Document - ???????: ????? ???? ?????? ???????- ?????? ???????? ????? :

[Embargado hasta el: 23 de noviembre de 2004]Público

Amnistía Internacional

Líbano:

Tortura y juicio injusto de Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri

Noviembre de 2004			Resumen
Índice AI: MDE 18/003/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE180032004

Los presos políticos Samir Gea’gea y Jirjis al-Khouri fueron condenados a cadena perpetua por su presunta participación en homicidios por motivos políticos. Han estado detenidos desde 1994 en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa principalmente en régimen de aislamiento y en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, luego de ser sometidos a juicios injustos.

En el presente informe, Amnistía Internacional expresa su preocupación por la detención preventiva, el trato cruel, inhumano y degradante y los juicios injustos a los que fueron sometidos Samir Gea’gea’, líder de las proscritas Fuerzas Libanesas, y Jirjis al-Khouri, miembro de las mismas. Fueron detenidos en 1994 conjuntamente con decenas de miembros de las Fuerzas Libanesas, luego de un atentado con explosivos en la iglesia de Sayidat al-Najat(Nuestra Señora de la Salvación) en Junieh en febrero de 1994, durante el cual murieron 10 personas.

Ambos fueron objeto de violaciones e irregularidades graves durante la detención preventiva en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa, que en el momento de su aprehensión era un centro de detención ilícito que violaba las leyes libanesas y las normas internacionales sobre la privación de libertad. Jirjis al-Khouri declaró ante el juez durante el juicio que, para conseguir su "confesión", unos miembros de la inteligencia militar lo habían torturado durante el interrogatorio. En este período permanecieron recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a asistencia letrada ni a sus familiares y no los hicieron comparecer prontamente ante el juez para revisar la legalidad de su detención. Los juicios estuvieron muy lejos de cumplir con la legislación internacional. La "confesión" de Jirjis al-Khouri fue aceptada como principal prueba en su contra, lo cual violaba la normativa internacional relativa al juicio justo. Amnistía Internacional considera que toda declaración hecha involuntariamente o extraída mediante tortura o malos tratos se debe excluir como prueba en procesos judiciales o de otra naturaleza, excepto cuando constituye prueba contra una persona acusada de la comisión de actos de tortura.

Para Amnistía Internacional es un motivo de preocupación que se continúe sometiendo a Samir Gea’gea’ y a Jirjis al-Khouri a malos tratos durante la reclusión. A más de diez años de su detención, continúan en régimen de aislamiento en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa. No se les permite comunicarse con otros detenidos, se les niega el acceso a periódicos, radio, televisión y cualquier texto de naturaleza política. Las visitas de sus familiares están restringidas a ciertos días de la semana, deben ser aprobadas previamente por el fiscal y tienen lugar en presencia de oficiales de la inteligencia militar.

Al parecer, los dos presos políticos han sufrido mental y físicamente por su aislamiento del mundo exterior. Samir Gea’gea’ sufre, entre otras cosas, de osteomalacia, una enfermedad de los huesos que posiblemente se deba a la falta de exposición regular y adecuada a la luz solar. En septiembre de 2004 las autoridades anunciaron que lo habían trasladado a otra celda, que al parecer le ofrece mejores condiciones.

Amnistía Internacional insta a las autoridades libanesas a liberar inmediatamente a Samir Gea’gea’ y a Jirjis al-Khouri, o a disponer sin dilación que sean juzgados nuevamente ante un Tribunal penal ordinario e independiente, cuyas actuaciones se rijan por las normas internacionales relativas a los juicios justos, y a asegurar que toda presunta tortura o maltrato sean investigados independientemente. La organización también exhorta a las autoridades a: asegurar la reforma del sistema judicial, incluida la abolición del sistema de justicia basado en una sola instancia judicial y de la pena de muerte; a aplicar todos los tratados y normas internacionales pertinentes; a mejorar las condiciones de detención en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa, asegurándose de que cumplan con las normas internacionales. Particularmente las autoridades deben actuar de inmediato para asegurar que los detenidos sean tratados adecuadamente y que no sean sometidos a ninguna forma de tortura ni trato cruel, inhumano o degradante.

Este texto resume el documento titulado Líbano: Tortura y juicio injusto de Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri(Índice AI: MDE 18/003/2004), publicado por Amnistía Internacional el 23 de noviembre de 2004. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[Embargado hasta el: 23 de noviembre de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Líbano:

Tortura y juicio injusto de Samir Gea'gea' y Jirjis al-Khouri

Samir Gea’gea luego de la detención. © Privado Jirjis al-Khouri, 1992. © Privado

Noviembre de 2004

Índice AI: MDE 18/003/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE180032004

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

Introducción 1

Información complementaria 2

La detención de Samir Gea’gea’ y de Jirjis al-Khouri 3

Detención preventiva y tortura en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa 4

Juicios ante el Consejo de Justicia 6

Reclusión en régimen de aislamiento prolongado en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa 7

Las obligaciones legales del Líbano al respecto de los derechos humanos 8

Conclusiones y recomendaciones 10

Líbano:

Tortura y juicio injusto de Samir Gea’gea’

y Jirjis al-Khouri

Introducción

Samir Gea’gea’, líder de las proscritas Fuerzas Libanesas, y Jirjis al-Khouri, miembro de las mismas, han estado detenidos en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa en Beirut desde 1994. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por su presunta participación en homicidios políticos y están retenidos en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, luego de ser sometidos a juicios injustos. Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri son actualmente los únicos presos políticos retenidos en ese centro tras haber sido juzgados.

