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[Embargado hasta el 2 de diciembre de 2004]Público

Amnistía Internacional

Sudán, Darfur

Nadie a quien quejarse

Víctimas sin alivio, perpetradores impunes

Diciembre de 2004			Resumen
Índice AI: AFR 54/138/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR541382004

Tras 20 meses de ataques, matanzas, violaciones y acoso masivos, la población de Darfur sigue aún sin protección. Todavía se le niega la justicia.

Mediante la intimidación, el miedo y la desconfianza se disuade de buscar justicia a las víctimas de abusos graves de derechos humanos. Al mismo tiempo, andan sueltos presuntos perpetradores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En Darfur el Estado de Derecho está del revés.

Las fuerzas de seguridad, en vez de proteger a los centenares de personas desplazadas por el conflicto, las atacan, las hostigan y las detienen. Es más, a algunas víctimas de abusos de derechos humanos se las castiga por tratar de buscar justicia y se sigue hostigando a abogados y activistas de derechos humanos. La población de Darfur que vive fuera de su territorio se encuentra bajo la amenaza constante de detención a causa de su origen.

Con la excusa del Estado de emergencia y el pretexto de la contrainsurgencia, las autoridades sudanesas violan derechos civiles y políticos. Sus fuerzas de seguridad cuentan con amplios y arbitrarios poderes de detención y reclusión y han torturado a centenares de darfuríes con total impunidad. El sistema legal es débil, e incapaz o carente de la voluntad precisa para hacer rendir cuentas a las fuerzas gubernamentales y sus milicias aliadas por las masivas violaciones del derecho internacional que han ocurrido en Darfur.

Lo que ha dado en llamarse investigaciones sobre la violación de derechos humanos cometidas en Darfur son, en el mejor de los casos, anómalas, y en el peor, inexistentes. Los juicios injustos son la norma y aún siguen actuando tribunales especiales que administran justicia de forma sumaria, lo que no da pie a confiar en la capacidad de la judicatura para atajar la devastación de Darfur.

El gobierno sudanés ha utilizado medidas de emergencia similares para abordar el conflicto en el Sur del país y en las Montañas Nuba, que se prolonga desde hace 21 años. En reiteradas ocasiones Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sudán que modifique la legislación de emergencia para que Sudán cumpla las obligaciones que tiene contraídas en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que aplique las recomendaciones concretas que se enuncian en este informe, especialmente las referidas a que se no se practiquen detenciones arbitrarias y no se torture, a que se asegure el respeto de las normas básicas de derechos humanos y a que se emprenda una reforma general del sistema legal nacional.

La comunidad internacional no debe aceptar la interminable rutina de violaciones de derechos humanos en Sudán. Las modificaciones en la legislación de emergencia y la reforma del sistema judicial deben ser parte clave de las conversaciones de paz de Abuja y Naivasha, que habrán de constituir el fundamento de futuros acuerdos de paz.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

[Fecha de embargo: 2 de diciembre de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Sudán, Darfur

Nadie a quien quejarse

Víctimas sin alivio, perpetradores impunes

par

Índice

Introducción 1

1. Problemas para acceder a la justicia 3

1.1 Falta de confianza en la policía e inacción policial 4

1.2 Denuncias ante el poder judicial: el problema de las tasas 6

1.3 Intimidaciones para que se retiren las denuncias o incitación a hacerlo 8

1.4 Hostigamiento y detención de abogados y activistas de derechos humanos 9

2. Detenciones arbitrarias y encarcelamiento 10

2.1 Fuerzas de seguridad responsables de detenciones y encarcelamientos 11

2.2 Detenciones debido al origen o la filiación personal, como medio de intimidación 13

2.3 Detenciones de desplazados internos: contrainsurgencia, negación del derecho a la libertad de expresión y reasentamiento forzoso 15

2.4 Detenciones relacionadas con una presunta conspiración del partido Congreso Popular 18

2.5 Detenidos puestos en libertad 20

3. Tortura 21

3.1 Casos de tortura 22

3.2 Muertes bajo custodia a causa de torturas 25

3.3 Impunidad en casos de tortura 26

4. Investigaciones del gobierno sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Darfur y sus autores 26

4.1 Medidas deficientes contra los denominados "autores" de los abusos cometidos en Darfur 27

4.2 Investigaciones inexistentes o interrumpidas sobre autores de violaciones de derechos humanos 28

4.3 Comisiones gubernamentales de investigación que no rinden cuentas 30

5. Juicios injustos 31

5.1 Juicios ante los tribunales penales especializados 32

5.2 El juicio del Congreso Popular 34

5.3 Otros juicios 35

6. Conclusión 35

7. Recomendaciones 37

7.1 Al gobierno sudanés 37

7.2 A la comunidad internacional 39

Anexo 1: Testimonio de X, hermano de un hombre a quien las fuerzas armadas sudanesas ejecutaron extrajudicialmente en Darfur 40

Anexo 2: Testimonio de M., líder de una comunidad de Margasa, Darfur Occidental, sobre su tortura a manos de los yanyawiden For Burunga 41

Sudán, Darfur

Nadie a quien quejarse

Víctimas sin alivio, perpetradores impunes

Introducción

Más de un millón de personas se han visto desplazadas en Darfur debido a ataques, violaciones de mujeres, secuestros, homicidios de familiares e incendios y saqueos de poblados. En las zonas rurales y los centros urbanos pequeños se ha expulsado a la población, que vive ahora concentrada en torno a las grandes ciudades y en campos de desplazados caracterizados por el hacinamiento y la proliferación de las enfermedades. Entre las víctimas de estos graves violaciones de derechos humanos, perpetradas por las fuerzas armadas del gobierno y las milicias a las que prestan apoyo, hay desesperación.

Las personas a las el sistema judicial no ha prestado protección no tienen fe en la justicia del gobierno.

