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Amnistía Internacional ha pedido que se realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de decenas de personas en Kingston, capital de Jamaica, durante una operación de seguridad llevada a cabo para detener a un presunto traficante de drogas.

La violencia estalló en la capital, Kingston, el domingo 23 de mayo, cuando partidarios armados del presunto traficante de drogas Christopher "Dudus" Coke protestaron contra su posible extradición a Estados Unidos.

El domingo, el primer ministro jamaicano, Bruce Golding, declaró el estado de excepción, otorgando nuevas atribuciones de amplio alcance a las fuerzas de seguridad para restringir la libertad de circulación, registrar locales y detener a personas sospechosas de participar en actividades ilegales sin una orden judicial.

"Aunque la policía jamaicana tiene la obligación de mantener la ley y el orden, conceder atribuciones extraordinarias a las fuerzas de seguridad puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos", ha señalado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Según los informes, se calcula que el número de víctimas mortales oscila entre 44 y 60. También han muerto al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad.

Se sabe que las fuerzas de seguridad han confiscado hasta el momento cuatro armas de fuego, lo que supone una cantidad muy pequeña si se compara con el número de personas que han perdido la vida.

"El expediente en materia de derechos humanos de las fuerzas policiales jamaicanas es atroz. Todos los años la policía es responsable de provocar un elevado número de muertes. Los indicios sugieren que muchos de estos homicidios fueron ilegítimos", ha afirmado Kerrie Howard.

"En este contexto, los habitantes de las zonas afectadas, incluso quienes no han participado en el enfrentamiento armado, pueden convertirse en víctimas de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Sólo una investigación exhaustiva e imparcial de todas y cada una de las muertes o lesiones provocadas por el uso de la fuerza permitirá establecer los hechos con respecto a posibles homicidios ilegítimos o ejecuciones extrajudiciales."

En 2009, 253 personas murieron a manos de la policía en Jamaica, una cifra acorde con las de años anteriores.

En la mayoría de los casos, la policía alega que estas muertes se deben a tiroteos con hombres armados, especialmente en el contexto de la violencia de las bandas en comunidades marginadas de las zonas urbanas deprimidas.

El elevado número de muertes, el hecho de que prácticamente ningún agente de policía haya resultado muerto o herido, unido a testimonios de testigos presenciales y otros indicios, señalan que en muchas de las muertes la policía hizo un uso excesivo o arbitrario de la fuerza y que, en muchos casos, constituyeron homicidios ilegítimos, incluso ejecuciones extrajudiciales.

"Recopilar pruebas y tener acceso a informes balísticos y forenses de peritos independientes resultará fundamental para garantizar que se identifica y se pone a disposición judicial a los responsables de cometer violaciones de derechos humanos", ha señalado Kerrie Howard.

Amnistía Internacional manifestó que le preocupan asimismo los informes según los cuales más de 500 personas han sido detenidas desde que se declaró el estado de excepción. 

"Incluso durante estados de excepción declarados oficialmente, Jamaica, conforme al derecho internacional, está obligada a garantizar los derechos de toda persona detenida, entre otros, el derecho a que un tribunal independiente revise su detención", ha manifestado Kerrie Howard.