En el presente informe, Amnistía Internacional documenta las violaciones de derechos humanos que han sido infligidas a Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri durante la detención preventiva en régimen de incomunicación anterior al juicio, el interrogatorio, el juicio ante el Consejo de Justicia y su detención en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa. Los principales motivos de preocupación de la organización en lo relativo a los derechos humanos son los siguientes:

· A Jirjis al-Khouri se le negó el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios que se realizaron mientras estaba recluido en régimen de incomunicación durante la detención preventiva, y no fue presentado prontamente ante el juez para que se revisara la legalidad de su detención;

· Mientras se encontraba en régimen de incomunicación durante la detención preventiva, a Jirjis al-Khouri le hicieron creer que era un testigo y no le informaron, como dispone la legislación, de que se habían presentado cargos en su contra;

· Mientras se encontraba en régimen de incomunicación durante la detención preventiva, Jirjis al-Khouri, según informes, fue torturado y objeto de malos tratos, y las "confesiones" que alegó haber hecho bajo tortura fueron aceptadas posteriormente como prueba principal en el juicio;

· Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri fueron injustamente juzgados ante el Consejo de Justicia, un tribunal especial cuyas decisiones son definitivas e inapelables y que hasta el momento no ha investigado presuntos casos de tortura y otros abusos cometidos, según se cree, durante la detención preventiva;

· A Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri se los ha recluido por más de 10 años en régimen de aislamiento en condiciones inhumanas y degradantes que han ido en detrimento de su salud física y mental.

Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri, como decenas de otros miembros de las Fuerzas Libanesas, pueden haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en un clima de represión política y de intimidación. A Amnistía Internacional le preocupa que, al parecer, no haya posibilidades de que estos dos presos políticos que llevan largo tiempo encarcelados sean juzgados nuevamente por el Consejo de Justicia. La organización pide, por lo tanto, que Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri sean liberados o juzgados nuevamente sin demora ante un tribunal penal ordinario e independiente, cuyas actuaciones se rijan por las normas internacionales relativas a los juicios justos, y que las presuntas torturas y malos tratos se investiguen. En el último decenio, las autoridades libanesas han ignorado los llamamientos de Amnistía Internacional y de otros grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos para que se rectifique la injusticia infligida a estos dos hombres, que incluye juicio injusto, falta de garantías preliminares al juicio y denuncias de tortura durante la detención en régimen de incomunicación.

Información complementaria

El 27 de febrero de 1994 explotó una bomba en la iglesia de Sayidat a-Najat (Nuestra Señora de la Salvación) en Zuq Michael en Junieh, cerca de Beirut, que mató a 10 personas y causó heridas a otras. En marzo y abril de 1994 se cercó y detuvo, en distintos períodos y en conexión con el atentado, a decenas de miembros y partidarios de las Fuerzas Libanesas, la principal milicia cristiana que actuó durante la guerra civil libanesa, incluido su líder, Samir Gea’gea’. Luego de estas detenciones, las autoridades proscribieron a las Fuerzas Libanesas, alegando su responsabilidad por el atentado contra la iglesia, aun cuando no se había alcanzado una conclusión en la investigación del incidente. En consecuencia, se establecieron mayores restricciones a la libertad de expresión y asociación de los afiliados a ese grupo y de sus presuntos partidarios, así como a la de otros grupos de oposición. Estas medidas acarrearon violaciones graves de los derechos humanos, que incluyeron detenciones arbitrarias, tortura y juicios injustos.

Durante el interrogatorio de miembros de las Fuerzas Libanesas detenidos en conexión con el atentado contra la iglesia, el juez de instrucción anunció que había descubierto pruebas que señalaban que las Fuerzas, lideradas por Samir Gea’gea’, habían consumado el asesinato del líder del Partido Nacional Liberal, Dany Cham’oun, y de miembros de su familia en octubre de 1990. A continuación se dictaron autos de procesamiento contra Samir Gea’gea’ y otros miembros destacados de las Fuerzas Libanesas por los homicidios; algunos de estos autos se dictaron in absentia.Estos fueron remitidos al Consejo de Justicia, el supremo tribunal penal del Líbano, a propósito tanto del atentado contra la iglesia como del homicidio de Dany Cham’oun y su familia. En conformidad con esto, el Consejo de Justicia inició un juicio simultáneo contra Samir Gea’gea’ y otros representantes de las Fuerzas Libanesas acusados por los dos casos. En junio de 1995 el Consejo de Justicia emitió un fallo con relación al caso de Dany Cham’oun, por el cual sentenció a muerte a Samir Gea’gea’, pena que fue inmediatamente conmutada por la de cadena perpetua.

Al respecto de la involucración de Samir Gea’gea’ en el homicidio político de Dany Cham’oun, los abogados defensores argumentaron que el delito había tenido lugar durante la guerra civil y por lo tanto estaba incluido en la Ley de Amnistía General de 1991 (Ley Nº 84/91). Este argumento, sin embargo, fue desestimado por el Consejo de Justicia, el cual expresó que aunque el homicidio había tenido lugar durante ese período, entraba en la categoría de delitos excluidos de la Ley de Amnistía, y que el Consejo de Justicia tenía jurisdicción para procesarlo.