En Darfur, el Estado de derecho está del revés. Las fuerzas de seguridad detienen y torturan con impunidad y cuenta con la protección de la ley. En cambio, las víctimas de las violaciones de derechos humanos tienen muy pocas o ninguna posibilidad de recurrir a la justicia, y a veces incluso se las castiga por intentar obtenerla.. El gobierno pone, además, todo su empeño en reprimir a las comunidades fur, masalit y zaghawa, pero en muy pocos caos se ha llevado ante al justicia a los presuntos responsables de las violaciones de derechos, y cuando se ha hecho ha sido a raíz de la presión ejercida por la comunidad internacional. Los juicios injustos son algo habitual. Un abogado sudanés contó lo siguiente a unos delegados de Amnistía Internacional:

En Sudán no conocemos ya la diferencia entre probable y normal. Ya no nos sorprende nada de lo que hagan las autoridades. La injusticia es algo habitual en Sudán.

Las víctimas de Darfur lo han perdido todo. Claman por justicia. Su vida está amenazada no sólo porque en algunas zonas continúan sufriendo ataques, sino también porque sienten cada vez más la presión que el gobierno ejerce sobre ellas para que no denuncien ni se quejen. En junio de 2004 había urgencia en el deseo de hablar con extranjeros sobre los abusos masivos cometidos en Darfur contra los desplazados, pero en septiembre daba la impresión de que éstos tenían miedo de hablar. Las fuerzas de seguridad y la policía los vigilan dentro de los campos, por lo que temen que los detengan si los ven hablando con extranjeros. Ahora, muchas personas piden que se les asegure que están protegidas antes de acceder a hablar, pero es difícil hacerlo. Se sienten en peligro porque no hay cambios notables en su situación, y cabe la posibilidad de que estén perdiendo la confianza en la capacidad de la comunidad internacional para hacer que mejore su suerte. La necesidad de que se rindan cuentas por las masivas violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en Darfur es más acuciante que nunca.

El gobierno sudanés, en vez de admitir que ha violado derechos humanos al apoyar a las milicias nómadas responsables de gran parte de la devastación de Darfur y en vez de prestar atención a la difícil situación de sus ciudadanos, continúa oprimiendo a las víctimas de los graves abusos contra los derechos humanos. Al mismo tiempo, los presuntos autores de las ejecuciones extrajudiciales, homicidios, violaciones y ataques en gran escala contra civiles continúan en libertad. Uno de los instrumentos de represión del gobierno es la legislación sobre seguridad, que menoscaba las atribuciones del poder judicial, de por sí muy débil y a menudo poco imparcial, y de la Fiscalía. Otro es la atmósfera de miedo y recelo generada por la presencia de las fuerzas de seguridad, que disuade a las víctimas de pedir justicia. Quienes sufren violaciones de derechos humanos encuentran obstáculos en prácticamente todas las etapas del proceso de denuncia, mientras que los autores de tales violaciones están protegidos por la ley y por las prácticas de los funcionarios encargados de hacerla cumplir.

A lo largo de octubre y noviembre de 2004 se dieron nuevos casos de detención arbitraria, reclusión sin juicio y tortura a manos de las autoridades sudanesas en el contexto del conflicto de Darfur y de un presunto golpe de Estado protagonizado por el Congreso Popular, partido de oposición dirigido por Hassan Al-Turabi y vinculado, al parecer, al grupo político armado de Darfur Movimiento Justicia e Igualdad.

Durante este tiempo la inseguridad aumentó en Darfur, con ataques de todas las partes en el conflicto contra civiles, combates entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes y ataques a convoyes de ayuda humanitaria. La crisis se intensificó. A principios de noviembre, Jan Pronk denunció en su informe mensual al Consejo de Seguridad de la ONU la existencia en Darfur de una tendencia general hacia la ilegalidad..(1)

Las violaciones de derechos humanos ponen en tela de juicio la afirmación del gobierno de que está cumpliendo las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y poniendo a disposición judicial a los presuntos autores de los graves abusos cometidos en Darfur.

La situación no ha mejorado en Darfur: los desplazados siguen desplazados. Corren peligro en las zonas a las que han huido y no pueden regresar a sus hogares. Los observadores independientes encuentran cada vez más dificultades para realizar su labor. Ni la presencia de los observadores de derechos humanos o de los observadores del alto el fuego de la Unión Africana, ni la presencia, en octubre y noviembre, de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han impedido que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos. El gobierno sudanés continúa menoscabando el Estado de derecho y el concepto mismo de justicia.

Los casos expuestos en el presente informe son solo una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en Darfur.

En sus visitas a Sudán, la más reciente de las cuales fue en septiembre y octubre de 2004, Amnistía Internacional ha intentado entablar un diálogo sobre sus motivos de preocupación con las autoridades sudanesas, tanto en la capital, Jartum, como en los tres estados de Darfur. La organización no sólo ha documentado violaciones de derechos humanos, sino que también ha hablado con miembros y asesores del gobierno sudanés y formulado recomendaciones sobre cómo ocuparse de la devastación de Darfur. Ha puesto de relieve en numerosas ocasiones que el sistema de justicia de Sudán no cumple las normas internacionales de derechos humanos ni somete a juicio a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos, destacando también el papel de las fuerzas de seguridad en las detenciones arbitrarias y la tortura.(2) Las autoridades sudanesas han recurrido constantemente los mismos métodos represivos para ocuparse del conflicto del sur del país, los montes Nuba y, ahora, Darfur. Las recomendaciones de cambio formuladas por Amnistía Internacional pueden parecer obvias, pero son fundamentales para alcanzar una paz duradera y restablecer el Estado de derecho en el país.

Sudán lleva casi ininterrumpidamente en estado de excepción desde el 30 de junio de 1989, cuando el actual gobierno tomó el poder tras un golpe de Estado. En diciembre de 1999, un año después de la promulgación de una nueva Constitución y en un momento en que se había producido una división en el partido gobernante al ser destituido el presidente del Parlamento, Hassan al-Turabi, se declaró de nuevo el estado de excepción en el país, y está situación se ha renovado todos los años desde entonces. El estado de excepción ha permitido al gobierno sudanés restringir los derechos humanos de sus ciudadanos concediendo amplios poderes para practicar detenciones con inmunidad a las fuerzas de seguridad. En 2001, tras la declaración del estado de excepción en Darfur, las autoridades sudanesas establecieron tribunales especiales en los tres estados de la región.

