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حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

21 أكتوبر 2009

Corea del Sur: Los trabajadores migrantes, mano de obra de "usar y tirar"

En un informe publicado hoy, 21 de octubre de 2009, Amnistía Internacional afirma que, pese a la aprobación de normas que protegen sus derechos, en Corea del Sur numerosos trabajadores y trabajadoras migrantes sufren violencia física, son objeto de trata con fines de explotación sexual o no perciben sus salarios durante largos periodos.  
La organización ilustra en el documento, de 98 páginas de extensión y titulado Disposable Labour: Rights of migrant workers in South Korea, que los trabajadores migrantes manipulan con frecuencia maquinaria pesada y sustancias químicas peligrosas en el trabajo sin haber recibido la formación necesaria ni disponer de equipos de protección, que están más expuestos a accidentes industriales, algunos de ellos mortales, y que reciben salarios inferiores a los de la mano de obra nativa del país.  
“Los trabajadores migrantes son vulnerables al abuso y la explotación, fundamentalmente porque no pueden cambiar de trabajo sin permiso del empleador”, explica Roseann Rife, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. “En ocasiones, las condiciones laborales son tan deficientes que estos trabajadores huyen, con lo que pasan a encontrarse en situación irregular y, por tanto, pueden ser detenidos y expulsados del país”.
Corea del Sur fue uno de los primeros países asiáticos en reconocer por ley los derechos de los trabajadores migrantes y en equipararlos a la población coreana en derechos laborales, salario y prestaciones.
Sin embargo, cinco años después de la entrada en vigor del Sistema de Permiso de Empleo, concebido para proteger mejor los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, muchas de estas personas siguen sufriendo dificultades y siendo víctimas de abusos.  
En septiembre de 2008, se calculaba que había 220.000 trabajadores migrantes en situación irregular en el país.
El gobierno surcoreano prometió reducir esta cifra a la mitad antes de 2012, para lo que puso en marcha una campaña de represión masiva, y en ocasiones violenta, contra los trabajadores migrantes. De hecho, a veces se ha acusado a los agentes de inmigración y a la policía de emplear fuerza excesiva contra ellos y de actuar al margen de la ley.
El informe de Amnistía Internacional demuestra que el gobierno surcoreano no ha hecho suficientes inspecciones en los centros de trabajo, en los que se registran elevadas tasas de accidentes, se ofrecen atención médica e indemnizaciones inadecuadas, y se llevan a cabo despidos injustos.  
Amnistía Internacional ha entrevistado a trabajadores y trabajadoras migrantes que han descrito cómo sus empleadores los obligaban a cumplir largos horarios de trabajo y a trabajar de noche, sin pagarles las horas extras y reteniéndoles, con frecuencia, los salarios.
“A pesar de los avances experimentados con el Sistema de Permiso de Empleo, el ciclo de abusos y trato indebido continúa, y miles de trabajadores y trabajadoras migrantes se encuentran a merced de sus empleadores y de las autoridades, que no les tratan como es debido porque saben que tienen pocos derechos legales y que no pueden acceder a la justicia ni pedir indemnizaciones por los abusos”, explica Roseann Rife.
Las investigaciones de Amnistía Internacional ponen de manifiesto que las mujeres corren especial peligro de sufrir abusos. En varias ocasiones, empleadores y directivos han sometido a trata con fines de explotación sexual a trabajadoras empleadas como cantantes en bases militares estadounidenses, a las que a veces han destinado a la industria del sexo.
Amnistía Internacional conversó con mujeres víctimas de trata que afirmaron no haber tenido otra elección que continuar en sus puestos de trabajo, ya que debían dinero a sus empleadores y no sabían a dónde acudir en busca de ayuda. Si huían, corrían el peligro de ser consideradas migrantes irregulares y expulsadas del país.
“Estas mujeres son doblemente víctimas: primero son objeto de trata, y luego, cuando intentan escapar de la explotación, pasan a ser consideradas migrantes ‘ilegales’ en virtud de la legislación surcoreana”, ha dicho Roseann Rife.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Corea del Sur a:

  • garantizar que los empleadores respeten, protejan y promuevan los derechos de los trabajadores migrantes por medio de rigurosas inspecciones laborales, para que el lugar de trabajo sea seguro, se facilite formación y se pague a los trabajadores migrantes de un modo justo y puntual;
  • proteger y promover los derechos de todas las trabajadoras migrantes y erradicar el acoso y la explotación sexuales;
  • permitir a los trabajadores migrantes irregulares permanecer en Corea del Sur, mientras buscan acceso a la justicia y esperan a que se les concedan indemnizaciones por los abusos sufridos a manos de sus empleadores;
  • garantizar que, durante las redadas de inmigración, las autoridades se ciñan a la legislación surcoreana, en virtud de la cual deben identificarse, presentar una orden judicial, informar a los trabajadores migrantes de sus derechos y facilitar inmediatamente tratamiento médico a las personas bajo custodia que lo necesiten o lo soliciten.
     

Información complementaria
El informe Disposable Labour: Rights of migrant workers in South Korea recoge el testimonio de 60 trabajadores y trabajadoras migrantes, además del de personal de refugios, centros para inmigrantes, ONG y empleados y directivos de fábricas. Juntos dibujan y ponen en evidencia un sistema de explotación que no respeta ni defiende los derechos humanos de las personas. Las entrevistas tuvieron lugar en 11 ciudades de todo el país.
Estudios de caso
KN, trabajador migrante de 34 años, procedente de Sri Lanka, trabajaba en una fábrica que producía piezas para barcos en Jinae, provincia de Gyeongsang del Sur. Una tubería de metal de 150 kg se precipitó sobre él y le rompió cinco dedos de los pies y dos de las manos. Aunque debía permanecer hospitalizado durante dos meses, su empleador fue al hospital 12 días después y lo amenazó con despedirlo si no volvía al trabajo. Ni siquiera le concedió el tiempo necesario para cambiarse de ropa. Al vivir en un segundo piso, KN tenía grandes dificultades para desplazarse, ya que no había ascensor. La pierna le dolía tanto que casi no podía ponerse en pie. Furioso, su empleador lo empujó hasta la oficina de inmigración, donde canceló su visado de trabajo.
FJ, trabajadora migrante de 37 años, procedente de Filipinas, fue empleada como cantante y posteriormente víctima de trata, destinada a la explotación sexual, en un local nocturno de Dongducheon, provincia de Gyeonggi. Durante su primera semana de trabajo, su empleador invitó a sus amigos al local, la encerró con ellos en compañía de otra mujer, y se fue. Los amigos les exigieron que practicaran sexo con ellos, pero ellas se negaron. Cuando FJ se quejó ante su empleador, éste le respondió a gritos y la amenazó con devolverla a Filipinas.

 

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