India: Detención administrativa en Jammu y Cachemira

Personal de las fuerzas de seguridad vigila el cumplimiento del toque de queda en Lal Chowk, Srinagar, India, septiembre de 2008.

Personal de las fuerzas de seguridad vigila el cumplimiento del toque de queda en Lal Chowk, Srinagar, India, septiembre de 2008.

© Shome Basu


Centenares de personas son detenidas de forma rutinaria en el estado indio de Jammu y Cachemira en aplicación de la Ley de Seguridad Pública. Se las mantiene recluidas sin cargos ni juicio en detención administrativa bajo acusaciones imprecisas de haber cometido actos “perjudiciales para la seguridad del Estado” o “perjudiciales para el mantenimiento del orden público”.

Entre las personas detenidas hay activistas políticos, presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados de oposición, abogados, periodistas y manifestantes, incluidos menores de edad. A menudo, en un primer momento se las detiene para un interrogatorio “no oficial” durante el cual no tienen acceso a un abogado ni a sus familias.

La región de Cachemira ha sido fuente de conflicto en el sur de Asia durante decenios. Desde 1989 existe un movimiento popular continuo y un levantamiento armado que pide la independencia. Los grupos armados atacan a las fuerzas de seguridad y también a civiles. Aunque el gobierno del estado de Jammu y Cachemira tiene el derecho y la obligación de proteger a su población frente a la violencia, al hacerlo debe respetar las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

Durante los últimos 20 años, las autoridades de Jammu y Cachemira han recluido a entre 8.000 y 20.000 personas bajo detención administrativa en aplicación de la Ley de Seguridad Pública.

La Ley de Seguridad Pública viola las leyes y normas internacionales de derechos humanos, ya que sus disposiciones permiten la detención de personas por motivos sumamente amplios e imprecisos.

La aplicación de esta ley también es arbitraria. Las autoridades de Jammu y Cachemira no sólo niegan a las personas detenidas el acceso a representación letrada o familiares, sino que también mantienen recluidas a personas que no han cometido ningún delito común reconocible. Más aún, burlan sistemáticamente las órdenes del Tribunal Superior de dejar en libertad a personas detenidas de forma indebida emitiendo órdenes de detención consecutivas. La Ley de Seguridad Pública prevé un periodo máximo de detención de dos años, pero en la práctica muchas personas se ven atrapadas en un ciclo de detenciones durante años y años.

Amnistía Internacional hace campaña para que:

  • se ponga fin al sistema de detenciones administrativas en Jammu y Cachemira y se derogue la Ley de Seguridad Pública;
  • se deje en libertad a las personas o se las acuse y juzgue ante un tribunal.

MÁS INFORMACIÓN

India: A 'lawless law': Detentions under the Jammu and Kashmir Public Safety Act (informe, marzo de 2011)
¡Buenas noticias! Las autoridades de Jammu y Cachemira ponen en libertad a un muchacho de 14 años recluido sin cargos (noticia, 5 de abril de 2011)