Si el gobierno sudanés no aplica con urgencia unas normas básicas de derechos humanos que permitan al poder judicial ocuparse de la devastación de Darfur sometiendo a juicio a los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos, los jueces y las fuerzas de seguridad no estarán en condiciones de restablecer el Estado de derecho en la región. En este caso, la justicia internacional podría ser el único medio de enjuiciar a los autores de violaciones de derechos humanos.

Ahora que la comunidad internacional ha centrado su atención en los conflictos de Sudán, debe evaluar los fallos estructurales del sistema sudanés de justicia y de seguridad y presionar a las autoridades, con cada violación de derechos humanos que se cometa, para que rindan cuentas sobre la base de las normas básicas de derechos humanos.

1. Problemas para acceder a la justicia

El derecho internacional de derechos humanos establece normas para la protección de las víctimas de abusos contra los derechos humanos ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a recibir sin discriminación la misma protección de ella;(3) las quejas o denuncias de abusos contra los derechos humanos deben ser investigadas con prontitud por un organismo independiente de los presuntos autores.(4)

El sistema de justicia del norte de Sudán ofrece muy pocas o ninguna posibilidad de presentar una denuncia por violaciones de derechos humanos. Las víctimas encuentran innumerables obstáculos en su búsqueda de justicia. Muchas no quieren presentar denuncia, o ni se les ocurre siquiera hacerlo, porque no confían en la policía ni en el poder judicial (a los que no consideran independientes de otras instituciones del Estado), porque no conocen los procedimientos o porque piensan que las denuncias no servirán de nada. Varios desplazados internos de Darfur dijeron lo siguiente a los delegados de Amnistía Internacional que visitaron el país:

El gobierno es parte de este conflicto. ¿Cómo vamos a acudir a él para presentar una denuncia contra él?

1.1 Falta de confianza en la policía e inacción policial

Las víctimas de violaciones de derechos humanos de Darfur son en su mayoría reacias a acudir a la policía para presentar una denuncia. Los motivos son varios. Algunas personas piensan que la policía es parte del problema, ya que, ya desde antes del conflicto, se la cree reacia o incapaz de proteger a los habitantes de la región contra los ataques de los grupos nómadas y, desde febrero de 2003, de las milicias apoyadas por el gobierno. En la actualidad se han desplegado en Darfur mayor número de agentes de policía (unos 12.000) a fin de "proteger a los civiles" en el contexto de un plan de acción sobre Darfur firmado por la ONU y el gobierno de Sudán en agosto. La nueva policía no es de la región, sino de otras partes de Sudán. Sin embargo, los desplazados siguen pensando que representa al gobierno, que es una fuerza represiva, desplegada en los campos para controlar lo que hacen y lo que dicen, o incluso que forma parte de los yanyawid.(5)El hecho de que, según informes, se haya visto a algunos yanyawidque llevaban el uniforme azul de la policía o que se llamaban así mismos "policía de fronteras" o "unidad de información de fronteras" e incluso desempeñaban funciones de policía, como practicar detenciones, agudiza la gran desconfianza que inspira la policía entre la población.

Los delegados de Amnistía Internacional entrevistaron a una escolar de Darfur Septentrional que había sido violada por cuatro miembros de las milicias yanyawid durante un ataque efectuado contra Tawila en febrero de 2004. La muchacha estaba muy afligida y visiblemente asustada por tener que hablar de su experiencia. Al preguntarle si había informado de la violación a la policía, dijo:

Quiero vengarme de lo que me hicieron los yanyawid, pero no me fío de la policía. Para mí, es como ellos. No puedo quejarme a ella, porque me castigaría aún más; hay yanyawid en la policía y hay agentes que son yanyawid.

Debido a la falta de confianza en la policía y al temor a la estigmatización, muchas mujeres que son agredidas sexualmente en el curso de ataques o en los alrededores de los campos de desplazados son reacias a denunciar lo ocurrido en la policía. A las víctimas de violación se les pedía un formulario policial en el que hubiera constancia de su denuncia cuando acudían al hospital para recibir atención médica, pero un decreto dictado por el Ministerio del Justicia el 21 de agosto de 2004 anuló este requisito, por lo que ahora pueden ser atendidas de inmediato. No obstante, en octubre de 2004, cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron Darfur, muchos miembros de la policía, el poder judicial y el personal hospitalario no parecían conocer la existencia de tal decreto, por lo que sus efectos positivos para las víctimas de violación no se habían hecho sentir todavía mucho. El seguimiento médico y judicial de los casos de violación sigue resultando problemático en Darfur.

Muchas personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que habían acudido a la policía por casos graves de violación de derechos humanos, como ataques armados, violaciones u otras formas de agresión sexual, saqueos y robos. La policía había admitido algunas de las denuncias, pero había rechazado muchas otras, alegando, según informes, que no podía atender las relativas a ataques, que no podía abrir una investigación sobre ellas porque eran contra "perpetradores desconocidos" o que no tenía medios para visitar los lugares donde se decía que habían sido cometidos los delitos. De acuerdo con los testimonios recogidos, algunos agentes de policía incluso dijeron a los denunciantes de abusos cometidos por las milicias apoyadas por el gobierno que éste no les permitía atender tales denuncias.

El 5 de abril de 2004, O., comerciante de piezas de repuesto de Nyala, fue detenido, cuando regresaba de un viaje a Abu Ajura, por 45 hombres vestidos con uniforme militar y armados. Le dispararon en la mandíbula y en la mano, por lo que ha tenido que someterse a dolorosas intervenciones quirúrgicas, incluido un transplante de piel, que no le han curado las lesiones que sufrió. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Para mí, esta es la parte más dolorosa: mientras yo estaba inconsciente, mi hermano fue a informar del ataque a la policía de la comisaría de Nyala Wasat, y lo echaron de allí. Cuando pienso en ello no puedo dormir. Soy un hombre respetable, pero no puedo conseguir protección. En Darfur nos pueden robar, atacar e incluso matar fácilmente.

La policía de la comisaría de Al Yeneina no pudo encontrar ningún registro de un ataque realizado, según informes, en un mercado, en el que dos hombres vestidos de caqui y armados mataron, al parecer, a Saleh Saleh Ahmad Mutawi e hirieron de gravedad a un hermano suyo de 13 años, Ahmad, habitante de Saraf Omra que vivía en el campo de desplazados internos de Ardamata. El jefe de policía y su ayudante, que eran nuevos y habían sido enviados a Darfur desde otras partes de Sudán, dijeron que, antes de tomar medidas sobre un caso, lo normal era esperar el informe del hospital. En este caso, si el hospital no había enviado ningún certificado médico, no debía de haberse hecho nada, a pesar de la gravedad del delito.

