Camboya - Informe 2010 Amnistia Internacional

حقوق الإنسان في Reino de Camboya

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
كمبودياالصادر حديثاً

Jefe del Estado
rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno
Hun Sen
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
14,8 millones
Esperanza de vida
60,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
92/85 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
76,3 por ciento

Los desalojos forzosos continuaron afectando a miles de familias de todo el país, sobre todo a las que vivían en la pobreza. Activistas de comunidades afectadas por desalojos forzosos y confiscaciones de tierras se movilizaron para aunar sus esfuerzos en protestas y llamamientos a las autoridades. Una oleada de acciones legales contra defensores y defensoras del derecho a la vivienda, periodistas y otras voces críticas reprimió la libertad de expresión. Se celebró el primer juicio sobre las atrocidades cometidas por el Jemer Rojo en el pasado. El acusado, Duch, se declaró culpable, pero posteriormente pidió ser absuelto.

Información general

Al menos 45.000 trabajadores y trabajadoras de fábricas de confección perdieron su empleo a consecuencia de la crisis económica mundial, y algunas empresas rebajaron los salarios. Los estudios señalaban que el desempleo era cada vez más generalizado entre la gente joven: alrededor de 300.000 jóvenes se encontraban sin trabajo tras finalizar la escuela secundaria o los estudios universitarios. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinó por primera vez el informe del Estado de Camboya, cuya presentación habían aplazado las autoridades camboyanas durante 14 años. El Comité identificó graves deficiencias en el cumplimiento de una serie de obligaciones impuestas por los tratados, como las relativas al sistema judicial, a la vivienda y a las desigualdades de género. En diciembre se revisó el historial de derechos humanos de Camboya en virtud del mecanismo de examen periódico universal de la ONU.

Desalojos forzosos

Los desalojos forzosos continuaron afectando a miles de personas. Al menos 26 desalojos forzosos provocaron el desplazamiento de alrededor de 27.000 personas, la gran mayoría pertenecientes a comunidades que vivían en la pobreza. En julio, algunos donantes internacionales pidieron el fin de los desalojos forzosos hasta que se estableciesen mecanismos justos y transparentes para resolver las disputas sobre la tierra y se formulase una política integral de reasentamientos.

  • Los días 16 y 17 de julio, fuerzas de seguridad procedieron al desalojo forzoso de la comunidad de Phnom Penh conocida como Group 78 tras un proceso legal plagado de irregularidades. Las últimas 60 familias no tuvieron otra opción que desmontar sus casas y aceptar una indemnización que les impedía vivir cerca de sus antiguas viviendas y lugares de trabajo. La mayoría de las familias fueron reubicadas en el extrarradio de la ciudad, lo que hacía que sus perspectivas laborales fueran escasas.

Tras las críticas de la sociedad civil, el Banco Mundial intentó reforzar las salvaguardias mediante un Proyecto de Ordenación y Administración de Tierras que contaba con el apoyo de varios donantes y pretendía proteger la seguridad de tenencia de las personas que vivían en asentamientos precarios urbanos y en otras zonas vulnerables. A comienzos de septiembre, el gobierno respondió poniendo término a su contrato con el Banco Mundial.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas ricas y poderosas continuaban haciendo un uso abusivo del sistema de justicia penal para silenciar a quienes protestaban contra los desalojos y las apropiaciones de tierras. La policía detuvo a no menos de 149 activistas por su defensa pacífica del derecho a la vivienda.

  • El 22 de marzo, las fuerzas de seguridad dispararon contra personas desarmadas en la provincia de Siem Reap, causando lesiones a al menos cuatro de ellas. Estas personas, procedentes del distrito de Chikreng, protestaban por la pérdida de tierras de labranza sobre las que existía una disputa. Al finalizar el año, ninguna autoridad había investigado los disparos, pero la policía había detenido al menos a 12 de esas personas, 2 de las cuales fueron posteriormente declaradas culpables de robo por intentar cosechar su arroz en las tierras en disputa, 7 fueron absueltas, pero continuaban detenidas arbitrariamente en espera de que se resolviese un recurso presentado por la fiscalía.