La Ley de Amnistía General concedió amnistía para los delitos cometidos antes del 28 de marzo de 1991. El gobierno libanés la promulgó el 26 de agosto de 1991 y la aplicó a los delitos cometidos por todas las milicias y grupos armados durante la guerra civil. La Ley de Amnistía intentaba "pasar página" en la historia política del Líbano. Permitió, sin embargo, la exclusión de determinados delitos; los más importantes entre estos están enumerados en el artículo 3 de la ley, que establece que la amnistía no cubre "delitos de asesinato o tentativa de asesinato de figuras religiosas, líderes políticos y diplomáticos extranjeros o árabes".

La opinión pública libanesa al parecer está dividida acerca de la Ley de Amnistía: mientras algunos sostienen, como lo hace el gobierno, que la ley facilita la paz y la reconciliación, otros creen que ofrece impunidad a quienes fueron responsables de abusos contra los derechos humanos en el pasado y que impide que emerja la verdad. Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación acerca de la Ley de Amnistía de 1991. En su documento Lebanon: Human rights Developments and Violations (Índice AI MDE 18/019/1997,disponible sólo en inglés), Amnistía Internacional declaró lo siguiente:

En general, Amnistía Internacional considera que se deben investigar a fondo las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos. El propósito de estas investigaciones debe ser el de establecer una responsabilidad individual o colectiva y el de proporcionar una relación completa de la verdad a la víctima, a sus familiares y a la sociedad. Las investigaciones deben ser confiadas a instituciones imparciales, que deben poseer la jurisdicción y los recursos necesarios para su tarea. Los resultados de dichas investigaciones deben ser hechos públicos. Amnistía Internacional cree que sólo es posible un futuro de paz verdadera y duradera y de protección de los derechos humanos en el Líbano si ese país acepta su pasado a través de un proceso cuyo propósito sea el de investigar y establecer la verdad acerca del período de guerra y de los abusos relacionados con él.

Las exenciones prescritas por la Ley de Amnistía, además de provocar la preocupación general de que la amnistía otorga impunidad a aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos, han creado efectivamente un ámbito que permite la selectividad y la discriminación. El hecho de que ciertos delitos como el homicidio de personalidades políticas y religiosas estén exentos de la aplicación de la Ley de Amnistía ha conducido a la discriminación entre víctimas de violaciones contra los derechos humanos durante la guerra basada en su posición, es decir, que se persigan sólo aquellas violaciones cometidas contra líderes políticos y religiosos, excluyéndose otras. Asimismo la Ley de Amnistía dispone que aquellos que cometan delitos amparados por la amnistía, luego de la fecha de la promulgación de la ley, estarán sujetos a procesamiento y también lo estarán por todos los delitos que hayan cometido durante la guerra. Este planteamiento parece injusto y obstaculiza los intentos de abordar las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra, o de poner a disposición de la justicia a todos los perpetradores de tales violaciones, de una manera igualitaria y justa.

Los juicios de Samir Gea’gea’ y de los partidarios de las Fuerzas Libanesas son ejemplos de la evidente selectividad de este planteamiento. Por ejemplo, el Consejo de Justicia, a pesar de afirmar su jurisdicción sobre delitos tales como el asesinato de líderes políticos y religiosos, no ha perseguido activamente tales casos, con excepción de los presuntamente cometidos por Samir Gea’gea’. Tal conducta da lugar a preocupaciones acerca de la imparcialidad y la equidad del tribunal en el tratamiento de los asesinatos cometidos por motivos políticos durante la guerra. Esto podría deberse a que el Consejo de Justicia sólo puede actuar si el Consejo de Ministros le remite tales casos, y las decisiones de éste último a este respecto podrían haber tenido motivaciones políticas. Aunque el caso del homicidio de Dany Cham’oun fue referido al Consejo de Justicia el 30 de octubre de 1990, poco tiempo después de tener lugar el homicidio, este órgano no inició ninguna investigación ni procesó a Samir Gea’gea’ hasta 1994, cuando él y decenas de miembros de las Fuerzas Libanesas fueron detenidos en relación con el atentado contra la iglesia, en un momento en que las relaciones entre las Fuerzas y el gobierno se habían roto.(1) Aún no queda claro por qué el Consejo de Justicia no inició procesamientos en los casos que le remitió el gobierno, incluso luego de que la situación política y de seguridad se estabilizó gradualmente hacia 1992.

La detención de Samir Gea’gea’ y de Jirjis al-Khouri

A Samir Gea’gea’ lo detuvieron el 21 de abril de 1994, junto con decenas de otros miembros de las Fuerzas Libanesas, que fueron aprehendidos durante redadas masivas realizadas en marzo y abril, luego del atentado con bomba en febrero de ese año contra la iglesia de Sayidat al-Najat(Nuestra Señora de la Salvación) en Zuq-Mikhael en Junieh, atentado en el que murieron 10 personas y otras resultaron heridas. Jirjis al-Khouri se entregó a las autoridades el 15 de marzo de 1994, una semana después de que oficiales de inteligencia militar asaltaran su casa familiar y detuviesen a toda la familia, incluso a su hermana de 10 años de edad. Los miembros de la familia, luego de su liberación, fueron intimidados y acosados entre 1994 y 2002. Durante ese período, fuerzas de inteligencia militar y de otros departamentos de seguridad registraron repetidas veces su domicilio familiar, y se afirma que confiscaron sus pertenencias personales, entre ellas objetos de valor y libros. A Jirjis al-Khouri en el momento de su detención lo esposaron, le vendaron los ojos y lo trasladaron al Centro de Detención del Ministerio de Defensa, donde estuvo detenido en régimen de incomunicación por unas seis semanas.