La policía de Al Yeneina encontró el expediente de un caso posterior, la presunta violación de tres jóvenes solteras a manos de cuatro yanyawid, ocurrida el 10 de agosto a la entrada del campo de Ardamata. La policía dijo a los delegados de Amnistía Internacional en septiembre que no había hecho un seguimiento del caso porque el informe médico no confirmaba la denuncia de violación. Sin embargo, en el informe incluido en el expediente se decía simplemente que las tres jóvenes no presentaban rasguños ni contusiones y debían ser sometidas a un examen médico interno (ginecológico). Evidentemente, jamás se les realizó tal examen; el expediente se cerró sin más.

En el campo de desplazados internos de Zam Zam, situado unos 15 Km al oeste de Al Fasher, Darfur Septentrional, la falta de confianza en la policía ha sido causa de enfrentamientos. El 6 de octubre de 2004, los delegados de Amnistía Internacional visitaron el campo y observaron que la situación era muy tensa. El motivo era que, el 29 de septiembre, unas 20 mujeres desplazadas habían sido agredidas por hombres armados que llevaban uniformes como los de la policía cuando regresaban, a la caída del sol, del mercado de Al Fasher. Algunas de ellas habían conseguido escapar y llegar al campo, y los desplazados internos, temiendo que las demás fueran secuestradas, habían acudido a la policía del campo para pedirle que hiciera algo. La policía llevó a los representantes de los desplazados a la comisaría de Al Fasher, pero allí no quisieron hacer nada hasta la mañana siguiente. El 1 de octubre, cuando la policía se presentó en el campo de Zam Zam, tuvo un enfrentamiento con desplazados armados con piedras. Dos agentes resultaron heridos, y la policía se retiró del campo. Los desplazados decían que estaban indignados por la falta de diligencia con que la policía había atendido su queja.

A lo largo de noviembre, las acciones emprendidas por la policía para obligar a los desplazados a abandonar los campos donde se han concentrado en busca de refugio agravaron aún más la desconfianza en ella. El 2 de noviembre, a las tres de la madrugada, el campo de Al Geer, en Nyala, sufrió un ataque de la policía. Cien agentes golpearon a centenares de desplazados, a los que, según informes, ataron y amontonaron en 15 camiones para llevarlos a otro campo situado a varios kilómetros de allí, en Al-Sherif. Otros desplazados del campo de Al Geer huyeron a la ciudad de Nyala.

El 10 de noviembre, el campo de Al Geer sufrió un nuevo ataque poco después de medianoche, y uno más a las cinco de la mañana. La policía, en número suficiente para llenar cuatro vehículos, hizo disparos al aire, arrojó gas lacrimógeno a las tiendas y golpeó a decenas de desplazados, diciéndoles que tenían que abandonar el campo. Luego destruyó con bulldozer los refugios, haciendo caso omiso de las protestas de los representantes de la ONU, la Unión Africana y los organismos internacionales de ayuda humanitaria presentes en el campo durante el ataque. También se disparó contra periodistas, y el jefe adjunto del campo fue golpeado y detenido.

La noche del 13 al 14 de noviembre, la policía disparó contra desplazados del campo de Kalma, en Nyala, hiriendo al menos a seis personas, entre ellas un bebé de ocho meses, y matando, según informes, a dos: Ishaq Musa Adam Harun, de 15 años, y Adam Abdel Aziz, de 32. Según la versión oficial, la policàda disparó contra rebeldes infiltrados en el campo.

El 16 de noviembre, la policía golpeó a desplazados de Otash, uno de los campos de Nyala, hiriendo de gravedad, según informes, a dos de ellos, a los que fue preciso llevar al hospital. Es evidente que, como la policía se enfrenta cada vez con mayor violencia a ellos, haciendo uso excesivo de la fuerza para aplicar la política oficial de realojos forzados, los desplazados acuden cada vez menos a ella para presentar denuncias.

1.2 Denuncias ante el poder judicial: el problema de las tasas

Otros civiles o desplazados internos han acudido a la Fiscalía General (niyba) o a abogados privados para presentar denuncias por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los abogados afirman que, si los denunciantes no tienen dinero suficiente para pagar las tasas que, al parecer, es preciso abonar en las causas penales, la Fiscalía General no admite las denuncias. Muchos de ellos están dispuestos a ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos gratuitamente, pero a menudo no pueden pagar las tasas de la Fiscalía General. Tales gastos recaen normalmente, por tanto, en los denunciantes. A veces, los abogados pagan ellos mismos las tasas para ayudar a las víctimas. En la situación de Darfur, donde la mayor parte de la población se ha visto desplazada, ha perdido sus bienes en saqueos y vive ahora en condiciones de pobreza extrema, es imposible pagar tales tasas, por lo que su existencia supone negar a los más pobres el acceso a la justicia.

Los abogados con los que habló Amnistía Internacional explicaron que en cada causa penal que llevaban tenían que pagar no solamente los gastos habituales de impresión de documentos y transporte hasta el lugar del delito o la prisión para visitar a los detenidos, sino también unos sellos sin los que la Fiscalía General no admite las denuncias. Parte del dinero recaudado por medio de estos sellos va a parar, al parecer, al Colegio de Abogados, y el resto, al gobierno en concepto de impuesto exigido a los abogados. Las tasas se suelen justificar señalando que son para gastos administrativos y para financiar las condiciones de trabajo de la Fiscalía General. Según informes, la existencia y el precio de los sellos están regulados por la legislación fiscal sudanesa, que se actualiza todos los años. Los abogados afirman que, antes de 1989, sólo era necesario pagar tasas en las causas civiles y únicamente si se contaba con medios para ello. La información disponible indica que fue en 1989, año en que el actual gobierno llegó al poder, cuando se establecieron tasas judiciales en las causas penales.

