الأرجنتين

حقوق الإنسان في República Argentina

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الأرجنتينالصادر حديثاً

Jefa del Estado y del gobierno Cristina Fernández
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 39,9 millones
Esperanza de vida 74,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 17/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 97,2 por ciento

A lo largo del año se registraron algunos avances en el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, pero se produjeron también algunos retrocesos. Hubo huelgas y manifestaciones generalizadas. Varios agentes de policía fueron juzgados por homicidios ilegítimos de manifestantes y presuntos delincuentes. Las condiciones de reclusión, sobre todo las de las personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, siguieron siendo motivo de preocupación.

Información general

En marzo, un decreto oficial por el que se elevaba el impuesto que gravaba la exportación de cereales provocó en todo el país huelgas y cortes de carreteras. En julio, el gobierno lo anuló después de que el Senado rechazara un proyecto de ley para ratificarlo.

"Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones y el hacinamiento de las cárceles..."

Desalojo forzoso de pueblos indígenas

Se recibieron informes sobre desalojos forzosos de pueblos indígenas en los que agentes de policía y guardias de seguridad privados habían hecho uso excesivo de la fuerza. Los desalojos continuaron a pesar de la ley de emergencia aprobada en 2006 sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, en la que se pedía la suspensión de las órdenes de desalojo hasta que se llevara a cabo una revisión y un registro de la tenencia de las tierras ocupadas por dichas comunidades.

Libertad de asociación

En noviembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales en el que se negaba a las personas que no formaran parte de un sindicato reconocido como tal por el gobierno el derecho a representar a los trabajadores. En la decisión se subrayaba la necesidad de adecuar la ley a las normas internacionales de derechos humanos.

Pena de muerte

En agosto, el Senado derogó el Código de Justicia Militar de 1951, lo que comportó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos y el establecimiento de un nuevo sistema para el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas armadas ante tribunales ordinarios. En septiembre, Argentina ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.

Impunidad: justicia por violaciones cometidas en el pasado

Tras visitar Argentina en julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que se habían dictado más de 20 sentencias contra autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y que seguían abiertos un millar de procedimientos penales. Sin embargo, varios presuntos responsables murieron sin testificar en causas clave, y se recibieron informes sobre amenazas a testigos y defensores de los derechos humanos.

  • En abril –en la que habría de ser la primera sentencia en su género– se condenó a Osvaldo Rivas y a María Cristina Gómez a sendas penas de 8 y 7 años de cárcel por la «apropiación» de María Eugenia Sampallo, hija de una pareja que había sido víctima de desaparición forzada en 1977. El ex capitán del ejército que robó a la niña y la entregó a la pareja fue condenado en abril a 10 años de prisión.
  • En abril, un tribunal acusó a siete oficiales de las fuerzas armadas de «apropiación ilegal» de bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo mientras sus madres permanecían detenidas. En julio se formularon cargos contra Jorge Rafael Videla, ex jefe de la junta militar, por un motivo análogo.
  • En abril, hombres sin identificar secuestraron en Buenos Aires a Juan Evaristo Puthod, superviviente de varios centros de detención clandestinos, testigo judicial y defensor de los derechos humanos. Lo liberaron al cabo de 28 horas, después de interrogarlo sobre sus actividades en materia de derechos humanos.
  • En julio, cinco ex oficiales de las fuerzas armadas, entre ellos el ex general Luciano Benjamín Menéndez, fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro, la tortura y el asesinato de cuatro activistas políticos en 1977. A otros tres se les impusieron penas de cárcel más cortas. El referido Luciano Menéndez y el ex gobernador provincial Domingo Antonio Bussi fueron condenados en agosto a cadena perpetua por haber sido «coautores mediatos» de la desaparición forzada del senador de Tucumán Guillermo Vargas Aignasse en 1976.
  • En julio, un tribunal condenó a dos ex agentes de policía a cadena perpetua por su implicación en la «Masacre de Fátima», ocurrida en agosto de 1976 y en la que 30 hombres y mujeres fueron secuestrados y retenidos en Buenos Aires antes de ser ejecutados extrajudicialmente.
  • Continuaron las investigaciones sobre los casos de cinco ex oficiales de la Armada acusados de haber participado en la «Masacre de Trelew», acaecida en 1972 y en la que 16 presos fueron abatidos a tiros al tratar de huir de la penitenciaría federal de Trelew.
  • Tras ser extraditado a Argentina en marzo desde España, el ex oficial de la Armada Ricardo Antonio Cavallo fue acusado en julio de la desaparición forzada del escritor Rodolfo Walsh, ocurrida en 1977.
  • Jorge Julio López, demandante y testigo principal en la causa seguida contra Miguel Etchecolatz –ex director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires–, siguió en paradero desconocido. No se lo había visto desde septiembre de 2006.
  • En diciembre, investigadores forenses anunciaron el descubrimiento de miles de fragmentos óseos y de un paredón de fusilamiento con 200 impactos de bala en el cuartel del destacamento de policía de Arana, cerca de Buenos Aires. Era la primera vez que se encontraba una fosa común de grandes dimensiones en un antiguo centro de detención clandestino. Se ha iniciado el proceso de identificación de los restos.

Policía y fuerzas de seguridad

Se acusó a la policía de hacer uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y conflictos sobre tierras. Se juzgó a varios agentes por homicidio ilegítimo.

  • En junio y julio se condenó a varios agentes de policía por su implicación en el homicidio injustificado de Jonathan Oros, cometido en Mendoza en enero de 2007, y en el del manifestante Carlos Fuentealba, cometido en Neuquén, provincia de Neuquén, en abril de 2007.

Condiciones de reclusión

Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones y el hacinamiento de las cárceles y los centros de detención, así como sobre las torturas y los malos tratos infligidos en estos establecimientos. En julio, un juez ordenó la «inmediata clausura» de dos pabellones del Centro de Recepción La Plata, que albergaba al parecer a más de 50 personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, y calificó las condiciones de «inhumanas».