Samir Gea’gea’ es médico de profesión y nació en ‘Ayn al-Rummanah en Beirut en 1952. En 1986 se convirtió en el líder de las Fuerzas Libanesas, la principal milicia cristiana durante la guerra civil. Jirjis al-Khouri, que es técnico en informática, nació en Tiro, en el sur del Líbano, en 1968. No está claro cuál era exactamente su rango dentro de las Fuerzas Libanesas en el momento de su detención, pero se cree que era miembro del departamento de seguridad. Anteriormente había integrado la mesa de estudiantes del Partido de la Falange.

Detención preventiva y tortura en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa

Hubo graves violaciones e irregularidades durante la detención preventiva de Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa. Los detenidos fueron aprehendidos sin orden judicial y retenidos en régimen de incomunicación sin poder tener acceso a asistencia letrada ni a sus familias. No los hicieron comparecer prontamente ante un juez para que éste revisara la legalidad de su detención. Amnistía Internacional desconoce si pudieron hacer uso del recurso de hábeas corpus durante su detención ilegal.

A ambos acusados se les negó acceso a sus abogados durante los interrogatorios en el Centro de Detención. En una etapa posterior, se permitió a los abogados verlos sólo durante cortos períodos separados por intervalos que impidieron que éstos pudiesen llevar a cabo la defensa de forma adecuada. Los acusados no tuvieron acceso irrestricto a sus documentos legales, y a los abogados de la defensa no se les permitió comunicarse con ellos durante el juicio. En el caso de Jirjis al-Khouri, estas deficiencias impulsaron a los abogados defensores a sostener que todas las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios preliminares debían anularse, ya que la mayoría no habían sido realizadas por personal judicial autorizado, contraviniendo así el Código de Procedimiento Penal.

A Jirjis al-Khouri, luego de su detención en régimen de incomunicación y durante el curso de casi un año, sólo se le permitió ver a su abogado tres veces, brevemente y de manera muy restringida. Mientras estuvo detenido en régimen de incomunicación, no se le informó de qué cargos se le acusaba, y sólo lo supo cuando se dictó el acta de acusación formal. Durante el interrogatorio que tuvo lugar mientras estaba detenido en régimen de incomunicación, se le hizo creer que era un testigo, no un acusado, y no se le informó sobre los derechos que lo asistían durante la detención preventiva, como prescribe la ley, ni de los delitos de los que se le acusaba.

Jirjis al-Khouri informó al tribunal de que lo habían torturado durante la detención preventiva en régimen de incomunicación y declaró que de ese modo le habían extraído "confesiones", de las que luego se retractó. Dijo que lo habían torturado unos miembros de la inteligencia militar, que emplearon muchas técnicas, incluido el balanco(colgar a la víctima de las muñecas, con éstas atadas a la espalda), le aplicaron descargas eléctricas, le aplastaron las uñas de los pies, le arrancaron el cabello, lo privaron repetidamente de comida y de sueño durante un período de más de 40 días, lo forzaron a beber agua sucia y a escuchar amenazas de dar muerte a miembros de su familia. Declaró que a causa de la tortura no pudo permanecer de pie por un mes aproximadamente, sangró por diversas partes de su cuerpo incluida la boca, sufrió de alucinaciones y olvidó su nombre. Dijo que había sido golpeado en presencia de jueces y del fiscal. Le dijeron que debía elegir una de dos opciones: confesar que él mismo había colocado la bomba en la iglesia o que había tomado parte en ese acto. Finalmente firmó los documentos que le presentaron, según dijo al tribunal, porque ya no podía soportar más los efectos de la tortura, a los que se agregaba el dolor causado por una operación de la espalda que se le había practicado en 1987.

Amnistía Internacional ha recibido muchas denuncias de torturas cometidas en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa. Fawzi al-Rasi, que estaba entre los detenidos en relación con el atentado con bomba en la iglesia, murió en custodia, al parecer, como resultado de torturas. Murió luego de haber sido internado en una unidad de cuidados intensivos el 22 de abril de 1994. En el momento de la detención y reclusión subsiguiente en régimen de incomunicación de Samir Gea’gea’ y de Jirjis al-Khouri, el Centro de Detención del Ministerio de Defensa era un centro de detención ilícito, que violaba las leyes libanesas y la legislación internacional. Aún funciona fuera del sistema penitenciario ordinario del Estado, a pesar de haber sido legalizado como lugar de detención en enero de 1995.

El Centro de Detención del Ministerio de Defensa es uno de aproximadamente ocho centros de detención "privados" que existen en el país, autorizados por el gobierno durante la primera mitad de la década de los noventa, a través de un decreto dictado por el Consejo de Ministros. Estos centros están bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa y, al parecer, los manejan la inteligencia militar y otros servicios de seguridad. La del Ministerio de Defensa es una cárcel de máxima seguridad que ha sido usada durante años como centro de detención de tránsito, donde a los detenidos se los mantiene durante semanas o meses, antes de transferirlos a prisiones ordinarias en la mayoría de los casos. Los detenidos políticos, en ciertos casos, pueden ser traídos nuevamente al Centro de Detención del Ministerio de Defensa, donde pueden sufrir nuevos abusos. Este lugar continúa siendo territorio prohibido para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y, al parecer, también para los sistemas de inspección de cárceles del Ministerio del Interior.