Muestra de sellos con que se pagan las tasas judiciales, Sudán. © AI

En Darfur, el sello necesario para presentar una querella criminal ante la Fiscalía cuesta 500 dinares sudaneses (unos dos dólares estadounidenses), y los abogados tienen que pagar alrededor de 1.250 dinares (unos 5 dólares), entre el sello, el papel que necesitan y la imprenta. Otros sellos cuestan entre unos 500 y 1.000 dinares. Para presentar un recurso de apelación en una causa penal, los abogados tienen que pagar otro sello que cuesta 2.200 dinares, más las tasas correspondientes al ayudante del fiscal general. Si el recurso llega hasta el fiscal general, puede costarles a los abogados hasta 7.500 dinares en sellos y pago de tasas. Al parecer, los letrados tienen que pagar tales tasas y sellos en todas las etapas del procedimiento judicial en las causas penales: cuando solicitan permiso a la Fiscalía General para defender al acusado, cuando solicitan permiso para visitar al acusado en la prisión, cuando solicitan la libertad bajo fianza de su cliente, cuando solicitan el traslado del expediente de la Fiscalía al tribunal y cuando presentan un recurso de apelación ante instancias superiores. Los abogados de Darfur pagan tasas aún más altas si interponen recursos ante tribunales superiores de Jartum.

Al preguntarle por estas tasas, el fiscal general de Darfur Septentrional aseguró a Amnistía Internacional que a quienes querían presentar denuncias por ataques perpetrados en Darfur no se les pedía que pagasen tasas. Asimismo, insistió en que el personal de su oficina había viajado a distintas partes de Darfur Septentrional y a campos de desplazados internos para realizar investigaciones preliminares sobre presuntas violaciones de derechos humanos y para entrevistarse con víctimas que no tenían posibilidades de desplazarse hasta a su oficina. Tales visitas e investigaciones eran a veces restringidas debido a la inseguridad imperante en la región y a la falta de recursos logísticos de la Fiscalía.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción tales garantías. Las autoridades sudanesas deben realizar tales visitas e investigaciones de manera general y sistemática. La organización teme que el pago de las tasas judiciales pueda impedir el acceso a un recurso efectivo y discriminar a los sectores más pobres de la población de Sudán..

1.3 Intimidaciones para que se retiren las denuncias o incitación a hacerlo

Las víctimas de violaciones de derechos humanos son reacias a presentar denuncias no sólo por la falta de confianza en la policía o por los obstáculos económicos que encuentran a la hora de pedir justicia, sino también porque corren el riesgo de sufrir intimidaciones de los funcionarios y las fuerzas de seguridad del Estado. La presión que se ejerce sobre quienes se atreven a presentar una denuncia parece servir para encubrir los abusos y perpetuar la impunidad de sus autores.

De acuerdo con la información disponible, en ciertos casos en que la responsabilidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas parecía recaer sobre las fuerzas de seguridad del Estado, los denunciantes han recibido la visita de miembros de éstas que les han ofrecido dinero a cambio de retirar la denuncia.

Según informes, los padres de Shamseddin Idris, que estaban considerando la posibilidad de entablar acciones judiciales por su muerte bajo custodia, ocurrida el 10 de septiembre de 2004, han desistido de hacerlo tras ofrecerles el Departamento de Seguridad Nacional una indemnización.(6)

Si las víctimas de abusos de las fuerzas armadas o sus familias tratan de pedir justicia, corren un gran riesgo de persecución. Los delegados de Amnistía Internacional entrevistaron a un hombre cuyo hermano había sido ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas armadas, que lo habían detenido y torturado deliberadamente, al parecer, hasta matarlo. El también fue detenido y torturado cuando quiso pedir justicia por el homicidio de su hermano. Además, las fuerzas de seguridad le obligaron a darles dinero. Contó lo siguiente:

Informé a la policía del asesinato de mi hermano, pero me dijeron que fuera a ver a las fuerzas armadas. Así que fui al servicio de Seguridad, donde me dijeron que informara a las fuerzas armadas. En los dos sitios me dijeron que pagara, y les di 35 millones [de libras sudanesas] en total. El 20 de agosto de 2003, alguien se puso en contacto con el oficial del ejército en Saraf Omra y me detuvieron. Las fuerzas armadas me llevaron a un campamento militar de las afueras de Kabkabiya, donde me golpearon, me ataron de pies y manos y me colgaron de un árbol desde la mañana hasta la noche. Me decían: "Tú y tu hermano prestáis apoyo a la oposición armada. ¿Dónde encontrasteis el camión y las mercancías?" Estuve detenido 12 días; y me golpeaban cinco veces al día, antes de la oración, al salir el sol, por la noche [...] Me dejaron en libertad porque uno de mis hermanos pagó siete millones de libras a un hombre que trabajaba para los servicios de información militar.

Hasta ahora no he logrado nada con mi caso, ni siquiera informar de él [...] Incluso si informas a la policía, después te detienen.(7)

Hasta la fecha, este hombre no ha podido presentar una denuncia ante ningún cuerpo de las fuerzas de seguridad sudanesas ni ante los tribunales.

1.4 Hostigamiento y detención de abogados y activistas de derechos humanos

El principio 16 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados dispone:

Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.

El trabajo de los defensores de los derechos humanos está reconocido y protegido en la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración de la sobre los Defensores de los Derechos Humanos).

Las víctimas de violaciones de derechos humanos a menudo sólo pueden confiar en abogados y activistas de derechos humanos para que las asesoren. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento sin cargos ni juicio por largos periodos y el hostigamiento a que el gobierno sudanés somete a ciertos abogados y activistas de derechos humanos. La magnitud de estas prácticas indica que son el resultado de una política gubernamental deliberada, lo que no sólo constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de quienes participan en labores legítimas de defensa de los derechos humanos, sino que también contribuye a intimidar aún más a las víctimas. Es una advertencia a la población para que sepa que las autoridades tienden a considerar subversivas las actividades humanitarias, de defensa de los derechos humanos y jurídicas, particularmente cuando se realizan en favor de las víctimas del conflicto de Darfur.

