3 de abril del 2002

Índice AI: ASA 21/016/2002/s

Servicio de Noticias 58/02

Indonesia

Impunidad y violaciones de derechos humanos en Papúa

—

Discurso pronunciado ante la prensa de las Naciones Unidas en Ginebra

por Lucia Withers, investigadora de Indonesia y Timor Oriental

el 3 de abril del 2002

Conferencia de prensa - 58º periodo de sesiones

de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Gracias por acudir a esta reunión.

Amnistía Internacional publica hoy un informe, Impunity and human rights violations in Papua (Impunidad y violaciones de derechos humanos en Papúa), en el que documenta las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en la provincia de Papúa y la forma en que la ausencia de investigación y de procesamiento de los responsables está perpetuando esta situación.

Amnistía Internacional considera que existe un vínculo directo y de causalidad entre la impunidad y la comisión de violaciones de los derechos humanos. Cada vez que se deja de investigar un caso o de llevar a juicio a los responsables, se refuerza la confianza de los perpetradores en que se encuentran verdaderamente por encima de la ley.

En Papúa no se ha llevado ante la justicia en años recientes a ningún responsable de estos crímenes. Mientras tanto, el líder del movimiento civil de independencia, Theys Eluay, ha sido asesinado —los militares han admitido recientemente que sus miembros pueden haber sido los responsables—. Otros líderes políticos han sido procesados, se han sofocado con violencia las manifestaciones independentistas, y las fuerzas de seguridad han llevado a cabo operaciones indiscriminadas contra comunidades enteras como represalia por los ataques de los grupos armados.

En el subdistrito de Wasior, distrito de Manokwari, se cree que unas 150 personas han sido detenidas arbitrariamente y torturadas o maltratadas durante las operaciones realizadas por la Brigada Móvil de la Policía en el segundo semestre del 2001. Por lo menos una persona ha muerto bajo custodia policial. El número de las personas a las que se ha dado muerte ilegítimamente o se ha hecho «desaparecer» aún no se conoce.

Estas operaciones se produjeron a raíz de un ataque cometido por un grupo armado contra una compañía maderera en junio del 2001, ataque en el que cinco agentes de la Brigada Móvil perdieron la vida. Amnistía Internacional condena estos homicidios y condena igualmente las operaciones que les siguieron, que podrían casi describirse como un arrebato de venganza.

A modo de ejemplo, tenemos el caso que relató a Amnistía Internacional el director de una escuela primaria. Este hombre, de 60 años de edad, fue golpeado repetidamente con la culata y la recámara de un arma al ser apresado por agentes de la Brigada Móvil cuando trataba de huir de las operaciones policiales. La Brigada Móvil lo puso en libertad al darse cuenta de que habían cometido un error al detenerlo, pero aún así lo volvieron a detener y a golpear por segunda vez unos días más tarde. Hasta la fecha, el director de la escuela no sabe por qué lo trataron de esta manera. Teme regresar al pueblo o reincorporarse a su trabajo y posiblemente pierda la vista en un ojo a consecuencia de los golpes.

Las autoridades impidieron durante meses los intentos de los observadores de los derechos humanos de llegar a Wasior. Un grupo de trabajadores de la iglesia y de activistas de derechos humanos logró negociar el acceso a la zona en octubre del 2001, pero fueron recibidos a su llegada por unos 20 agentes de la Brigada Móvil disparando sus armas al aire. Las dificultades que tienen que afrontar los defensores de los derechos humanos en Wasior es parte de una práctica cada vez más extendida de amenazar y hostigar a los activistas para impedir que lleven a cabo su labor.

Amnistía Internacional considera que la Comisión de Derechos Humanos tiene el deber de ocuparse tanto del presente como del pasado. La Comisión ha pedido, con toda razón, que se enjuicie a los que en 1999 perpetraron crímenes graves en Timor Oriental, incluidos los crímenes contra la humanidad. No obstante, hasta la fecha no ha reconocido que continúan cometiéndose graves violaciones de los derechos humanos en Indonesia, particularmente en las provincias en disputa de Papúa y Aceh, y por las mismas instituciones del Estado que cometieron los crímenes de Timor Oriental.

Lo que deseamos decir a la Comisión es que no puede seguir ignorando la situación de los derechos humanos en Indonesia. En tanto que máximo órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, debe demostrar coherencia y condenar ahora las atroces prácticas de las fuerzas de seguridad en Papúa, Aceh y otras partes de Indonesia.

Al mismo tiempo, la Comisión debe hacer uso de su influencia para presionar a Indonesia a fin de que tome medidas urgentes para garantizar que los juicios por los graves crímenes que se cometieron en Timor Oriental en 1999, en curso actualmente en Yakarta, se celebran de conformidad con las normas internacionales de justicia procesal. Amnistía Internacional acoge con satisfacción este proceso aunque ve con inquietud que puedan fracasar por falta de las salvaguardias fundamentales.

Si estos juicios no resultan verosímiles, y no ofrecen justicia de manera coherente con las normas internacionales, existe un peligro muy real de que la impunidad quede aún más arraigada en Indonesia.

Para mí quedó claramente ilustrada la estrecha relación entre los graves crímenes que cometieron en 1999 las fuerzas de seguridad indonesias y las milicias pro indonesias en Timor Oriental, y las graves violaciones de los derechos humanos que continúan perpetrándose en Papúa, cuando visité la provincia en enero de este año. Murjono Murib, un activista político y maestro de escuela de Wamena, me contó cómo un agente de la Brigada Móvil lo había golpeado con una barra de hierro en febrero del 2001. Mientras lo golpeaba lo amenazó diciéndole: «Tenemos experiencia de las operaciones en Timor Oriental, si no tenéis cuidado os mataremos a todos».

Murjono Murib y otros cuatro líderes políticos de Wamena han sido condenados desde entonces a penas de prisión que oscilan entre cuatro y cuatro años y medio por sus actividades políticas pacíficas. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia. Nadie ha tenido que rendir cuentas por la paliza que recibió Murjono Murib, ni por otros actos de tortura y malos tratos contra detenidos en Wamena, ni por los homicidios ilegítimos y las detenciones arbitrarias en casos relacionados con éstos que se remontan a octubre del 2000.

En las raras ocasiones en que se han investigado las alegaciones de violaciones de derechos humanos en Papúa, no se han producido juicios. El caso más reciente es el del secuestro y homicidio, en noviembre del 2001, de Theys Eluay, el líder del conjunto del movimiento independentista, el Presídium del Consejo de Papúa. Hasta la fecha ha habido cinco investigaciones distintas del homicidio, pero no se han formulado cargos contra ningún sospechoso.

Amnistía Internacional teme que esta plétora de investigaciones se está utilizando para obstruir a la justicia e impedir que el caso llegue a juicio. Aunque nos anima que los militares hayan admitido recientemente el hecho de que sus miembros pueden haber estado implicados —después de haberlo negado reiteradamente—, parece que no piensan examinar cuestiones como la de la responsabilidad del mando, ni las causas generales y las constantes violaciones de derechos humanos en Papúa de las que la muerte de Theys Eluay forma parte.

La Comisión no puede ser selectiva en lo que respecta a las violaciones de derechos humanos de las que se ocupa. La escala y el carácter público de los crímenes que se cometieron en 1999 en Timor Oriental fueron los que lograron la condena universal, incluida la de la Comisión. El hecho de que ni los medios de comunicación del mundo ni las Naciones Unidas se encuentren en Papúa presenciando las violaciones de derechos humanos no quiere decir que no se estén produciendo. Están cometiéndose y deben ser condenadas en términos igualmente enérgicos.

\FIN

Documento público

****************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.