La reputación del Centro de Detención del Ministerio de Defensa era tal que cuando se le dijo a un detenido en el año 2000 que se le iba a transferir allí, quedó abrumado por el "miedo, y recé a Dios pidiendo morir antes de llegar para que no me tocaran".(2) Otro ex detenido, miembro de las Fuerzas Libanesas, recluido allí durante años sin ser sometido a juicio, dijo a Amnistía Internacional en 2002:

Se practicaban torturas mediante descargas eléctricas y el balanco y se extraían "confesiones" bajo presión. Las celdas no tenían ventanas ni luz solar. Era como una tumba: te confinaban en un lugar durante largos períodos y te sometían a malos tratos, no te permitían ir al retrete más que una vez durante el día, en cuyo caso te vendaban los ojos y esposaban (durante la noche se suministraban a los detenidos recipientes para hacer sus necesidades). Algunas veces las once celdas del centro de detención estaban tan llenas que dejaban a gente esposada y con los ojos vendados en los corredores. A causa de la extensa reclusión en régimen de aislamiento los detenidos que estaban en celdas subterráneas sufrían física y psicológicamente. Estaban débiles físicamente y sufrían de dolor en las articulaciones.

Algunos de los métodos de tortura documentados recientemente por Amnistía Internacional a raíz de los testimonios ofrecidos por ex detenidos en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa son los siguientes:

· detención en régimen de incomunicación en celdas subterráneas de aproximadamente dos metros por tres sin aire puro ni luz natural;

· ser desnudado;

· vendaje de ojos, ser esposado y atado de manos detrás de la espalda;

· extensos interrogatorios durante horas, principalmente durante la noche;

· golpes en distintas partes del cuerpo;

· aplastamiento de los dedos de los pies;

· arrancadura del cabello;

· exposición a los gritos de otros detenidos a quienes están torturando;

· amenazas de agresión y violación a familiares del sexo femenino;

· ser forzado a permanecer durante períodos prolongados en posiciones fijas;

· ser sometido a descargas eléctricas;

· el balanco (colgar a la víctima de las muñecas atadas detrás de la espalda);

· ultraje de las creencias religiosas de la víctima;

· imposibilidad de practicar la oración o tener acceso a sacerdotes;

· suspensión prolongada en posiciones antinaturales mientras se golpea a la víctima con palos y cables en los pies;

· privación del sueño, de comida y de agua durante largos períodos;

· privación del acceso al retrete excepto una vez durante el día, y ser forzado a usar recipientes durante la noche.

Juicios ante el Consejo de Justicia

El 13 de junio de 1994, 22 personas, entre ellas Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri, fueron acusadas en relación con el atentado con bomba contra la iglesia, pero el juez de instrucción desestimó las acusaciones contra la mayoría de ellas. Los cargos presentados contra ambos acusados de acuerdo con lo previsto por el Código Penal y la Ley [Antiterrorismo] 11/1/1958 incluyeron los delitos de "llevar a cabo actos con la intención de cambiar la Constitución por métodos ilícitos", "homicidios" y la tentativa de abolir el "papel legítimo que desempeña el ejército". Ocho de los 22, entre ellos Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri, fueron sometidos a juicio (cinco de ellos in absentia) ante el Consejo de Justicia. En julio de 1996 el tribunal absolvió a Samir Gea’gea’ del cargo relativo al atentado contra la iglesia, pero lo condenó a diez años de cárcel por "mantener una milicia bajo la apariencia de un partido político", y por "manipular armamento y explosivos militares"; Jirjis al-Khouri fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados.

Entre 1995 y 1999 a Samir Gea’gea’ le fueron impuestas varias condenas de muerte conmutadas por cadena perpetua por el Consejo de Justicia, por el homicidio de Dany Cham’oun y su familia en octubre de 1990, el asesinato durante la guerra civil del ex primer ministro Rashid Karami en 1987 y el intento de asesinato del ex primer ministro Michel al-Murr en 1991. Un tribunal penal también lo sentenció a cadena perpetua por el asesinato del ex dirigente de las Fuerzas Libanesas Elias al-Zayek en 1990.

El Consejo de Justicia es un tribunal especial al que se refieren casos a discreción del Consejo de Ministros, por recomendación del ministro de Justicia, no como resultado de los procedimientos judiciales normales. El Consejo de Justicia tiene jurisdicción sobre casos relacionados entre otros, con asesinatos o intentos de asesinato de políticos de alto nivel, diplomáticos y personalidades religiosas, y con casos de violencia política y "terrorismo". Una sentencia emanada del Consejo de Justicia es judicialmente inapelable, aun tratándose de condenas a la pena de muerte. Amnistía Internacional ha expresado preocupación acerca de procedimientos del Consejo de Justicia que son incompatibles con las normas de juicio justo establecidas por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo que vigila el cumplimiento del PIDCP por los Estados, ha señalado que "[las] decisiones aprobadas por elConsejo de Justicia no pueden ser objeto de apelación, en contravención con lo dispuesto enel párrafo 5 del artículo 14 del Pacto."(3) AAmnistía Internacional le preocupa asimismo que a los acusados que son juzgados ante este tribunal se los someta regularmente a prisión preventiva prolongada, algunas veces durante años.