En Al Fasher, capital de Darfur Septentrional, los abogados que se ponen a menudo en contacto con víctimas de violaciones de derechos humanos de Darfur parecen trabajar con el temor constante de que les pidan que se presenten al Departamento de Seguridad Nacional. Según informes, desde que firmaron un memorándum conjunto al gobierno local en febrero de 2003, los abogados de Al Fasher están siendo objeto de creciente control, y el Departamento de Seguridad Nacional obstaculiza su trabajo. Uno abogado contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Cada 10 o 15 días me llama Seguridad. Tengo prohibido salir de Al Fasher; necesito una autorización de Seguridad. No me hacen preguntas, pero me tienen allí varias horas. Estoy siempre vigilado. No tengo miedo, porque mi cometido como abogado es trabajar por los derechos humanos. Como abogado, no me preocupa que me detengan, porque saben que conozco la ley, a quienes les preocupa es a otras personas a las que se trata injustamente cuando son detenidas. Cuando se castiga a las personas, no tienen a nadie que les proteja ni a quien quejarse.

En Nyala, a finales de julio de 2004 las fuerzas de seguridad detuvieron al abogado Aba Zer Ahmad al-Bashir. Cuando los delegados de Amnistía Internacional se reunieron con el director del Departamento de Seguridad Nacional, les dijeron que había sido detenido como sospechoso de proporcionar información sobre las fuerzas de seguridad a los "rebeldes" y a países extranjeros. El detenido explicó a Amnistía Internacional que no tenía ninguna relación con la oposición armada y que pensaba que lo habían detenido por sus vínculos con la comunidad zaghawa. Lo dejaron en libertad en octubre de 2004, tras pasar más de dos meses recluido sin cargos.

A otro abogado, Nurain Mohamed Yusuf, lo detuvieron en Nyala el 31 de julio a las 10 de la mañana. Antes de su detención había participado junto con otros letrados en un taller sobre la crisis de Darfur, en el que se habló de sí los yanyawidhabían matado a miembros de las comunidades sedentarias durante el conflicto y de los secuestros que se habían producido. En esa reunión, Nurain Mohamed Yusuf habló también con personal de la ONU. Como abogado, le pidieron también que representara a una mujer cuyo poblado había sido atacado y que había perdido a dos miembros de su familia, por lo que estaba pensando en presentar una denuncia en los tribunales para pedir una indemnización. El director del Departamento de Seguridad Nacional manifestó que Nurain Mohamed Yusuf se hallaba detenido porque se sospechaba que había proporcionado información a los "rebeldes" y que había organizado una manifestación de estudiantes en el campo de Kalma. El letrado dijo que, en el centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional, había sido golpeado en una ocasión varias veces en la cabeza y en la cara por no responder a una pregunta. Según informes, quedó en libertad en octubre de 2004.

Aba Zer Ahmad al-Bashir (centro) con otros dos reclusos en la prisión del Departamento de Seguridad Nacional de Nyala. © Evelyn Hockstein/Polaris.

Muchos letrados han dicho en varias ocasiones que el Colegio de Abogados de Sudán debería iniciar una investigación si uno de sus miembros es detenido. No parece que se haya recurrido a menudo a esta medida, probablemente como consecuencia de la distancia y la falta de comunicación entre Darfur y Jartum, donde tiene su sede el Colegio. No obstante, muchos abogados consideran que éste no es independiente del gobierno. La detención de abogados independientes y la presunta manipulación de los votos por parte de las autoridades en la última elección de su presidente en diciembre de 2001 han contribuido a empañar la imagen de independencia del Colegio de Abogados. (8) Éste insistió en su independencia en una reunión que mantuvo con los delegados de Amnistía Internacional en Jartum.

El 10 de septiembre de 2004 fue detenido, durante una visita a Jartum, Adib Abdel Rahman Yusuf(9), presidente de la Organización de Desarrollo de Sudán (Sudan Development Organisation, SUDO, organización que realiza labores de ayuda humanitaria en Darfur y de formación en derechos humanos) en Zalingei, localidad de Darfur Occidental particularmente afectada por el conflicto. No se le ha permitido ningún contacto con el mundo exterior ni ha sido acusado de ningún delito. Los delegados de Amnistía Internacional expusieron reiteradamente su caso a las autoridades del gobierno, pero no recibieron ninguna respuesta satisfactoria. Otros miembros del personal de la SUDO ya habían sufrido hostigamiento y detención anteriormente, entre ellos su director, Mudawi Ibrahim, que fue detenido en diciembre de 2003 y acusado posteriormente de delitos punibles con la muerte, sin bien en agosto de 2004 se retiraron oficialmente todos los cargos contra él.

2. Detenciones arbitrarias y encarcelamiento

Las detenciones arbitrarias y la reclusión de los detenidos en régimen de incomunicación por largos periodos y sin cargos ni juicio se intensificaron durante la situación previa al conflicto de Darfur y han seguido haciéndolo a lo largo de éste. Se llevan a cabo sin respetar prácticamente ninguna de las garantías básicas que el derecho internacional de derechos humanos reconoce a las personas privadas de libertad. Entre tales garantías figura el derecho del detenido a ser informado de los motivos de la detención, a comunicarse con sus abogados y familiares, a recibir asistencia médica, a que se informe a su familia de la detención y del lugar donde se encuentra recluido, a ser llevado con prontitud ante un juez u otra autoridad judicial y a impugnar la legalidad de la detención. Al no respetar estas garantías, las fuerzas de seguridad sudanesas responsables de estas detenciones y encarcelamientos violan también la Constitución de Sudán de 1999 y las salvaguardias contenidas en el Código de Procedimiento Penal del país.

El artículo 30 de la Constitución Sudanesa especifica que es preciso proteger a las personas de la detención arbitraría. Reza:

El ser humano es libre. No será detenido, recluido ni confinado, salvo en aplicación de una ley que lo haga necesario especificando el cargo, la duración de la reclusión, las medidas necesarias para facilitar la puesta en libertad y el respeto de la dignidad en el trato dispensado.

