Paraguay - Informe 2010 Amnistia Internacional

حقوق الإنسان في República del Paraguay

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
باراغوايالصادر حديثاً

Jefe del Estado y del gobierno
Fernando Lugo
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
6,3 millones
Esperanza de vida
71,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
44/32 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
94,6 por ciento

El gobierno adoptó algunas medidas para cumplir sus promesas en materia de derechos humanos y reforzamiento de las instituciones, pero no hizo lo mismo con promesas clave relacionadas con la reforma agraria y los derechos de los pueblos indígenas. Se recibieron informes sobre malos tratos policiales en zonas rurales. Se registraron algunas novedades en el procesamiento de los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado.

Información general

Se adoptaron algunas medidas con el fin de reforzar el marco institucional para la protección de los derechos humanos en el seno del poder ejecutivo, pero no hubo indicaciones claras sobre cómo reflejar dichas medidas en la actuación del poder legislativo o judicial. Siguió suscitando preocupación la eficacia de organismos clave como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Paraguayo del Indígena.

Los actos de violencia atribuidos al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), incluido el secuestro del terrateniente Fidel Zavala en octubre, suscitaron preocupación sobre la seguridad en algunas zonas.

En mayo, tras una grave sequía que había ocasionado problemas de seguridad alimentaria en comunidades indígenas y campesinas, el gobierno proclamó el estado de emergencia en todos los departamentos del oeste del país.

Derechos de los pueblos indígenas

Las autoridades adoptaron algunas medidas para garantizar la prestación de servicios básicos a las comunidades indígenas, pero no abordaron las reclamaciones de tierras formuladas por éstas, no afrontaron el problema de la discriminación y no respondieron de manera efectiva a la utilización de miembros de comunidades indígenas como mano de obra forzada en zonas remotas.

En octubre, el Senado rechazó un proyecto de ley para expropiar las tierras ancestrales de la comunidad yakye axa a sus actuales propietarios y restituirlas a la comunidad, pese a haberse cumplido el plazo para la aplicación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se ordenaba dicha restitución. No se registraron avances significativos en la devolución de tierras a la comunidad sawhoyamaxa en consonancia con una sentencia dictada en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al finalizar 2009, la Corte no se había pronunciado todavía sobre un tercer caso, relacionado esta vez con la comunidad xákmok kásek.

En noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado pareció apoyar el desalojo de unas 150 familias ava guaraníes de sus tierras ancestrales en el distrito de Itakyry. La orden de desalojo provocó protestas generalizadas, por lo que fue revocada ese mismo mes. Los miembros de la comunidad denunciaron que un pequeño aeroplano los había rociado posteriormente con plaguicidas aparentemente tóxicos. Un informe del Ministerio de Salud Pública lo confirmó. Según los informes, resultaron afectadas más de 200 personas, y algunas necesitaron tratamiento hospitalario.

Se recibieron informes según los cuales se estaban utilizando plaguicidas cerca del asentamiento de algunas comunidades indígenas, contraviniendo así la normativa nacional. El Instituto Paraguayo del Indígena vinculó la muerte de 12 personas de la etnia mbyá guaraní, entre junio y agosto de 2009, en el distrito de Abaí (departamento de Caazapá), con la posible contaminación causada por el uso de plaguicidas en campos de trigo y soja próximos.

El deterioro de las condiciones de vida en algunas comunidades sin tierra y el acceso inadecuado de éstas a servicios esenciales acarrearon graves problemas de salud y muertes evitables. A principios de 2009 murieron seis miembros de la comunidad indígena sawhoyamaxa tras sufrir diarrea y vómitos.

A pesar de las promesas del gobierno, siguió la deforestación en el norte del Chaco, agravándose así el peligro que corrían los pueblos indígenas de etnia ayoreo-totobiegosode asentados en la zona.

En un estudio publicado en marzo por la ONU se subrayaba la violación generalizada de los derechos laborales de los pueblos indígenas de la región del Chaco y la continuación del empleo de mano de obra forzada e infantil en los ranchos.

Conflictos de tierras

Los grupos campesinos siguieron exigiendo una reforma agraria en la que se abordaran sus necesidades. Algunos de ellos llevaron a cabo manifestaciones, bloqueos de carreteras y ocupaciones en apoyo de sus demandas. Varias personas resultaron muertas o heridas en el contexto de los conflictos de tierras y durante operaciones de mantenimiento de la ley.

  • En mayo se encontró el cuerpo de Enrique Brítez Irala, dirigente campesino de 30 años de edad, colgado de un árbol en la Agroganadera La Fortuna, ubicada en la colonia Jejuí, distrito de Choré, departamento de San Pedro. Enrique Brítez Irala había estado involucrado en un conflicto de tierras con un terrateniente local. Grupos campesinos señalaron que a Enrique Brítez Irala, desaparecido tres días antes del hallazgo de su cadáver, lo habían torturado, y negaron la veracidad de los comentarios que sugerían que se había suicidado. Al concluir el año, las investigaciones aún continuaban.

Policía y fuerzas de seguridad

  • Se acusó a agentes de policía de haber herido a decenas de personas durante una batida efectuada en un asentamiento campesino del barrio de Toro Blanco, en Caaguazú. Los agentes buscaban a personas presuntamente implicadas en el asalto a un local comercial próximo perpetrado en julio. Posteriormente se detuvo a unas 50 personas y se las acusó de manera formal de resistencia a la detención y de delitos de orden público (lo que se denomina en Paraguay “exposición a riesgos comunes”). Al finalizar el año seguían en espera de juicio.

Impunidad

Se registraron algunos avances significativos en el enjuiciamiento de destacados responsables de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el gobierno militar del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Al terminar 2009 se habían presentado al Defensor del Pueblo unas 13.700 solicitudes de reparación después de que se modificara la legislación sobre indemnizaciones en 2008. En octubre, el ministro de Defensa Nacional autorizó la apertura de archivos de la época del régimen militar, facilitando así a los activistas que investigaban violaciones de derechos humanos perpetradas durante este periodo acceso por primera vez a esta información.

  • En mayo se detuvo a Sabino Augusto Montanaro, ministro del Interior entre 1968 y 1989, tras su regreso voluntario a Paraguay de su exilio en Honduras. Se enfrentaba a juicio por una serie de violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes presuntamente cometidos en el marco de la Operación Cóndor, plan conjunto llevado a cabo por los gobiernos militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a opositores.
  • En agosto, un juez ordenó la extradición a Argentina de Norberto Bianco, médico del ejército que había trabajado en el hospital militar Campo de Mayo, para ser juzgado por su presunta participación en la detención ilegal de más de 30 mujeres y la apropiación posterior de sus hijos, en 1977 y 1978. Al finalizar el año estaba en espera de ser extraditado.
  • En junio fue detenido el ex diplomático Francisco Ortiz Téllez por su presunta implicación en la desaparición forzada, ocurrida en 1977, de Agustín Goiburú, destacado opositor al gobierno del general Stroessner. Al finalizar el año, Francisco Ortiz Téllez se encontraba bajo arresto domiciliario en espera del resultado de un recurso de apelación.

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