Irlanda

حقوق الإنسان في República de Irlanda

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أيرلنداالصادر حديثاً

Jefa del Estado Mary McAleese
Jefe del gobierno Brian Cowen
(sustituyó a Bertie Ahern en mayo)

Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 4,4 millones
Esperanza de vida 78,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 6/6 por cada 1.000

Se prohibió el uso, la producción y la transferencia de municiones de racimo. El hacinamiento en las prisiones y la inadecuación de la provisión de servicios de salud mental para niños y niñas eran motivo de preocupación. Las propuestas de reducción del gasto público amenazaban con debilitar la protección de los derechos humanos.

Comercio de armas

La Ley sobre Control de Exportaciones, que entró en vigor en mayo, endureció los controles sobre la exportación de productos, tecnología y asistencia técnica para uso militar. Sin embargo, seguían existiendo lagunas, por ejemplo, en el control de los acuerdos de producción bajo licencia en el extranjero, y en el tránsito y transbordo de productos militares y de seguridad.

En diciembre, Irlanda ratificó la Convención sobre Municiones en Racimo. El mismo mes, el Parlamento promulgó la Ley de Municiones de Racimo y Minas Antipersonal, que ilegalizaba el uso, desarrollo, producción, adquisición, posesión, retención y transferencia de las municiones de racimo y de las bombas liberadas por este tipo de municiones. La Ley también prohibía la inversión de dinero público en cualquier empresa que produjese municiones de racimo o minas antipersonal.

Derechos de la infancia

Al concluir 2008 no se había fijado fecha para un referéndum prometido en 2007 sobre la incorporación en la Constitución irlandesa de una serie de derechos de la infancia.

En abril, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, en un informe sobre su visita a Irlanda en noviembre de 2007, destacó los altos niveles de pobreza infantil en Irlanda, e instó a las autoridades a promover la igualdad de oportunidades para proteger a los menores del impacto negativo de las carencias económicas.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la inadecuada disponibilidad de educación primaria no confesional en Irlanda.

Las directrices en materia de protección a la infancia no tenían carácter de ley, en contra de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, en 2006. En abril, un informe de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Salud sobre un incidente de 2004 relacionado con la protección de un menor de edad, puso de relieve graves lagunas en los procedimientos y políticas de protección a la infancia.

"Motivo de especial preocupación eran los aproximadamente 3.000 niños y niñas que estaban en lista de espera para ser sometidos a una prueba de salud mental..."

Policía y fuerzas de seguridad

En julio, el Comité de Derechos Humanos expresó su pesar por la acumulación de casos ante la Comisión del Defensor del Pueblo para Asuntos Relacionados con la Policía, y su preocupación porque esa acumulación había motivado que varias denuncias relacionadas con conductas presuntamente delictivas de agentes de policía hubieran sido asignadas al propio jefe de Policía para su investigación.

El Comité de Derechos Humanos también se mostró preocupado porque la ley no prescribía el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios de la policía, y porque restringía el derecho de la persona acusada a guardar silencio.

En abril, una Unidad de Respuesta Urgente de la Policía utilizó una pistola de electrochoque por primera vez en Irlanda durante una detención.

Condiciones de reclusión

En julio, el Comité de Derechos Humanos destacó la persistencia de las condiciones de hacinamiento en varias prisiones, y expresó su preocupación por la insuficiente atención de salud mental para los reclusos y el elevado nivel de violencia entre éstos.

Discriminación de familias nómadas

En julio, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que Irlanda no «tenga intención de reconocer a la comunidad nómada como minoría étnica» y por «la tipificación como delito de la entrada no autorizada en propiedades ajenas en la Ley de la Vivienda de 2002, que afecta de forma desproporcionada a los nómadas».

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En enero se publicó el proyecto de ley sobre inmigración, residencia y protección de 2008, destinado a consolidar y actualizar toda la legislación en materia de inmigración y asilo. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y el Comité de Derechos Humanos expresaron su preocupación por ciertos aspectos del proyecto de ley, aunque aplaudieron la creación de un procedimiento único para revisar las solicitudes del estatuto de refugiado y la protección asociada. El Comité de Derechos Humanos afirmó que el proyecto de ley debía ser reformado para incorporar un procedimiento de apelación independiente con el que examinar todas las decisiones relacionadas con la inmigración, y expresó su preocupación por la «supuesta falta de independencia» del nuevo Tribunal de Examen de la Protección, creado en virtud del proyecto de ley para sustituir al Tribunal de Apelación de los Refugiados. El proyecto de ley permitía que un ministro del gobierno designara a los miembros del tribunal.

En abril, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por las condiciones en los centros para solicitantes de asilo, que incluían hacinamiento y problemas de seguridad.

Novedades jurídicas e institucionales

Los drásticos recortes previstos para 2009 en la financiación de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda y del Instituto de Igualdad anunciados en octubre amenazaban con impedir que estos organismos llevaran a cabo su trabajo.

En julio, el Comité de Derechos Humanos había instado al gobierno a «reforzar la independencia y la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda […] dotándola de recursos adecuados y suficientes».

Derecho a la salud: salud mental

En abril, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa consideró preocupante que no se hubiera puesto en práctica la estrategia de salud mental aprobada en 2006. Motivo de especial preocupación eran los aproximadamente 3.000 niños y niñas que estaban en lista de espera para ser sometidos a una prueba de salud mental, y el hecho de que siguiera tratándose a menores de edad en centros para adultos.

Seguridad y medidas antiterroristas

En noviembre, el gobierno creó un Comité sobre Aspectos de los Derechos Humanos Internacionales que, entre otras tareas, debía revisar –y formular recomendaciones para reforzar– los poderes estatutarios de la policía y de las autoridades civiles en relación con el registro y la inspección de aeronaves presuntamente utilizadas para la práctica de entregas extraordinarias.

Violencia contra mujeres y niñas

En julio, el Comité de Derechos Humanos, en relación con la violencia intrafamiliar, expresó su preocupación por la impunidad todavía existente «a causa de las altas tasas de retiro de denuncias y las escasas condenas».

Trata de personas

En junio entró en vigor la Ley Penal (Trata de Personas) de 2008, que tipificaba el delito específico de la trata de personas. La Ley criminalizaba el uso de los servicios de las víctimas de trata, y eliminaba cualquier defensa basada en el consentimiento de la víctima en relación con esos delitos.

El proyecto de ley de inmigración, residencia y protección de 2008, en caso de aprobarse, preveía un periodo de reflexión y recuperación de 45 días para las víctimas de trata. También preveía la concesión de un permiso de residencia temporal de seis meses, siempre y cuando la víctima cooperase en una investigación criminal.