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AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI: MDE 15/091/2003/s (Público)
Servicio de Noticias 235/03
13 de octubre de 2003
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE150912003
Israel y los Territorios Ocupados: La destrucción gratuita constituye un crimen de guerra
Amnistía Internacional condena enérgicamente la destrucción en gran escala de viviendas palestinas llevada a cabo por el ejército israelí en un campo de refugiados de la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que ha dejado sin hogar a centenares de personas, incluidos numerosos niños y ancianos.
La organización de derechos humanos ha manifestado: “La destrucción deliberada y gratuita de viviendas y bienes civiles, práctica reiterada del ejército israelí, es una grave violación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, en especial de los artículos 33 y 53 del cuarto Convenio de Ginebra, y constituye un crimen de guerra.”
Esta última oleada de destrucción, llevada cabo entre el 10 y el 12 de octubre, forma parte de una política que el ejército israelí lleva décadas aplicando en los Territorios Ocupados y que ha ido en aumento últimamente: en los tres últimos años ha destruido unas 4.000 viviendas palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza, así como grandes extensiones de tierras cultivadas, centenares de fábricas y otros bienes comerciales, carreteras y edificios públicos.
Las autoridades israelíes sostienen a menudo que la destrucción de viviendas y otros bienes palestinos es necesaria para garantizar el éxito de sus operaciones militares y de seguridad y que está permitida, por tanto, por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional y otras organizaciones, incluidas algunas ONG israelíes, apuntan al uso recurrente de la destrucción de viviendas y bienes como forma de castigo colectivo, utilizada contra la población por haberse producido ataques de grupos armados palestinos.
En esta ocasión, las autoridades israelíes han justificado la destrucción de más de un centenar de viviendas palestinas con la presencia en la zona de tres túneles que, según los informes recibidos, los grupos armados palestinos utilizaban para llevar clandestinamente armas de Egipto a la Franja de Gaza. No se tiene noticia de que se hayan encontrado armas, y las autoridades israelíes no han explicado por qué no se conjuró la amenaza que suponían los túneles con medios más proporcionados, que no pusieran en peligro imprudentemente la vida de civiles y no dejaran sin hogar a centenares de palestinos. El ejército ha afirmado también que esas viviendas eran utilizadas por palestinos armados para disparar contra los soldados israelíes, pero no ha dicho que sus propios habitantes estuvieran disparando u ofreciendo resistencia armada.
El ejército israelí asegura que en los tres últimos años ha descubierto en Rafah 70 túneles utilizados para el contrabando de armas, y en el mismo periodo ha destruido más de un millar de viviendas en la zona.
“En la mayoría de los casos examinados por Amnistía Internacional, la gran destrucción de viviendas y bienes palestinos llevada a cabo reiteradamente por el ejército israelí no podía justificarse alegando que era absolutamente necesario por razones militares —ha manifestado la organización de derechos humanos—. Esta destrucción gratuita es ilegítima y constituye un crimen de guerra.”
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que pongan fin de inmediato a prácticas como la destrucción de viviendas y otros bienes palestinos y el uso excesivo, desproporcionado e imprudente de la fuerza contra palestinos desarmados y en zonas densamente pobladas, como consecuencia del cual a menudo resultan muertos o heridos civiles desarmados, incluidos niños.
La organización ha condenado reiteradamente los homicidios de civiles israelíes perpetrados deliberadamente por grupos armados palestinos por considerar que constituyen crímenes de lesa humanidad e insta una vez más a estos grupos a poner fin de inmediato a tales prácticas.
Información general
Gran parte de la destrucción de viviendas y tierras de labranza llevada a cabo en los últimos años ha tenido lugar en la Franja de Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, en la que más de dos terceras partes de la población vive ya por debajo del umbral de la pobreza (2 dólares estadounidenses diarios).
Según el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), en ésta última oleada de demoliciones 76 viviendas han resultado completamente destruidas, otras 44 han sido demolidas parcialmente y 117 más han sufrido daños, con lo que el número de refugiados que han perdido su hogar podría ascender a más de un millar.
Como en muchas operaciones anteriores del ejército israelí que han entrañado la destrucción de viviendas, en esta ocasión, durante el periodo comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, han muerto al menos seis palestinos, entre ellos dos niños, y muchos más, incluidos también numerosos niños, han resultado heridos.
El artículo 33 del cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, dispone claramente lo siguiente: “Están prohibidos los castigos colectivos [...] Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes”. Asimismo, el artículo 53 establece: “Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes [...] excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”.
Amnistía Internacional condena los homicidios deliberados de civiles israelíes perpetrados por grupos armados palestinos por considerar que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Documento Público
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