PÚBLICO Índice AI: AMR 51/040/2008

13 de mayo de 2008

AU 124/08 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Misisipi) Earl Wesley Berry, blanco, de 49 años de edad

Está previsto que Earl Berry sea ejecutado en Misisipi a las seis de la tarde, hora local, del 21 de mayo de 2008. Fue condenado a muerte por el asesinato de Mary Bounds, cometido en 1987. Sus abogados han presentado ante los tribunales pruebas de que sufre una discapacidad intelectual, lo que, de ser cierto, convertiría su ejecución en inconstitucional. Sin embargo, puesto que sus abogados anteriores no presentaron las pruebas de expertos pertinentes en el momento oportuno, no se ha celebrado ninguna vista probatoria para examinar esta cuestión, y por cuestiones de procedimiento se ha impedido que se lleve a cabo esta revisión judicial.

El 29 de noviembre de 1987 se denunció la desaparición de Mary Bounds. Su auto fue hallado el 1 de diciembre cerca de la iglesia baptista a la que ella asistía en Houston, Misisipi. Su cadáver se encontró al día siguiente en un bosque cercano. Había muerto por las heridas causadas por golpes en la cabeza. El 6 de diciembre, Earl Berry, de 28 años, fue detenido en la casa de su abuela, y confesó la autoría del crimen. Rechazó la oferta de la fiscalía de recibir una pena cadena perpetua a cambio de declararse culpable. Tras un juicio con jurado, fue condenado a muerte el 28 de octubre de 1988.

La condena de muerte fue anulada por la Corte Suprema del estado, que halló defectos en las instrucciones dadas al jurado, y en junio de 1992 se celebró una nueva vista de determinación de la pena. En ella, la defensa presentó pruebas atenuantes, incluido el testimonio de un neuropsicólogo sobre el bajo rendimiento intelectual de Earl Berry y su posible daño cerebral. Un psicólogo declaró también que, en su opinión, Berry sufría esquizofrenia paranoide. Por su parte, el fiscal recurrió a comentarios potencialmente incendiarios para conseguir una condena de muerte. Por ejemplo, realizó lo que prácticamente constituía un llamamiento a la venganza en un discurso basado en la noción de “justicia”. Dijo: “¿Dónde están la justicia, y el atenuante, y la piedad, cuando eres un fiel miembro de la Primera Iglesia Baptista, miembro del coro, enseñas en la escuela dominical, y estás allí siempre que la iglesia está abierta? [...] Esta mujer estaba allí siempre que estaba abierto, por la noche, la noche del domingo. No pudo estar en el ensayo del coro aquella noche. De eso no cabe duda [...] En mi opinión, sólo cabe un veredicto. Que este hombre reciba la pena de muerte, la misma pena que obtuvo Mary Bounds sin jurado ni juicio. Este hombre actuó como juez, jurado y verdugo, todo junto en cuestión de minutos. Ella no tuvo el beneficio de la justicia, la atenuante o la piedad; y de esto no cabe ninguna duda, en mi humilde opinión”. El fiscal sembró también de referencias bíblicas los procedimientos al instar al jurado a votar por la pena de muerte, alegando, por ejemplo, que “la autoriza Misisipi, y la autoriza desde hace mucho la ley de las Escrituras”.

El jurado votó a favor de la pena de muerte. La defensa recurrió de nuevo la condena ante la Corte Suprema del estado, que devolvió el caso al tribunal de primera instancia para que examinara el rechazo de la fiscalía a cinco posibles miembros del jurado de raza negra durante la selección del jurado (el jurado final sólo contaba con un miembro de raza negra). La defensa alegó que la fiscalía había rechazado a los candidatos de raza negra porque creía que había menos probabilidades de que votaran por la pena de muerte. El fiscal ofreció sus motivos para esos rechazos. Por ejemplo, dijo que había rechazado a una mujer porque tenía un historial laboral irregular, y a un hombre porque tenía familiares en la cárcel y tenía un historial laboral poco estable. El tribunal resolvió que esos motivos eran “neutrales en cuanto a la raza” y que no parecía haber habido discriminación a primera vista.

Los abogados de Earl Berry han apelado contra su condena de muerte alegando que sufre discapacidad intelectual. La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió en 2002, en la resolución Atkins v. Virginia, la ejecución de personas con discapacidad intelectual. En Chase v. el Estado, en 2004, la Corte Suprema de Misisipi estableció los criterios para determinar qué reclusos del estado que hubieran sido condenados a muerte antes de la decisión Atkins debían ser objeto de una vista probatoria respecto a la alegación de discapacidad intelectual. Según estos criterios, el condenado debe presentar una declaración jurada de un experto cualificado que certifique que el preso tiene un cociente intelectual de 75 o inferior, y que, en opinión del experto, “existe una base razonable para creer que, de realizarse exámenes adicionales, se determinará que el acusado sufre discapacidad intelectual”. Por motivos poco claros, pero posiblemente a causa de la falta de financiación para esta tarea y de la enorme carga de trabajo de la defensoría pública –escasa de personal– que representaba a Earl Berry en ese momento, la alegación de discapacidad intelectual de Berry no estuvo acompañada por la declaración jurada de un experto establecida en la resolución Chase. En agosto de 2004, la Corte Suprema del estado resolvió que Berry no había cumplido los criterios de la resolución Chase y le denegó una vista probatoria.