Cada vez eran más numerosas las redes de activismo de base creadas por representantes no oficiales de comunidades de la mayoría de las provincias que manifestaban conjuntamente sus preocupaciones en torno a los desalojos forzosos y la intimidación.

Justicia internacional

En marzo tuvo lugar un hito histórico al celebrarse la primera vista de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya (Tribunal del Jemer Rojo) con el juicio a Kaing Guek Eav (conocido como Duch), que había sido jefe de la tristemente célebre prisión de seguridad S-21. Durante los 72 días que duró el juicio, víctimas y supervivientes de las atrocidades del Jemer Rojo oyeron por primera vez pruebas contra “los máximos responsables”. Duch se declaró culpable de los crímenes cometidos en S-21, incluido el homicidio de alrededor de 15.000 personas.

El juicio de cuatro altos dirigentes del Jemer Rojo estaba en fase preparatoria, y el fiscal internacional adjunto presentó solicitudes para que se iniciasen investigaciones sobre otros cinco sospechosos. El gobierno camboyano se declaró contrario a nuevas investigaciones afirmando que podían provocar disturbios, al parecer para tratar de influir sobre el tribunal.

En julio, en la causa de Ieng Thirith, los fiscales adjuntos decidieron admitir como pruebas “confesiones” obtenidas mediante tortura, lo que suponía una violación de la “norma excluyente” establecida en el artículo 15 de la Convención de la ONU contra la Tortura, vinculante para las Salas Especiales.

Libertad de expresión

Una serie de procesamientos de personas que criticaban las políticas del gobierno ejercieron un efecto represor sobre la libertad de expresión.

  • Hang Chakra, director de un periódico, fue condenado a prisión por la expresión pacífica de sus opiniones, al igual que el director de una ONG. Ambos estaban afiliados al Partido de Sam Rainsy en la oposición.
  • El Tribunal de Phnom Penh declaró a Mu Sochua, secretaria general del Partido de Sam Rainsy, culpable de difamación por presentar una demanda –también de difamación– contra el primer ministro. No contó con asistencia letrada, pues su abogado se retiró de la causa tras ser amenazado con acciones legales por hablar sobre el caso en una rueda de prensa. Mu Sochua recibió una pena no privativa de libertad.

El 10 de julio dejó de publicarse Moneaksekar Khmer (Conciencia Jemer), uno de los escasos diarios que aún permanecían en la oposición. El director, Dam Sith, ofreció una disculpa pública por los artículos sobre los que el gobierno había solicitado una investigación criminal por “instigación”.

  • Al finalizar el año, la policía no había avanzado en la investigación del asesinato de Khim Sambor, periodista de Moneaksekar Khmer, a manos de atacantes no identificados durante las elecciones de julio de 2008.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El 12 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Penal, que mantenía la difamación como delito común.

Parlamentarios de la oposición y grupos de la sociedad civil criticaron la nueva ley sobre manifestaciones no violentas, aprobada por la Asamblea Nacional en octubre. Las autoridades negaban reiteradamente la autorización para celebrar manifestaciones, y, con la adopción de la ley, se corría el peligro de que esas restricciones se incorporaran a la legislación.

Violencia contra mujeres y niñas

El procesamiento de los violadores continuaba siendo poco habitual debido a una deficiente ejecución de la ley, a la corrupción en los tribunales y al uso generalizado de acuerdos económicos extrajudiciales, que por lo general eran concertados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en los que se establecía que la víctima debía retirar cualquier denuncia que hubiera presentado. Según los informes, continuaban aumentando las violaciones de mujeres y niñas, incluidas trabajadoras sexuales, a la vez que disminuía la edad de las víctimas.

Informes y visitas de Amnistía Internacional