باراغواي

حقوق الإنسان في República del Paraguay

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
باراغوايالصادر حديثاً

Jefe del Estado y del gobierno
Fernando Lugo
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
6,5 millones
Esperanza de vida
72,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
44/32 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
94,6 por ciento

Información general

A lo largo del año hubo informes sobre varios incidentes violentos, incluidos secuestros y homicidios ilegítimos, en algunos de los cuales al parecer estuvo involucrado el grupo armado de oposición Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Como respuesta, en abril se impuso un estado de excepción de 30 días que afectó aproximadamente a la mitad del país. Las ONG criticaron la falta de precisión de la definición de “terrorismo” contenida en la nueva ley antiterrorista introducida durante el estado de excepción.

En agosto, Paraguay ratificó la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. En marzo, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación expresó su preocupación por la mala calidad de la educación, la falta de recursos y de infraestructura, y la ausencia de opciones viables para los habitantes de las zonas rurales que deseaban recibir educación superior en Paraguay.

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Derechos de los pueblos indígenas

En febrero se publicó la Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020, promovida por el Gabinete Social del ejecutivo, en la que se postulaban los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de salvaguardar sus tierras tradicionales como “programa emblemático” de la política. Las cifras citadas mostraban que, desde 2008, los pueblos indígenas habían recibido títulos sobre sólo 26.119 hectáreas de tierra, lo que hacía que la extensión total del territorio escriturado fuera de 55.970 hectáreas. Las autoridades se fijaron como meta reconocer títulos de propiedad indígenas sobre 279.850 hectáreas de tierra antes de 2013.

En junio, el Ministerio de Salud creó una Dirección General de Salud Indígena. Un importante primer paso de este nuevo organismo fue incluir la etnia en los formularios empleados en todo el sistema de salud pública como medio para vigilar la implantación y eficacia de las políticas.

Con la publicación en agosto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la comunidad xákmok kásek, Paraguay se convirtió en el único Estado incluido en el ámbito de competencia de la Corte que tenía tres sentencias condenatorias en sendos casos por violación de los derechos de los pueblos indígenas.

  • Pese a las órdenes dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005 y 2006, aún no se habían resuelto los reclamos de tierras de las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa. La propuesta de proporcionar a la comunidad yakye axa unas tierras alternativas a las que reclamaba inicialmente fue rechazada después de varios retrasos en la tramitación. En septiembre se iniciaron negociaciones directas entre altos cargos del gobierno y los actuales propietarios de las tierras que reclaman ambas comunidades.
  • Dos dirigentes de la comunidad kelyenmagategma recibieron amenazas de muerte en septiembre, en el contexto de una visita a la zona de Puerto Colón de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de los pueblos indígenas.
  • En noviembre se canceló una expedición científica organizada por el Museo de Historia Natural británico en coordinación con una ONG ecologista paraguaya y la Secretaría de Ambiente gubernamental. La expedición se había planeado sin consultar previamente con las autoridades y representantes indígenas, y se canceló ante la preocupación de que tuviera un impacto negativo e irreversible en los medios de subsistencia del pueblo indígena ayoreo, aislado de la civilización.
  • Al concluir el año, las investigaciones sobre la presunta fumigación aérea de las comunidades indígenas de Itakyry en 2009 aún no habían producido resultados.
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Policía, fuerzas de seguridad y sistema de justicia

Suscitaron gran preocupación la tortura y otros malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y las irregularidades de procedimiento cometidas por la policía durante allanamientos y detenciones, sobre todo en el contexto de las operaciones de seguridad relacionadas con el EPP y los consiguientes procesos judiciales. Varias ONG expusieron su preocupación en relación con 12 casos emblemáticos, que incluían también violencia cometida por particulares, en una audiencia reservada celebrada en octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La declaración del estado de excepción en abril se justificó “por la grave conmoción interior generada por los grupos criminales que operan en la zona, poniendo en inminente peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales”, pero la ley promulgada adolecía de numerosos defectos, como la falta de claridad sobre los derechos que se restringían.

  • En junio, dos policías murieron en Kuruzú de Hierro, distrito de Horqueta, en un enfrentamiento con presuntos miembros del EPP. Poco después del incidente, la Fuerza Operativa de la Policía Especializada (FOPE) registró las viviendas de varios residentes locales, que denunciaron uso excesivo de la fuerza y malos tratos. El ritmo de la investigación sobre las denuncias suscitó preocupación.
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Derechos sexuales y reproductivos

En septiembre, el Ministerio de Educación hizo público un Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, elaborado en coordinación con diversos organismos gubernamentales, la sociedad civil y agencias de la ONU. El Marco hará que los programas de educación sean conformes con las normas internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos, con el fin de abordar problemas extendidos en Paraguay, como los abusos y la violencia de carácter sexual.

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Violencia contra mujeres y niñas

En septiembre se descubrió una red de pornografía infantil que actuaba dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, apenas unos días después de una visita efectuada por el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura con el fin de actualizar las recomendaciones que había formulado en 2009 sobre las condiciones penitenciarias. Al parecer, algunos reclusos invitaban a niñas a entrar en la prisión y las obligaban a realizar actos sexuales que eran filmados y posteriormente vendidos. Se denunció que estaban implicados en los abusos algunos funcionarios penitenciarios, incluido el director del centro, y algunos pastores que trabajaban en él. Las investigaciones continuaban; al finalizar el año no se habían hecho públicas las conclusiones de la fiscalía.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Varias declaraciones realizadas durante el año mostraron el grave deterioro del respeto a la legitimidad del cometido y los derechos de los defensores de los derechos humanos. Autoridades gubernamentales cuestionaron el papel de los defensores y de las organizaciones que trabajaban en casos relacionados con abusos cometidos durante operaciones de seguridad. Esto contribuyó a que se generalizara aún más la distorsión de la función y la labor de los defensores, habitual en los medios de comunicación.

En diciembre, la sede de la ONG Iniciativa Amotocodie fue objeto de un registro, unas semanas después de su campaña nacional e internacional para detener la llegada de una expedición científica a una zona donde vivían tribus indígenas aisladas de la civilización. La orden de registro y las acciones de los fiscales que lo efectuaron, incluida la confiscación de documentos no relacionados con los cargos, vulneraron numerosas garantías procesales, y parecían una represalia por la labor realizada por la organización al denunciar la expedición.

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