes en la zona ya han sido desalojadas. El 24 de junio, Besra, madre soltera, volvía de visitar a su madre en el hospital cuando se encontró con que habían forzado la puerta de su casa. Los agentes la obligaron a abandonar su vivienda de inmediato y arrojaron sus pertenencias a la calle. Entre otras familias amenazadas de desalojo se encuentran romaníes, kurdos que se asentaron en Tarlabaþý tras ser desplazados del sudeste de Turquía en la década de 1990, y mujeres transgénero, que ya sufren considerables dificultades para acceder a una vivienda.

“Las autoridades municipales de Tarlabaþý deben suspender de inmediato los inminentes desalojos forzosos y no seguir adelante con los desalojos hasta que existan salvaguardas conformes con las normas internacionales de derechos humanos”, ha manifestado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.

“La mayoría de las víctimas de desalojo no han recibido la notificación adecuada. No se les ha consultado, no se les han proporcionado recursos legales, ni se les han ofrecido viviendas alternativas adecuadas o indemnizaciones. Todo ello constituye una violación de sus derechos humanos. También deben investigarse las denuncias de hostigamiento por parte de funcionarios públicos”, ha añadido.

Amnistía Internacional habló con otra persona residente en Tarlabaþý, un hombre de 60 años discapacitado y desempleado que afirmó haber sido obligado a firmar una notificación de desalojo que no le permitieron leer.  Tras la intervención de personas del vecindario, la policía aplazó su desalojo hasta el 18 de julio, pero no se le ha ofrecido ninguna vivienda alternativa asequible.

Aunque las autoridades no se han dirigido a ellas oficialmente, personas residentes contaron a Amnistía Internacional que la única vivienda alternativa que podrían facilitar se encontraba en las afueras de Estambul, a una distancia de más de dos horas utilizando transporte público. Muchas personas residentes en Tarlabaþý, que reciben salarios muy bajos por su trabajo, no podrían costearse estas propiedades, y el precio del desplazamiento hasta sus empleos en el centro de Estambul resultaría prohibitivo.

Amnistía Internacional planteó sus motivos de preocupación por los desalojos forzosos en una reunión que mantuvo con el alcalde de Beyoðlu, Ahmet Misbah Demircan, el mes pasado, y señaló que infringían las obligaciones contraídas por el municipio en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El alcalde confirmó que las autoridades no habían estudiado el impacto del proyecto de rehabilitación en grupos en situación de riesgo como las mujeres transgénero.

موضوعات

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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