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AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Redactado originalmente en español en el Secretariado Internacional

Índice de AI: AMR 18/002/2003/s (Público)

Numero del Servicio de Noticias: 033/03

14 de febrero de 2003

Bolivia: El Estado de Derecho no debe debilitarse frente al conflicto social

Las autoridades bolivianas deben tomar medidas inmediatas para restaurar el orden dentro del estado de derecho y garantizar el respeto a los derechos humanos, declaró Amnistía Internacional.

La protestas públicas del 12 y 13 de febrero han producido enfrentamientos con el ejército que han dejado un saldo de más de 20 muertos en la ciudad de La Paz y aproximadamente 100 héridos en varias ciudades del país. Las protestas originalmente fueron iniciadas por cuerpos de la Policía Nacional Boliviana, a las que se han unido varios sectores de la sociedad boliviana, a raíz de recientes políticas económicas del gobierno.

"Los acontecimientos deben ser investigados sin demora y quienes resulten responsables deben ser llevados ante la justicia. El accionar del ejército -- que parecería indicar el uso excesivo de la fuerza -- y la denunciada presencia de francotiradores durante los luctuosos hechos de estos días, ameritan una investigación inmediata e independiente," dijó Amnistía Internacional.

"La acción inmediata de las autoridades frente a la convulsión social que agita el país será decisiva para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos."

La organización de derechos humanos instó a las autoridades bolivianas para que aseguren que los agentes encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de manifestaciones y disturbios se apeguen estrictamente a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego.

"Es la responsabilidad del gobierno evitar que la convulsión social que se registra en Bolivia adquiera proporciones mayores -- pero también es tarea de todos los demás sectores políticos y de la sociedad civil contribuir a este logro."

Amnistía Internacional hizó un llamamiento a las autoridades y a la sociedad boliviana en general, para que se recuperen vías de diálogo que ofrezcan soluciones a corto y largo plazo asi como el fortalecimiento del estado de derecho.

"El debilitamiento del estado de derecho puede degenerar en violaciones de derechos humanos aún mas graves," advirtió Amnistía Internacional.

"El principio conductor de las soluciones al conflicto actual debe ser el pleno respeto por los derechos humanos."

Antecedentes

El anuncio de la imposición de un impuesto a los salarios del 12.5 por ciento generó el descontento general y la manifestación publica en la Plaza Murillo frente al Palacio de Gobierno en La Paz por unidades de la Policía Nacional. De acuerdo a la información recibida, miembros del ejército encargados de resguardar el Palacio de Gobierno utilizaron armas de fuego y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

La Policía Nacional pide un aumento salarial del 40 por ciento y rechaza el nuevo impuesto. A la acción de protesta se unieron policías de tránsito, bomberos, sindicalistas y otros sectores. Las manifestaciones se registraron también en Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades del país, con incidentes de saqueos de comercios, destrucción de edificios públicos y locales comerciales por individuos que aprovecharon la ausencia de la policía que normalmente patrulla las calles.

El 13 de febrero el Presidente de la República anunció el retiro del proyecto de ley presentado al Congreso para aplicar la nueva forma de impuesto al salario, conocido como el "impuestazo". El mismo día, las autoridades y la policía llegaron a un acuerdo con mediación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para conceder la mayoría de las demandas presentadas por la policía.

La situación continúa inestable y futuras manifestaciones han sido anunciadas.

Documento público

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