جامايكا

حقوق الإنسان في Jamaica

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
جامايكاالصادر حديثاً

Jefa del Estado
reina Isabel II, representada por Patrick Linton Allen
Jefe del gobierno
Bruce Golding
Pena de muerte
retencionista
Población
2,7 millones
Esperanza de vida
72,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
28/28 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
85,9 por ciento

Información general

Siguió siendo elevado el número de personas asesinadas, sobre todo en el contexto de la violencia de las bandas de delincuentes en las comunidades marginadas de las zonas deprimidas de las ciudades. En mayo se declaró el estado de excepción en Kingston y St. Andrew, tras un estallido de violencia de bandas producido cuando partidarios armados de Christopher “Dudus” Coke protestaron contra su extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con las drogas. El estado de excepción estuvo en vigor hasta el 22 de julio.

El 23 de julio entraron en vigor seis proyectos de ley anticrimen, algunas de cuyas disposiciones infringían principios y normas de derechos humanos.

En noviembre, el historial de derechos humanos de Jamaica se sometió al examen periódico universal de la ONU.

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Policía y fuerzas de seguridad

El número de personas que, según noticias, perdieron la vida a manos de la policía alcanzó cotas sin precedentes. Los datos indicaban que algunas de estas muertes podrían haber sido homicidios ilegítimos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales.

Tras una visita realizada a Jamaica en febrero, el relator especial de la ONU sobre la tortura informó de que muchas personas detenidas habían sufrido palizas a manos de la policía. El relator recomendó, entre otras cosas, que Jamaica ratificara la Convención contra la Tortura.

Durante el estado de excepción, por lo menos 4.000 personas fueron detenidas y 76 perdieron la vida, entre ellas tres miembros de las fuerzas de seguridad. La Oficina del Defensor Público recibió al menos 43 quejas de ejecuciones extrajudiciales.

  • Sheldon Davis, discapacitado físico, murió en Tivoli Gardens el 30 de mayo. Según su madre, unos 30 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se presentaron en su domicilio y empezaron a interrogarlo. Lo acusaban de estar implicado en actos violentos de bandas, lo que Davis negó. Fue detenido y varios días después su familia supo que lo habían matado. Las fuerzas de seguridad informaron de que había muerto después de intentar arrebatarle la pistola a un soldado. Al concluir el año había una investigación en curso.

La Oficina del Defensor Público abrió una investigación independiente sobre las quejas recibidas acerca de la conducta de las fuerzas de seguridad durante el estado de excepción. Cuando terminó el año no habían comenzado a realizarse las pruebas de balística. Las ONG jamaicanas de derechos humanos expresaron preocupación ante el hecho de que no se protegieran los escenarios de crímenes ni se garantizara la rendición de cuentas por el uso de armas de fuego por miembros de las fuerzas de seguridad.

En agosto, la Comisión Independiente de Investigaciones, encargada de investigar abusos de las fuerzas de seguridad, empezó a funcionar oficialmente. Sin embargo, al finalizar el año aún estaba contratando y formando a personal, y se dedicaba sobre todo a supervisar las investigaciones que realizaba la Oficina de Investigaciones Especiales de la policía.

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Sistema de justicia

A pesar de que durante el examen periódico universal el gobierno declaró que se estaban implementando reformas al sistema de justicia, se siguió recibiendo información sobre considerables demoras en la aplicación de la justicia. Al concluir el año no se había creado aún la Oficina del Pesquisidor Especial, que debía examinar las muertes por disparos de la policía.

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Derechos de la infancia

El relator especial de la ONU sobre la tortura informó de que los menores seguían estando recluidos junto con adultos tanto bajo custodia policial como en algunos centros penitenciarios. También señaló que era frecuente que se recluyera juntos a niños, niñas y adolescentes que necesitaban atención y protección, menores de edad con dificultades de aprendizaje y menores que estaban en conflicto con la ley.

En marzo, la Comisión Armadale, que investigaba la muerte de siete muchachas ocurrida el 22 de mayo de 2009 en el Correccional de Menores de Armadale, informó de que las prácticas detectadas en ese centro eran contrarias a las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores. En respuesta, el gobierno anunció la implantación de varias medidas, incluida la de separar a los menores en detención preventiva de los que estaban sometidos a órdenes correccionales. Sin embargo, en octubre, el Defensor de la Infancia reveló que aún había más de un centenar de menores recluidos en calabozos policiales junto con adultos.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia sexual siguió siendo generalizada, y los informes de abusos sexuales contra niños y niñas aumentaron en relación con 2009, según estadísticas policiales publicadas en septiembre.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Las organizaciones de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero recibieron decenas de denuncias de ataques, hostigamiento y amenazas de carácter homófobo contra miembros de este colectivo, entre ellas por lo menos tres relativas a violaciones “correctivas” de lesbianas.

  • El 3 de septiembre, una mujer fue violada por seis hombres que previamente la habían insultado. Tras la violación sufrió una mutilación genital.

Una encuesta realizada a 11 lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres transgénero víctimas de violencia concluyó que sólo una había denunciado la violación a la policía, y dos años después seguía esperando a que se celebrase la vista judicial. Las demás no habían denunciado el crimen porque temían ser penalizadas por su orientación sexual.

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Pena de muerte

Fueron condenadas a muerte por lo menos cuatro personas; no se llevó a cabo ninguna ejecución. Al finalizar el año había siete personas en espera de ejecución.

En septiembre, el gobierno anunció que estaba estudiando la posibilidad de presentar al Parlamento una versión modificada de la Carta de Derechos. La enmienda dejaría sin efecto una sentencia de 1993 del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, máximo tribunal de apelación del país, según la cual la ejecución de una persona cinco años después de ser condenada a muerte era una pena inhumana y degradante.

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