Argentina - Informe 2010 Amnistia Internacional

حقوق الإنسان في República Argentina

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الأرجنتينالصادر حديثاً

Jefa del Estado y del gobierno
Cristina Fernández
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
40,3 millones
Esperanza de vida
75,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
17/14 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,6 por ciento

A pesar de las garantías jurídicas existentes al respecto, las comunidades indígenas corrían peligro de ser desalojadas de sus tierras ancestrales. Continuaron los procedimientos penales para llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las condiciones de reclusión siguieron siendo motivo de honda preocupación.

Información general

Se registraron protestas y manifestaciones generalizadas contra el desempleo, el elevado nivel de delincuencia urbana, las precarias condiciones de vivienda y otros motivos de preocupación social. En virtud de un decreto promulgado en octubre por el gobierno para tratar de paliar la exclusión social, se estableció una asignación mensual por hijo a las familias sin trabajo, con bajos ingresos o que trabajaran en el sector informal.

Derechos de los pueblos indígenas

Se siguieron dictando órdenes de desalojo contra comunidades indígenas, contraviniendo las normas internacionales y una ley de emergencia nacional aprobada en 2006 por la que se suspendía de forma temporal la ejecución de órdenes de desalojo o la expulsión de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. El Congreso de la Nación amplió el periodo de aplicación de dicha ley hasta noviembre de 2013 por la falta de avances en la revisión nacional sobre la tenencia de tierras.

Se negó a comunidades indígenas el derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos relacionados con la explotación de recursos naturales en tierras indígenas.

En la provincia de Neuquén se formularon cargos penales contra unas 150 personas de etnia mapuche en relación con unas protestas por el derecho a la tierra y contra unas órdenes judiciales de desalojo.

  • En octubre, un terrateniente mató a Javier Chocobar, de 68 años, miembro de la comunidad indígena diaguita de Los Chuschagasta, en la provincia de Tucumán, al tratar de expulsar a la comunidad de sus tierras ancestrales. Al finalizar el año se estaba investigando al terrateniente y a dos hombres más.
  • Al concluir 2009 estaba todavía pendiente de resolución una demanda presentada en 2001 por miembros de la comunidad indígena pilagá de El Descanso, en la provincia de Formosa, en relación con unas obras de riego realizadas en 1997, que en opinión de la comunidad afectaban a sus tierras ancestrales. No se respetó el derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre la construcción de una importante infraestructura en la provincia.

Impunidad: justicia por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

Se produjeron avances en el enjuiciamiento de destacados responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado. Sin embargo, la falta de recursos provocó largos retrasos. Al finalizar el año, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, más de 600 personas se encontraban procesadas por la comisión de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, incluidas desapariciones forzadas. A lo largo del año se impusieron más de 30 condenas.

  • En diciembre, dos hombres asaltaron las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Robaron expedientes de casos de presuntas actividades ilegales de la policía, y otros documentos relativos a casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado que estaban a punto de juzgarse.
  • En agosto se condenó a cadena perpetua a Santiago Omar Riveros, jefe del tristemente célebre centro de detención Campo de Mayo durante el régimen militar argentino (1976–1983). Santiago Omar Riveros fue declarado culpable de torturar y matar a golpes a Floreal Avellaneda, de 15 años, y de secuestrar a su madre, Iris Pereyra, un mes después del golpe militar de 1976.
  • En marzo, en la provincia de San Luis, se condenó a cadena perpetua a dos ex oficiales de las fuerzas armadas y a tres ex agentes de policía. Todos ellos fueron declarados culpables del homicidio de Graciela Fiochetti, la desaparición forzada y el homicidio de Pedro Valentín Ledezma y Sandro Santana Alcaraz y la tortura de Víctor Carlos Fernández. Las cuatro víctimas habían sido detenidas en septiembre de 1976.
  • En octubre fue condenado a cadena perpetua el ex general Jorge Olivera Róvere tras ser declarado culpable de cuatro casos de homicidio y varios casos de privación ilegal de la libertad. En la misma causa se condenó también a otro ex general a cadena perpetua. Otros tres ex miembros de las fuerzas armadas resultaron absueltos.
  • En diciembre fueron sometidos a juicio 17 ex oficiales de la Armada, entre ellos el capitán Alfredo Astiz, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, el mayor centro secreto de detención de Argentina durante el gobierno militar. Alfredo Astiz estaba acusado, entre otros delitos, del homicidio de dos monjas francesas y la desaparición forzada de un periodista argentino.
  • En un juicio concluido en diciembre en la provincia de Córdoba, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue condenado por tercera vez a cadena perpetua.

Amenazas contra testigos

A pesar de los programas de protección, siguieron recibiéndose informes de amenazas contra testigos en juicios relacionados con violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, en especial contra aquellos que vivían en zonas rurales aisladas.

  • En mayo, Orlando Argentino González, superviviente de un centro secreto de detención en la provincia de Tucumán, no compareció como testigo en un juicio tras recibir varias amenazas.
  • Siguió en paradero desconocido Jorge Julio López, demandante y testigo principal en la causa seguida contra Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las investigaciones sobre su desaparición, ocurrida en septiembre de 2006, no registraron avances a lo largo del año.

Condiciones de reclusión

Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados en las cárceles y los centros de detención de las provincias de Santiago del Estero y Mendoza, así como sobre los actos de violencia y las torturas y otros malos tratos registrados en estos establecimientos. Las autoridades nacionales no crearon un mecanismo para la prevención de la tortura, en contra de lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia de género siguió siendo motivo de honda preocupación. En abril se aprobó una ley para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. En ella se preveía asistencia letrada gratuita para las víctimas y se establecían protocolos para la recogida y el registro sistemático de datos oficiales sobre la violencia de género. No obstante, la ley no había empezado a aplicarse todavía al finalizar el año.