نيبال

حقوق الإنسان في República Federal Democrática de Nepal

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
نيبالالصادر حديثاً

Jefe del Estado
Ram Baran Yadav
Jefe del gobierno
Madhav Kumar Nepal (provisional desde junio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
29,9 millones
Esperanza de vida
67,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
52/55 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
57,9 por ciento

Información general

El Acuerdo de Paz de 2006 encomendó a la Asamblea Constituyente la tarea de redactar una nueva Constitución que abordase cuestiones de derechos humanos fundamentales en el conflicto político de Nepal. Sin embargo, el 28 de mayo expiró el plazo asignado a este fin sin que la Asamblea Constituyente hubiese finalizado el anteproyecto. Tras numerosas votaciones, Nepal no eligió a un primer ministro, y el gobierno provisional del primer ministro Madhav Kumar siguió al frente del país. La policía detuvo y recluyó a personas, entre las que había manifestantes tibetanos pacíficos, acogiéndose a la Ley de Seguridad Pública y sin seguir un procedimiento formal.

Arriba

Justicia transicional

En abril se presentó al Parlamento el anteproyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una exigencia del Acuerdo de Paz pendiente desde hacía mucho tiempo. El anteproyecto, que no se ratificó, tenía importantes carencias, como el hecho de que la Comisión prevista carecía de independencia frente a la influencia política, o la propuesta de que gozase de competencias para recomendar amnistías a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos.

Arriba

Desapariciones forzadas

Seguía pendiente el anteproyecto de ley que tipificaba como delito la desaparición forzada y creaba una Comisión de Investigación. El anteproyecto incorporaba modificaciones propuestas para abordar algunas de las graves carencias de borradores anteriores. Las modificaciones incluían definir las desapariciones forzadas en determinadas circunstancias como crímenes de lesa humanidad y garantizar que las penas fuesen proporcionales a la extrema gravedad del delito. Sin embargo, las familias de personas desaparecidas no se mostraron satisfechas con el anteproyecto y afirmaron que se había redactado sin una consulta adecuada.

  • En julio, tras la negativa de la Embajada de Estados Unidos a conceder el visado a un sospechoso del caso de Arjun Bahadur Lama, un profesor al que los maoístas habían secuestrado y matado durante el conflicto armado, seguidores del partido maoísta amenazaron a personas que ofrecían asistencia letrada en el caso y a defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en él.
  • En septiembre, un equipo de personas dirigido por la Comisión de Derechos Humanos de Nepal, entre las que había peritos y observadores de la ONU, exhumó los restos de cuatro cadáveres que se creía correspondían a un grupo de hombres secuestrados por las fuerzas de seguridad en Janakpur en octubre de 2003. La identificación definitiva de los restos estaba pendiente. A pesar de la exhumación, la investigación sobre el caso apenas avanzó y no se detuvo a ninguna persona.
Arriba

Impunidad

Los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto continuaban gozando de impunidad. Las autoridades no acataron órdenes dictadas por los tribunales para detener a militares acusados de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos; la policía se negó a tramitar denuncias e investigar estos casos.

  • A pesar de la orden judicial de detención del comandante Niranjan Basnet, acusado de torturar hasta la muerte a Maina Sunuwar, una muchacha de 15 años, en 2004, las fuerzas armadas de Nepal se negaron a entregarlo. Niranjan Basnet había sido repatriado en diciembre de 2009 tras su expulsión de una misión de la ONU. A su regreso, las fuerzas armadas se negaron a entregarlo a la policía y enviaron una carta al Ministerio de Defensa pidiendo que se desestimase el caso. A mediados de julio, una investigación interna del Ejército de Nepal declaró a Niranjan Basnet “inocente” de los cargos.
Arriba

Uso excesivo de la fuerza

Se recibieron informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas, así como de homicidios de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados que murieron en falsos “enfrentamientos”.

  • El 13 de junio, Advesh Kumar Mandal, de 20 años y procedente de Janakpur, murió abatido por disparos de la policía. Al parecer era miembro de Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM), un grupo armado radicado en Terai.
Arriba

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las torturas y otros malos tratos policiales a personas detenidas. Las leyes nacionales que establecían salvaguardias contra la tortura no cumplían las normas internacionales, y su aplicación seguía siendo insuficiente.

  • El 25 de mayo, Sanu Sunar, dalit de 46 años, murió a causa de las heridas sufridas bajo custodia policial en la comisaría de Kalimati tras ser detenido por robo. La Comisión de Derechos Humanos de Nepal afirmó que Sanu Sunar había muerto a consecuencia de las torturas policiales y recomendó que se emprendiesen acciones legales. El 24 de junio, el Tribunal de Distrito de Katmandú ordenó la detención de tres policías sospechosos de abusos contra Sanu Sunar, pero apenas se avanzó en las investigaciones.
Arriba

Abusos cometidos por grupos armados

Más de un centenar de grupos armados, que actuaban fundamentalmente en Terai, continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, incluidos secuestros, atentados y homicidios. Algunos tenían una clara orientación política o religiosa, mientras que otros funcionaban como bandas delictivas.

  • El 28 de octubre, Lal Kishor Jha, de 50 años y empleado de la Oficina de Educación de Distrito de Mahottari, en Janakinagar, murió tras ser abatido por disparos de miembros de JTMM-Rajan Mukti cuando salía de su casa. Le dispararon dos veces por la espalda por su presunta participación en la venta de tierra guthi (tierra concedida como donación religiosa) e irregularidades económicas en su lugar de trabajo.
Arriba

Discriminación

Dalits, pueblos indígenas, personas discapacitadas, minorías sexuales y religiosas sufrían exclusión social a pesar de que la igualdad de derechos estaba reconocida por ley. Las iniciativas legislativas destinadas a combatir la desigualdad de género apenas sirvieron para que disminuyese la discriminación contra las mujeres en los ámbitos público y privado. Las mujeres, especialmente las dalits, se encontraban con obstáculos en el acceso a la justicia, la propiedad de bienes y capital, la herencia, las condiciones salariales y de empleo, y la representación política.

Se registraron algunos avances en la actuación de los tribunales con respecto a la discriminación basada en la casta. En agosto, el Tribunal de Apelaciones de Kanchanpur confirmó las condenas, dictadas por distintos tribunales de distrito en enero y marzo, respectivamente, impuestas a dos hombres declarados culpables de ataques a dalits motivados por discriminación basada en la casta.

Arriba

Violencia contra mujeres y niñas

La pretensión de Nepal de “poner fin a la violencia contra las mujeres en 2010” apenas tuvo consecuencias visibles. Sólo en el valle de Katmandú, la policía recibió más de 300 denuncias de casos de violencia doméstica durante la primera mitad del año; fueron muchos más los que no se denunciaron. Las mujeres acusadas de brujería (generalmente pobres, aisladas o dalits) sufrieron agresiones y torturas por parte de miembros de la comunidad. Las deficiencias legislativas y la insuficiente actuación policial dificultaban los procesamientos por violencia intrafamiliar y sexual.

  • A comienzos de 2010, varios hombres de una localidad del distrito de Siraha donde se había cometido una violación impidieron la llegada al juzgado de personal del Centro de Rehabilitación de Mujeres que acompañaba a mujeres que iban a declarar ante el tribunal; el acusado fue declarado no culpable.

Jóvenes nepalesas salieron al extranjero en busca de oportunidades de empleo. La corrupción, la escasa regulación y la deficiente aplicación de las leyes vigentes contribuían a la explotación de quienes viajaban al extranjero para trabajar.

Arriba