Jamaica - Informe 2010 Amnistia Internacional

حقوق الإنسان في Jamaica

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
جامايكاالصادر حديثاً

Jefa del Estado
reina Isabel II, representada por Kenneth Hall
Jefe del gobierno
Bruce Golding
Pena de muerte
retencionista
Población
2,7 millones
Esperanza de vida
71,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
28/28 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
86 por ciento

Centenares de personas de las zonas deprimidas de las ciudades fueron víctimas de homicidios policiales o de asesinatos perpetrados por bandas de delincuentes. La violencia sexual contra mujeres y niñas era un fenómeno generalizado. Se recibieron informes sobre actos de discriminación contra gays y lesbianas. Dos personas fueron condenadas a muerte, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución.

Información general

La situación de la seguridad pública continuó siendo crítica. Según los informes, los actos de violencia perpetrados por bandas de delincuentes en las comunidades marginadas de las zonas deprimidas de las ciudades se cobraron la vida de 1.198 personas entre enero y septiembre. El ministro de Seguridad Nacional y el director de la policía dimitieron en abril y noviembre, respectivamente, después de las críticas formuladas por el primer ministro sobre el fracaso en la reducción de la tasa de asesinatos.

Al finalizar el año seguía debatiéndose la nueva Carta de Derechos y Libertades Fundamentales presentada en abril ante el Parlamento. Organizaciones nacionales de derechos humanos criticaron la Carta, destinada a reemplazar el capítulo III de la Constitución, argumentando que tenía un alcance demasiado limitado y no había sido sometida a consulta pública.

Homicidios ilegítimos

El número de homicidios policiales denunciados se elevó a 253, frente a los 224 de 2008. El elevado número de homicidios, las declaraciones de testigos presenciales y otros indicios daban a entender que muchos de ellos habían sido ilegítimos.

  • El 7 de enero de 2009, la policía mató a tiros a Anthony Nelson en unas obras de Central Village, en Saint Catherine. Un compañero suyo, Ricardo Suckoo, resultó gravemente herido. Los agentes afirmaron que habían interrogado a los dos hombres porque se estaban comportando de una manera sospechosa y que éstos habían disparado contra ellos. Sin embargo, según testigos, los hombres iban desarmados y los policías les habían disparado después de preguntarles qué hacían en las obras. Al finalizar el año, el director de la Fiscalía no había decidido todavía emprender acciones penales contra los agentes.
  • El 27 de mayo, en Portmore (Saint Catharine), la policía mató a tiros a Dane Daley cuando iba de compras con dos primos suyos, Tyrell y Jordan Thompson. Según Tyrell Thompson, cuatro hombres armados –a los que no pudieron identificar porque estaba oscuro– les dieron el alto y les ordenaron que no se movieran. Ellos echaron a correr sin saber que los hombres eran agentes de policía. Tyrell Thompson resultó herido y Dane Daley murió tras ser alcanzado en la cabeza y el abdomen. Vecinos del barrio señalaron que la policía estaba patrullando la zona a raíz de unos enfrentamientos armados entre bandas. Al finalizar el año no había concluido todavía la investigación sobre el incidente.

La policía de Jamaica inició la aplicación de las recomendaciones formuladas tras un análisis estratégico del cuerpo. Según organizaciones nacionales de derechos humanos, se incrementó el número de agentes con formación sobre investigaciones de la escena del crimen, pero los recursos facilitados a los departamentos de balística, patología y medicina legal de la policía seguían siendo insuficientes. Se cuestionó también la independencia de dichos departamentos, que siguieron estando bajo la dirección de la policía.

En el Parlamento se debatió un proyecto de ley para crear una comisión independiente encargada de investigar los abusos de las fuerzas de seguridad, pero al finalizar el año no se había aprobado todavía.

Sistema de justicia

Según el ministro de Justicia, a principios de noviembre se inició la aplicación de más de 70 de las 200 recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo para la Reforma del Sistema Judicial. El Parlamento aprobó un proyecto de ley para crear la figura de un pesquisidor especial con el fin de acelerar las investigaciones sobre nuevos casos de muertes por disparos de la policía, pero al finalizar el año no se había nombrado todavía a nadie para ocupar el cargo.

Más de un año y medio después de su presentación ante el Parlamento, aún no se había aprobado un proyecto de ley para crear una fiscalía especial encargada de investigar los actos de corrupción cometidos por funcionarios del Estado.

Violencia contra mujeres y niñas

Según un estudio efectuado por especialistas en asistencia médica sobre la relación entre violencia sexual y embarazos de adolescentes, el 49 por ciento de las 750 niñas de entre 15 y 17 años encuestadas había sufrido actos de violencia o coacción sexual. En el estudio se ponía de relieve la necesidad de abordar la violencia de género desde una perspectiva comunitaria.

El Parlamento aprobó en julio la Ley sobre Delitos Sexuales, que modificaba e incorporaba varias leyes anteriores relacionadas con la violación, el incesto y otros delitos sexuales. Las organizaciones de mujeres la acogieron positivamente, pero expresaron también su preocupación por la definición restrictiva de la violación. En la ley se penalizaba la violación conyugal, pero sólo en determinadas circunstancias.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Durante un debate parlamentario, un diputado cuestionó el derecho de gays y lesbianas a crear organizaciones y pidió que los actos homosexuales se castigaran con cadena perpetua. El primer ministro se distanció de estos comentarios, pero aclaró que su gobierno no suprimiría el delito de sodomía, castigado con penas de hasta 10 años de cárcel.

Pena de muerte

En 2009 se impusieron dos penas capitales, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución. Cuatro personas se encontraban condenadas a muerte al finalizar el año. En julio, el primer ministro declaró que el gobierno cumpliría la decisión adoptada en 2008 por el Parlamento de mantener la pena capital y reanudaría las ejecuciones en cuanto las personas actualmente condenadas a muerte agotaran sus recursos de apelación.

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