Amnistía Internacional considera que los juicios que se tramitan ante el Consejo de Justicia violan las normas internacionales de imparcialidad procesal, porque sus decisiones son definitivas e inapelables. La forma en que se eligen los casos que se refieren a este tribunal es selectiva, y el modo en que se procesan puede estar basado más en consideraciones políticas que en fundamentos de derecho. El artículo 26 del PIDCP establece que "Todas las personas son igualesante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, laley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual yefectivacontra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,nacimiento o cualquier otra condición social." El Principio 5 hace hincapié en el derecho a ser juzgado ante un tribunal de justicia ordinario: "[Toda persona] tendrá derecho a serjuzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamenteestablecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios."

La mayor parte de los acusados sentenciados por este tribunal en los últimos diez años estaban afiliados a grupos políticos opuestos al gobierno. Sus juicios fueron gravemente perjudicados por unas campañas de difamación motivadas políticamente que siguieron a la detención. Amnistía Internacional ha advertido una violación persistente del derecho a la presunción de inocencia en los dos casos sobre los que trata este documento, y en casos posteriores sometidos ante este tribunal.

Una de las principales fallas del Consejo de Justicia es que no tiene competencia total sobre el proceso judicial de los casos que se le someten, en especial sobre todas las actuaciones previas al juicio. Esto contraviene el Principio 3 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas, que establece que "[La] judicaturaserá competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley."

Hasta donde Amnistía Internacional ha podido saber, el Consejo de Justicia no ha investigado numerosas denuncias de tortura y malos tratos durante la detención preventiva, presentadas por acusados. En el caso de Jirjis al-Khouri, el Consejo de Justicia no ha investigado denuncias graves de tortura y de extracción de "confesiones" bajo tortura y maltrato a pesar de la acusación de Jirjis al-Khouri de que el fiscal de entonces había estado presente mientras lo golpeaban en un interrogatorio durante su detención en régimen de incomunicación.

Reclusión en régimen de aislamiento prolongado en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa

A más de diez años de su detención, Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri permanecen en régimen de aislamiento en celdas individuales subterráneas en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa. No se les permite comunicarse con otros detenidos incluso cuando están fuera de ellas, y se les niega el acceso a periódicos, emisoras de radio y televisión y a cualquier texto de índole política. Sin embargo, ambos detenidos reciben visitas de miembros de sus familias ciertos días de la semana. Las visitas están restringidas, deben ser previamente aprobadas por el fiscal y se llevan a cabo detrás de barreras de cristal en presencia de oficiales de inteligencia militar.

Aislados del mundo exterior, los dos presos políticos al parecer han sufrido física y mentalmente. ASamir Gea’gea’ lo examinó un equipo de médicos, el cual hizo público su informe en una conferencia de prensa realizada en el Sindicato Médico de Beirut el 16 de septiembre de 2004. El examen reveló que Samir Gea’gea’ sufre de osteomalacia, una enfermedad de los huesos poco común entre aquellos que tienen poco más de 50 años, como Samir Gea’gea’, y que puede causar la fractura espontánea de los huesos. Aunque se le practicaron otros exámenes médicos, no quedó clara la causa de esta enfermedad, lo que llevó al equipo de médicos a creer que puede deberse a la falta de exposición regular y adecuada a la luz solar durante años. El informe también reveló que sufre de taquicardia y de arritmia cardíaca, que pueden deberse a "condiciones de estrés físico y mental". El equipo médico destacó la necesidad de darle atención médica adecuada de acuerdo con las normas internacionales, y concluyó que la salud de Samir Gea’gea’ es aparentemente buena, pero que hay síntomas de enfermedad, vistas las condiciones del corazón y de los huesos. En años anteriores había sufrido de parálisis de un dedo y de dolor crónico en el hombro derecho. Diez días despuà9s de la difusión del informe médico, las autoridades anunciaron que Samir Gea’gea’ había sido trasladado a otra celda, donde las condiciones, según informes, son mejores.

No se conoce exactamente el estado de salud de Jirjis al-Khouri, dado que no se le ha permitido tener acceso a cuidado médico independiente, pero, según la información recibida, sufre de dolores en la columna vertebral, el cuello, una pierna y el estómago. Según informes recibidos, duerme en un colchón sobre el piso. De acuerdo a información obtenida por Amnistía Internacional, las autoridades no le han permitido acceder a un examen médico independiente, como solicitó su familia. Se le permite ver a su familia todos los martes y jueves con exclusión de días feriados, pero le han negado el acceso a sacerdotes, cuidados médicos y comida casera, como pidió su familia.

Amnistía Internacional considera que el régimen de aislamiento prolongado es cruel y daña la salud física y mental del preso. Esto es particularmente cierto en el caso de Samir Gea’gea’ y de Jirjis al-Khouri, que han estado recluidos durante más de diez años en celdas aisladas en un lugar que no es un centro de reclusión, que no está sujeto a los reglamentos de una cárcel ordinaria y que es inaccesible a visitas de inspectores del Comité Internacional de la Cruz Roja o de otros inspectores. El artículo 7 de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos de la ONU establece: "Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción." El Comité de Derechos Humanos ha declarado que "el confinamiento solitario prolongado [...] puede equivaler a actos prohibidos por el artículo 7" del PIDCP, que expresa que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".(4)

Las obligaciones legales del Líbano al respecto de los derechos humanos

En estos dos casos las salvaguardias que deben garantizarse a los detenidos en prisión preventiva no han existido, lo que ha llevado a denuncias de tortura e intimidación para extraer "confesiones". Una de estas salvaguardias es el derecho del detenido a comparecer sin demora ante una autoridad judicial u otra que sea competente. De acuerdo con el artículo 9.3 del PIDCP, en el cual el Líbano es Estado Parte desde 1976, "[T]oda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad." El Principio 37 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión establece:

Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad. Toda persona detenida, al comparecer ante esa autoridad, tendrá derecho a hacer una aclaración acerca del trato que haya recibido durante su detención.

