Document - المغرب والصحراء الغربية: محام لحقوق الإنسان يواجه تهم تأديبية
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: MDE 29/012/2008
Fecha: 23 de julio de 2008
Marruecos/Sáhara Occidental: Abogado defensor de los derechos humanos podría ser condenado por infracciones disciplinarias
Amnistía Internacional expresa preocupación porque el respetado
abogado Tawfik Moussaef está acusado de infracciones disciplinarias
que podrían guardar relación con su trabajo a favor de los derechos
humanos y haber sido formuladas con la intención de intimidarlo o
disuadirlo de realizar dicha labor. Está previsto que Moussaef
comparezca ante el Tribunal de Apelación de Rabat hoy, 24 de julio,
para responder de la acusación de actuación indebida al comentar un
caso sometido a una investigación en curso. Si esta acusación se
debe a su trabajo por los derechos humanos, Amnistía Internacional
pide que se retire de inmediato.
Tawfik Moussaef está acusado de infringir la Ley núm. 1.93.162, que
regula el ejercicio de la abogacía, y en concreto de sus artículos
12 y 36, que establecen, respectivamente, que los abogados no deben
“decir ni publicar nada contrario a las leyes, los reglamentos, la
moral pública, la seguridad del Estado y el orden público” y deben
“respetar el secreto de una investigación y abstenerse de comunicar
cualquier información procedente del expediente [del caso] y de
publicar cualquier documento o carta relacionados con una
investigación judicial abierta.” La acusación está relacionada con
dos artículos publicados en el diario Annahar
Al-Maghribiylos días 19 y 20 de agosto de 2006, titulados “El
abogado de Ansar Al-Mehdi afirma que el caso se basa en hechos
falsos” y “Este caso se basa en hechos falsos”, que incluían
comentarios atribuidos a Tawfik Moussaef.
Los artículos se publicaron después de una entrevista con Tawfik
Moussaef en la que éste expresó su preocupación ante el hecho de
que uno de sus clientes, Badr Bouziki, había sido torturado y
sometido a malos tratos mientras estaba detenido por presuntos
actos terroristas. Moussaef también cuestionó la base jurídica de
las autoridades de Marruecos para implicar a Badr Bouziki en lo que
se conoce como el caso de Jammaat Ansar El Mehdi, organización a la
que el ministro del Interior calificó de grupo terrorista armado.
Alrededor de 50 presuntos miembros de este grupo fueron detenidos
en agosto de 2006 y acusados de planear realizar atentados
terroristas contra lugares turísticos, instalaciones estratégicas
del gobierno e intereses extranjeros.
Según los artículos publicados en el Annahar Al-Maghribiy,
Tawfik Moussaef había declarado que el caso Jammaat Ansar El Mehdi
se basaba en hechos falsos. El abogado negó esta afirmación y, unos
días después de la publicación de los artículos, escribió al diario
para dejarlo claro. Moussaef sostiene que no carece de
responsabilidad legal alguna por la mala interpretación que hizo el
periódico de sus comentarios y por los demás añadidos que hizo.
A pesar de ello, el Procurador General de la Corona solicitó la
adopción de medidas disciplinarias contra Tawfik Moussaef,
acusándolo de infringir el código profesional de la abogacía. El
caso fue remitido al Consejo del Colegio de Abogados de Rabat, que
supervisa la actuación profesional de los abogados. El 3 de octubre
de 2006, el Consejo decidió cerrar el caso, afirmando que Tawfik
Moussaef no había revelado ninguna información secreta sobre una
investigación en curso. El Consejo aceptó también que en los
artículos publicados en el periódico se habían malinterpretado las
declaraciones de Tawfik Moussaef.
El Procurador General de la Corona recurrió contra la decisión del
Consejo ante el Tribunal de Apelación de Rabat el 9 de noviembre de
2006, solicitando que Tawfik Moussaef fuera objeto de medidas
disciplinarias en aplicación del artículo 60 de la ley sobre la
abogacía y sometido a una de las cuatro sanciones previstas:
advertencia, amonestación, suspensión por un periodo máximo de tres
años o expulsión de la abogacía.
A Amnistía Internacional le preocupa que Tawfik Moussaef pueda
estar acusado de estas infracciones disciplinarias debido a su
trabajo como abogado defensor de los derechos humanos. Moussaef ha
actuado como abogado defensor de numerosas personas acusadas de
cometer delitos relacionados con el terrorismo o sospechosas de
haberlos cometido y ha denunciado y criticado públicamente el uso
generalizado de la tortura y de los malos tratos en estos casos,
así como la denegación del derecho a un juicio con las debidas
garantías.
Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, de la ONU,
dejan clara la importancia de que los abogados puedan hablar
libremente de los derechos humanos. El principio 14 establece: “Los
abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la
causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e
internacional, y en todo momento actuarán con libertad y
diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas
reconocidas que rigen su profesión.” Por su parte, el principio 23
dice: “Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la
libertad de expresión […] En particular, tendrán derecho a
participar en el debate público de asuntos relativos a la
legislación, la administración de justicia y la promoción y la
protección de los derechos humanos […]”
Amnistía Internacional considera que la intimidación de abogados
que expresan sus opiniones sobre los casos en los que trabajan,
incluso cuando el caso afecta a violaciones de derechos humanos, es
incompatible con la obligación de los Estados de proteger la
función de los abogados y de la profesión de la abogacía. Por
consiguiente, la organización pide a las autoridades marroquíes que
protejan a los abogados de la intimidación y el hostigamiento, con
arreglo a las leyes y normas internacionales. El principio 16 de
los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados establece
que “Los gobiernos garantizarán que los abogados […] no sufran ni
estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas,
económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan
adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas
éticas que se reconocen a su profesión.”
Información complementaria
La Ley Antiterrorista marroquí, promulgada en mayo de 2003, no
salvaguarda adecuadamente los derechos de los presuntos
terroristas. La ley amplía el periodo de detención preventiva en
casos de “terrorismo” hasta 12 días y limita el contacto entre los
detenidos y sus abogados, lo que aumenta la vulnerabilidad de los
primeros a la tortura y otros malos tratos. En los últimos años,
cientos de islamistas y presuntos islamistas han sido detenidos por
su supuesta pertenencia a “bandas criminales” o por planear
presuntamente actos violentos, y se dice que decenas de ellos han
sido torturados o han sufrido malos tratos. Muchos han sido
declarados culpables basándose en pruebas supuestamente obtenidas
bajo tortura o malos tratos y condenados a largas penas de prisión
o, en al menos 12 casos, a la pena de muerte. Aunque parece que el
uso de la tortura y otros malos tratos ha disminuido desde 2005,
las autoridades marroquíes no han hecho responder de sus actos a
los responsables. En la mayoría de los casos en los que se han
denunciado torturas o malos tratos no se han abierto
investigaciones o, cuando sí se han abierto, se han cerrado sin que
se hicieran las debidas indagaciones o no han desembocado en el
enjuiciamiento de los perpetradores.
FIN/