El Código de Procedimiento Penal de 1991 también contiene salvaguardias contra la detención arbitraria. De acuerdo con él, excepto en determinadas circunstancias (como sorprender a alguien cometiendo un delito), la persona tiene que ser detenida en virtud de una orden firmada por un fiscal o un juez que especifiquen el motivo de la detención, y es necesario leer la orden a la persona (artículos 69 y 72). Si se detiene a alguien sin orden judicial (por ejemplo, al ser sorprendido en el momento de cometer un delito), el juez o el fiscal han de ser informados de ello en el plazo de 24 horas, y la detención sólo puede ser prorrogada por un juez, al principio tres días, y luego semanalmente durante dos semanas (artículos 77 y 79). Entonces el detenido debe ser acusado formalmente o puesto en libertad, pero incluso si se presentan cargos contra él, un juez superior debe continuar prorrogando la detención cada dos semanas (artículo 79). La Fiscalía General "debe hacer visitar diariamente todas las salas de reclusión, revisar el registro de detenciones y asegurarse de que todos los procedimientos se realizan adecuadamente y de que los detenidos son tratados de acuerdo con la ley" (artículo 81).

2.1 Fuerzas de seguridad responsables de detenciones y encarcelamientos

Son varias las fuerzas de seguridad de Sudán responsables de las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos, a saber: el Departamento de Seguridad Nacional (también llamado Fuerzas de Seguridad Nacional), los servicios de Seguridad Militar o servicios de Información (al amn al askario istijbarat), una sección de estos conocida como servicios de Seguridad "Positiva" (al amn al iyabi) y la policía, incluida su unidad de investigaciones criminales. Se dice que incluso la milicia yanyawidpractica a veces detenciones.

Las fuerzas de seguridad sudanesas están complementadas por fuerzas paralelas que parecen nutrirse de partidarios ideológicos del gobierno. Por ejemplo, los servicios de Seguridad "Positiva" son el brazo ideológico de los servicios de Seguridad Militar; la policía cuenta con un cuerpo paralelo conocido como Policía Popular (al-shurta al sha’biya) y con la denominada Policía de Orden Público, que se ocupa de los delitos relativos al código indumentario, el orden público y el consumo de alcohol, y las fuerzas armadas sudanesas se complementan con las Fuerzas Populares de Defensa, fuerza paramilitar paralela, cuyos miembros reciben formación ideológica antes de ser enviados a primera línea.(10)

El Departamento de Seguridad Nacional funciona en el marco de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, aprobada por el Parlamento en 1999, que le concede atribuciones para mantener a cualquier persona recluida en régimen de incomunicación, sin cargos y sin acceso a un abogado, un fiscal ni un juez por determinado periodo. El artículo 31 de la Ley, reformado en julio de 2001, aumenta este periodo de 63 días a 9 meses como máximo. Su sección a) permite a las fuerzas de seguridad detener a una persona y mantenerla recluida sin acceso al mundo exterior durante 3 días, prorrogables 30. Si es sospechosa de "delitos contra el Estado", su detención puede ser prorrogada un mes más por el director de las fuerzas de seguridad y dos meses más si el Consejo de Seguridad Nacional está de acuerdo. La sección b) del artículo 31 dispone que "en circunstancias que siembren el pánico en la sociedad y amenacen la paz y la seguridad de los ciudadanos, como el robo armado o la discordia religiosa o racial", el director del Departamento de Seguridad Nacional puede recluir a una persona por un periodo de tres meses, prorrogable una vez por el director y una vez más con el consentimiento del Consejo de Seguridad Nacional. Este artículo es poco preciso, y se ha interpretado de manera que pueda aplicarse a numerosas actividades pacíficas y legítimas.

El artículo 32 de la Ley ofrece algunas garantías a los detenidos. Dispone que han de ser informados del motivo de su detención, que tienen derecho a informar a su familia "si no se perjudica la marcha del interrogatorio"(11) y que un fiscal de la Fiscalía General ha de inspeccionar los centros de detención. Estas salvaguardias son insuficientes e incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos; además, las fuerzas de seguridad hacen habitualmente caso omiso de ellas.

Los delegados de Amnistía Internacional tuvieron la oportunidad de reunirse con el director del Departamento de Seguridad Nacional en Nyala y en Al Fasher y fueron informados de que, de acuerdo con el estado de excepción vigente, las fuerzas de seguridad podían practicar detenciones si les parecía conveniente. Se justificó cada caso de detención señalando que la persona en cuestión era sospechosa de haber transmitido información a grupos armados. En Nyala, los delegados de Amnistía Internacional obtuvieron un acceso sin precedente al centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional, donde se entrevistaron en privado con detenidos. Todas las personas detenidas por el Departamento de Seguridad Nacional se hallaban recluidas sin cargos, en algunos casos desde hacía meses. No habían sufrido malos tratos, excepto en un caso. Estas facilidades de acceso no las tuvieron posteriormente otros observadores de derechos humanos de Darfur.

En Al Fasher, el director del Departamento de Seguridad Nacional insistió en que las fuerzas de seguridad desempeñaban una función legal asignada por la Asamblea Nacional y no reconoció la falta de salvaguardias suficientes para los detenidos en la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional. Con respecto a las personas recluidas en régimen de incomunicación, señaló que sus familiares podían ponerse en contacto con la oficina de información de las fuerzas de seguridad de Jartum. Incluso si las familias de los detenidos conocieran la existencia de tal oficina e incluso si se atrevieran a enfrentarse al clima de temor e intimidación que rodea las actividades de las fuerzas de seguridad para presentar una denuncia ante tal organismo, las que vivieran en Darfur encontrarían indudables obstáculos logísticos y económicos que les impedirían obtener más información sobre los detenidos.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene una comisión de denuncias, con la que las organizaciones de derechos humanos y los abogados pueden ponerse en contacto en caso de detención. Aunque esta comisión ha ofrecido a veces garantías de que el detenido está recibiendo un buen trato, la mayoría de las veces no se comunica a los familiares y los abogados el motivo de la detención ni se les concede acceso al detenido. El Consejo Asesor de Derechos Humanos, organismo gubernamental que escribe al Departamento de Seguridad Nacional para pedir información sobre los casos de detenidos que le exponen las organizaciones de derechos humanos, ha dicho a Amnistía Internacional que muchas de sus solicitudes de información no reciben respuesta. Un miembro del poder judicial ha admitido que tales detenciones se han practicado "de acuerdo con la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, y nosotros no tenemos autoridad sobre ellos".Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente la anulación de artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional.