Las autoridades libanesas también están obligadas a investigar denuncias de tortura. En el caso de Jirjis al-Khouri las autoridades rehusaron llevar a cabo una investigación independiente de las denuncias de tortura, y consideran que el informe médico que encargaron es una prueba definitiva de que no fue torturado. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha expresado que "[l]os procuradores y jueces no deben considerar necesariamente que la falta de señales corporales que pudieran corroborar las alegaciones de tortura demuestre que esas alegaciones sean falsas" y ha pedido que "el poder judicial tuviera más presentes otras formas de tortura como la intimidación y otras amenazas".(5)La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que "la intimidación y la coacción que se describen en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura [...], incluidas las amenazas graves y creíbles a la integridad física de la víctima o de un tercero, así como las amenazas de muerte, pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a tortura".(6) A Amnistía Internacional le preocupa que a pesar de que Jirjis al-Khouri se retractó categóricamente de las declaraciones que hizo mientras estaba recluido en régimen de incomunicación en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa, afirmando que habían sido hechas bajo tortura, el Consejo de Justicia aceptó esas declaraciones y las consideró prueba fundamental en su contra y en contra de otros acusados. Esto contraviene el artículo 15 de la Convención contra la Tortura, que establece que todo Estado Parte "se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento , salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración."(7)

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha declarado que "[l]as confesiones realizadas por personas privadas de libertad que no tengan lugar en presencia de un juez o de un abogado no deberían tener valor probatorio en un tribunal, salvo como prueba contra los acusados de haber obtenido la confesión por medios ilícitos".(8) El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha recomendado que "los fiscales y jueces no habrán de exigir pruebas concluyentes de tortura o maltrato físico, y menos una sentencia de culpabilidad del acusado de haberlos cometido, para decidir que no se servirán de ninguna confesión o información que se impute obtenida mediante malos tratos. Es en el Estado en el que recaerá la carga probatoria de que no hubo coacción, y también será así en el enjuiciamiento de los presuntos autores de tortura o malos tratos". (9) El artículo 15 de la Convención contra la tortura establece que "[t]odo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración." El Comité contra la Tortura ha recomendado que "se impida con rigor que todas las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante torturas se pongan en conocimiento de los jueces encargados de pronunciar sentencia en los juicios penales".(10)

En el Centro de Detención del Ministerio de Defensa y en otras cárceles "privadas" operadas por la inteligencia militar y otras fuerzas de seguridad, los detenidos políticos, aprehendidos por lo común sin orden judicial, son retenidos regularmente durante meses en régimen de incomunicación sin que sus familiares y abogados tengan conocimiento de ello. Esta práctica, que se viene desarrollando desde hace años, y constituye de por sí una violación de los derechos humanos, facilita otras violaciones de los derechos humanos contra los detenidos, incluida la tortura y los malos tratos que conducen a la enfermedad física y mental e incluso a la muerte en reclusión. Estas son violaciones de la legislación libanesa así como de las normas y tratados internacionales sobre los derechos humanos en los cuales el Líbano es Estado Parte, entre ellos la Convención contra la Tortura de la ONU. El artículo 10 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que "[t]oda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos". El Comité de Derechos Humanos establece que los detenidos deben ser recluidos en "lugares de detención oficialmente reconocidos".(11) Además, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha expresado que "debería estipularse por ley la eliminación de lugares secretos de detención. El mantenimiento de una persona en un lugar de detención secreto o que no sea oficial llevado a cabo por un funcionario debería constituir un delito punible. Las pruebas obtenidas de un detenido en un lugar de detención que no sea oficial y que no sean confirmadas por aquel durante un interrogatorio en locales oficiales no deberían admitirse en un tribunal".(12)

A pesar de que se han hecho llamanientos, incluso por parte de parlamentarios, para que se mejoren las condiciones en los centros de detención "privados", y para que estos sean adecuados a la reglamentación que rige las prisiones libanesas y a la normativa internacional, se sigue informando ampliamente sobre abusos cometidos contra los detenidos en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa y, al parecer, estos no se investigan. La imposibilidad de acceder al Centro por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es contraria al decreto núm. 8800 dictado por el presidente Emile Lahoud el 4 de octubre de 2002. El decreto determina que "los delegados del CICR estarán autorizados a visitar a los presos que seleccionen, a hablar con ellos sin restricciones o vigilancia durante toda la visita, en el lugar que elijan dentro de la prisión. Se les permitirá registrar la identidad de los presos con quienes se encuentren." El decreto autoriza a los médicos delegados del CICR a hablar con todos los prisioneros que seleccionen y a entrevistarlos sin vigilancia. Sin embargo, y a pesar de este decreto, los médicos delegados del CIRC siguen sin tener acceso al Centro, aparentemente a causa de que la inteligencia militar rehúsa acatar el decreto.

