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AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 19/005/2006 (público)

Servicio de Noticias: 258/2006

4 de octubre de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE190052006

Libia: Los profesionales de la salud extranjeros siguen corriendo peligro

Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino que podrían ser condenados a muerte de ser declarados culpables en un juicio en curso cuya reanudación está prevista el 31 de octubre de 2006. Los seis profesionales de la salud están en prisión desde 1999.

En mayo de 2004, un tribunal libio condenó a los profesionales de la salud a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento, tras declararlos culpables de infectar deliberadamente con el VIH a 426 niños en el Hospital Infantil de Al Fateh, de Bengasi. Un sexto acusado, también búlgaro, fue condenado a cuatro años de prisión y otras nueve personas, de nacionalidad libia, fueron absueltas. El 25 de diciembre de 2005, el Tribunal Supremo anuló las condenas a muerte y ordenó que los profesionales de la salud fueran juzgados de nuevo, tras observar “irregularidades” en su detención e interrogatorio.

El segundo juicio comenzó el 11 de mayo de 2006. La vista del juicio más reciente iba a celebrarse el 21 de septiembre, pero se aplazó un mes debido a la ausencia, por motivos de salud, de un abogado defensor clave.

A Amnistía Internacional le preocupa que la acusación haya solicitado que se imponga de nuevo la pena de muerte y que, aunque los abogados defensores han pedido que se llame a declarar a varios testigos de la defensa, no se haya oído aún a ninguno de ellos en el juicio. La organización considera que los profesionales de la salud podrían ser presos de conciencia que, como ciudadanos extranjeros, han sido acusados injustamente de la responsabilidad de la tragedia ocurrida en el Hospital Infantil de Al Fateh.

Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que garanticen que el juicio a que están sometidos estos profesionales de la salud se lleve a cabo sin dilaciones indebidas y con arreglo a las normas de imparcialidad procesal reconocidas internacionalmente. En concreto, los abogados defensores deben tener el derecho a llamar e interrogar a testigos de la defensa en las mismas condiciones aplicadas a los testigos de la acusación. Bajo ninguna circunstancia deben ser condenados de nuevo los procesados a la pena capital.

Información complementaria

El primer juicio celebrado contra las enfermeras búlgaras y el médico palestino fue gravemente injusto y suscitó una enorme preocupación entre los profesionales de la salud y las organizaciones de derechos humanos. Los expertos en sida que declararon en el juicio atribuyeron el brote de VIH a la falta de higiene y a la reutilización de jeringuillas en el hospital. Luc Montagnier, codescubridor del VIH, presentó un informe ante el tribunal en el que demostraba que la infección había comenzado antes de que los procesados empezaran a trabajar en el hospital y se propagó después de que dejaran de trabajar en el centro. Los peritos médicos libios que declararon para la acusación afirmaron que probablemente las infecciones fueron resultado de inyecciones.

Los profesionales de la salud habían “confesado” inicialmente el delito, pero posteriormente se retractaron de estas declaraciones. Tanto en el primer juicio como en el segundo han negado las acusaciones formuladas contra ellos y han manifestado reiteradamente que sus “confesiones” se obtuvieron bajo tortura en el periodo de prisión preventiva. Los procesados declararon a los delegados de Amnistía Internacional que pudieron visitarles en febrero de 2004 que la tortura incluyó descargas eléctricas, palizas y colgarlos de los brazos. Los profesionales de la salud presentaron una demanda civil contra ocho agentes de policía, un médico militar y un traductor, a los que acusaron de ser responsables de las torturas. Un tribunal de Trípoli los absolvió a todos el 10 de junio de 2005.

En los últimos años Amnistía Internacional ha planteado en varias ocasiones a las autoridades libias sus motivos de preocupación en relación con este caso. Los delegados de la organización asistieron a una sesión del primer juicio en febrero de 2004.