El 24 de abril de 2008, un psicólogo con experiencia en discapacidad intelectual firmó una declaración jurada en la que manifestaba que la revisión de los materiales relativos a Earl Berry le llevaban a la conclusión de que éste tenía un cociente intelectual de 75 o inferior y/o “un funcionamiento intelectual considerablemente por debajo de la media”, por lo que consideraba que “con un grado razonable de certeza psicológica, la realización de pruebas adicionales demostrará que el Sr. Berry cumple los criterios establecidos por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y la Asociación Estadounidense sobre Discapacidad Intelectual para ser clasificado como discapacitado intelectual”. Entre otras cosas, señaló que, durante sus años escolares, a Berry se le calculó un cociente intelectual de tan sólo 72, y cuando, el 24 de abril de 1985, a los 25 años, le dieron el alta de un hospital penitenciario del Departamento de Prisiones de Misisipi tras un aparente intento de suicidio, el diagnóstico final fue “tendencias suicidas / discapacidad intelectual”. Otras declaraciones juradas –de la madre de Earl Berry, de otros familiares y de personas que conocían a Berry– describen el lento desarrollo de éste durante la infancia, las lesiones que sufrió en la cabeza cuando era niño y el hecho de que, ni siquiera de adulto, vivió de forma independiente. Su madre declaró que había intentado suicidarse seis o siete veces.

El 5 de mayo de 2008, pese a esta nueva declaración jurada de un experto, que cumplía los criterios de la resolución Chase, la Corte Suprema de Misisipi resolvió que la alegación de discapacidad intelectual de Earl Berry no era admisible por cuestiones de procedimiento. El presidente del tribunal discrepó, diciendo: “Como acusado indigente condenado a la pena máxima y definitiva, Berry tiene derecho a una asistencia letrada competente y concienzuda, asignada por el Estado, que le ayude con sus vías de recurso posteriores a la condena. Ahora ha presentado a esta Corte pruebas sustanciales de que, de no haber sido por la deficiente actuación del abogado que se encargó de sus recursos posteriores a la condena, habría tenido la oportunidad de presentar su alegación de discapacidad intelectual en virtud de la causa Atkins […] Sean cuales sean los motivos de la deficiente actuación de su abogado anterior, está claro que a Berry no se le concedió una oportunidad significativa de presentar su alegación de discapacidad intelectual a esta Corte [...] Cuando el abogado designado no proporciona a la Corte los datos pertinentes, el sistema concebido para garantizar el debido proceso y la conclusión oportuna del proceso de apelación deja de funcionar. Finalmente, no se hace justicia a los implicados”.

Desde que Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977, se ha dado muerte a 1.100 presos, 8 de ellos en Misisipi. El sistema de aplicación de la pena capital en Estados Unidos se caracteriza por la discriminación, la arbitrariedad y los errores. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, de manera incondicional. No existe nada que pueda considerarse un sistema humano, justo, fiable o útil de la pena capital (véase ‘The pointless and needless extinction of life’: USA should now look beyond lethal injection issue to wider death penalty questions, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/031/2008/en).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- manifestando su apoyo a los familiares de Mary Bounds, y explicando que no pretenden disculpar la manera en que murió ni restar importancia al sufrimiento que su muerte ha causado;

- oponiéndose a la ejecución de Earl Wesley Berry;

- señalando las pruebas que indican que Earl Berry sufre discapacidad intelectual, y expresando preocupación por el hecho de que ni siquiera ha tenido una vista probatoria sobre esta cuestión, porque su abogado anterior no presentó la declaración jurada necesaria;

- señalando que el poder del ejecutivo para otorgar clemencia no está sujeto a las restricciones de las normas técnicas de procedimiento que pueden dar lugar a que los tribunales no puedan o no quieran reparar injusticias;

- instando al gobernador a otorgar el indulto a Earl Berry.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador de Misisipi

Haley Barbour, Governor of Mississippi, P.O. Box 139, Jackson, Mississippi 39205, EE. UU.

Fax: +1 601 359 3741

Correo-e.: governor@governor.state.ms.us

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Todos los llamamientos deben llegar antes del 21 de mayo de 2008.