Conclusiones y recomendaciones

Amnistía Internacional considera que el juicio de Samir Gea’gea’ y Jirjis al-Khouri viola la legislación internacional relativa a los juicios justos, y que las condiciones de detención son crueles, inhumanas y degradantes. La organización está igualmente preocupada por los informes sobre torturas y malos tratos contra Jirjis al-Khouri y decenas de otros detenidos que han sido recluidos en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa. La organización lamenta que las autoridades libanesas no hayan tomado en cuenta hasta la fecha sus reiterados llamamientos para que estos dos presos sean sometidos a un juicio justo, y para que se proceda a investigar de forma independiente todas las denuncias de tortura y malos tratos y de extracción de "confesiones" bajo tortura y malos tratos durante la detención en régimen de incomunicación en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa. La organización cree que toda declaración hecha involuntariamente o extraída bajo tortura o malos tratos no debe ser utilizada como prueba en ningún procedimiento judicial o de otra naturaleza salvo cuando es prueba contra una persona acusada de cometer actos de tortura. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades libanesas a poner en práctica sin dilación las siguientes recomendaciones:

· liberar a Samir Gea’gea’ y a Jirjis al-Khouri, o someterlos sin dilación a un nuevo juicio ante un tribunal ordinario e independiente, que aplique las disposiciones penales reglamentarias y cuyas actuaciones se rijan por la normativa internacional sobre juicio justo, que incluye el derecho de los acusados a:

- tener tiempo suficiente e instalaciones adecuadas para la preparación de su defensa y para comunicarse con asistencia letrada de su elección, en privado y sin ningún obstáculo;

- ser juzgados sin demora indebida;

- interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación y lograr la asistencia e interrogatorio de los testigos de la defensa para que los testigos a su favor gocen de las mismas condiciones que los que están en su contra;

- no ser obligados a declarar en su contra ni a "confesar" su culpa;

- que todas las declaraciones habidas bajo tortura o trato cruel, inhumano o degradante o por medio de castigos no sean admitidas en ningún procedimiento judicial;

- la apelación y revisión de la sentencia ante un tribunal superior que sea independiente del gobierno;

· llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial de los juicios y denuncias de tortura y malos tratos y de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones crueles, inhumanas y degradantes;

· reformar el sistema judicial y abolir los tribunales de instancia única y la pena de muerte. Asegurar que todos los detenidos sean juzgados ante un tribunal competente e imparcial, creado por ley sin interferencia política o de cualquier otra naturaleza, en el cual los jueces tengan autoridad exclusiva para decidir sobre cuestiones de naturaleza judicial;

· poner en práctica todos los tratados y normativas internacionales pertinentes, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos;

· aplicar el decreto presidencial núm. 8800 y asegurar que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso inmediato y sin trabas a todas las prisiones del Líbano, incluso a aquellas administradas por el Centro de Detención del Ministerio de Defensa y a todos los otros centros de detención "privados". Tanto ésta como todas las demás cárceles deben someterse a una inspección independiente de organismos ajenos a las autoridades que dirigen las prisiones;

· mejorar las condiciones de detención en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa asegurándose de que cumplan con las normas internacionales. Tanto ésta como todas las cárceles "privadas" deben regirse por los reglamentos normales que regulan el sistema penitenciario en el Líbano, cumpliendo las normas relativas al tratamiento de detenidos reconocidas internacionalmente;

· particularmente, tomar medidas inmediatas para asegurar que los detenidos sean bien tratados y que no se los someta a ninguna forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Las autoridades deben dejar de recluir a los detenidos en régimen de incomunicación, de confinarlos en celdas oscuras y de someterlos a cualquier otro trato o pena ilícitos que perjudiquen su salud física o mental.

********

(1) Entre los casos de homicidio de personalidades políticas y religiosas, algunos de los cuales fueron referidos al Consejo de Justicia, estuvieron los de los presidentes Bashir Gemayel y Rene Ma’awwad; Kamal Jumblat, líder del Partido Socialista Progresista; Mufti Hasan Khaled; y el periodista y editor Salim al-Luzi.

(2) Ver Líbano: Tortura y juicio injusto de los detenidos tras los sucesos de Dhinniyyah. Amnistía Internacional, Índice AI: MDE 18/005/2003, mayo 2003, página 11.

(3) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Líbano. Documento de la ONU CCPR/C/79/Add.78 (1997), párrafo 9.

(4) PIDCP, Observación General 20; reemplaza a la Observación General 7 sobre la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles (artículo 7), 10 de marzo de 1992, párrafo 6.

(5) Documento de la ONU E/CN.4/1998/38/Add.2, Informe sobre la visita a México, 14 de enero de 1998, párrafo 88.i.

(6) Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2003/32, 23 de abril de 2003, párrafo 6.

(7) Aunque el Líbano no era un Estado Parte en esta convención en ese momento, este principio está consagrado en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1975, artículo 12.

(8) Documento de la ONU E/CN.4/2002/76, 27 de diciembre de 2001, anexo 1.

(9) Documento de la ONU E/CN.4/1999/61/Add.1 Informe sobre la visita a Turquía (1998), párrafo 113.e

(10) Documento de la ONU A/53/44 (1998), Observaciones finales sobre Alemania, párrafo 193.

(11) Observación General sobre el artículo 7, ibíd., párrafo 11.

(12) Documento de la ONU E/CN.4/2002/76, 27 de diciembre de 2001, anexo 1.