Seis activistas de Zimbabue detenidos en febrero de 2011 fueron declarados culpables el 19 de marzo de “conspiración para cometer violencia pública” y, dos días después, condenados a 420 horas de servicios a la comunidad y al pago de sendas multas de 500 dólares estadounidenses. También se les impusieron dos años de condena condicional supeditada a que no cometan una infracción similar en los próximos cinco años y a que cumplan los servicios a la comunidad.