Los servicios de Seguridad Militar y Seguridad "Positiva" son fuerzas que rinden aún menos cuentas que el Departamento de Seguridad Nacional; nadie sabe cuántas detenciones practican ni, en la mayoría de los casos, el nombre de los detenidos. Ambos son secciones internas de las fuerzas armadas sudanesas. Al parecer, los servicios de Seguridad "Positiva" son un órgano ideológico, vinculado al partido en el poder, el Congreso Nacional. Ambas fuerzas son sospechosas de cometer actos terribles de tortura a detenidos. Una autoridad judicial ha señalado:

La ley no permite a los servicios de Seguridad Positiva detener a nadie; tienen que trasladar a la persona a la Fiscalía General y a la policía. Pero, por desgracia, a veces no siguen los procedimientos.

Con respecto a la reclusión bajo custodia de la policía, normalmente está vigilada por el poder judicial y se atiene a las disposiciones y procedimientos del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la La Ley sobre de Fuerzas Policiales. Sin embargo, no siempre se respetan las salvaguardias establecidas para proteger a las personas detenidas por la policía. Uno de los principales problemas de estas personas son las malas condiciones de reclusión, que a veces ponen en peligro su vida. Los detenidos se quejan a menudo de recibir alimentos de mala calidad y sólo una vez al día, de falta de higiene y de tener normalmente que pagarse ellos mismos o por mediación de su familia los medicamentos cuando tienen que recibir tratamiento médico. Una persona que estuvo recluida en la prisión de Nyala describió así el trato que le habían dispensado allí:

Nos tienen controlados con el agua. Sólo nos dan agua una vez a la semana; si quieres más tienes que pagar al guardia (cuesta 2.000 libras sudanesa el bidón, que traen de fuera).

2.2 Detenciones debido al origen o la filiación personal, como medio de intimidación

En Jartum, desde 2002 era habitual detener a las personas originarias de Darfur. Tal práctica ha persistido a lo largo de 2004.(12) Muchas de las detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad anteriormente mencionadas parecen haberse llevado cabo sin más motivo que la pertenencia a determinados grupos étnicos, normalmente a los representados en los grupos armados de oposición de Darfur (los zaghawa, fur, masalit y otros grupos más pequeños) o a familias que disfrutan de cierta posición social dentro de esos grupos.

En octubre de 2004, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios familiares de Abdel Wahid Mohamed al-Nur, presidente del Ejército de Liberación de Sudán, uno de los grupos armados de Darfur. Otro familiar suyo, Saleh Mahmud, defensor de los derechos humanos, pasó más siete meses detenido entre febrero y el 1 de septiembre de 2004.

El 11 de octubre, la fuerzas de seguridad detuvieron a Abdel Hafiz Mohamed al-Zubair, a un hermano de éste, Mansur Mohamed al-Zubair,y a Ibn Omer Abdel Latif, todos ellos estudiantes, así como a Faki Abdel Rasul Abdallah, pariente suyo de 60 años, en cuya casa se alojaban en Jartum. A las tres de la madrugada, unos 22 agentes de seguridad vestidos de civil y armados saltaron, según informes, la valla de la casa, situada en la zona de Omdurman, e irrumpieron en ella. Despertaron a las personas que se encontraban durmiendo en su interior, les pidieron sus documentos de identidad y se las llevaron en automóvil a la oficina del Departamento de Seguridad Nacional en Jartum Norte. Según informes, amenazaron a los detenidos con matarlos y arrojar sus cadáveres al mar, diciéndoles: "Así no tendremos que rendir cuentas". Al día siguiente, los detenidos fueron sometidos a un interrogatorio, en el que les preguntaron su nombre, la tribu a la que pertenecían y su filiación política, así como si tenían alguna relación con el partido de oposición Congreso Popular. Los cuatro fueron golpeados por dos agentes de seguridad, uno de los cuales era, al parecer, un conocido especialista en torturas, mientras que el otro estaba especializado en "puñetazos". Esa misma noche dejaron en libertad a Abdel Hafiz Mohamed al-Zubair, Ibn Omer Abdel Latif y Faki Abdel Rasul Abdallah. Mansur Mohamed al-Zubair continuó detenido, debido probablemente al hecho de ser miembro del sindicato de estudiantes de Yebel Marra de la Universidad de El Nilein. Según informes, fue golpeado brutalmente.

Ese mismo día, a medianoche, unos agentes de seguridad irrumpieron en la casa de Amin Mahmud, hermano de Saleh Mahmud, en Jartum, y obligaron a las personas que se encontraban en ella a permanecer de cara a la pared mientras les registraban sus bolsas y comprobaban sus documentos de identidad. Según informes, cuando el dueño de la casa preguntó por qué hacían eso, los agentes dijeron que un capitán suyo les había dado orden de registrar la casa. Los agentes detuvieron a tres jóvenes –Abu Hanifa Zain al-Abdin, abogado en prácticas; Ja’far Abaker Mohamed Osman, desempleado, y Mahmud Mohamed Adam– en cuyas bolsas habían encontrado: un escrito al ministro de Estado de Asuntos Sociales y Humanitarios en el que solicitan una aportación para la reconstrucción de la casa de un familiar que los yanyawidhabían quemado en Yebel Marra, el cartel de un simpósium sobre derechos humanos, un carné de afiliado al partido registrado Al Adala (Justicia) y una lista de nombres de desplazados internos de Darfur residentes en el campo de Mayo de Jartum. Los tres fueron llevados a la oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Jartum Norte, donde pasaron la noche y fueron amenazados para que confesaran que pertenecían a grupos armados de Darfur o al Congreso Popular o para que dieran información sobre personas que no habían sido detenidas aún. A la mañana siguiente, preguntaron a Abu Hanifa Zain al-Abdin su nombre, la tribu a la que pertenecía, la zona de Darfur de la que procedía, su relación con Abdel Wahid Mohamed al-Nur y Amin Mahmud y su filiación política. Lo dejaron en libertad tras hacerle firmar un "código de conducta" y decirle que se presentara en la oficina de las fuerzas de seguridad al cabo de unos días. Ja’far Abaker Mohamed Osman también quedó en libertad, pero Mahmud Mohamed Adam continuo detenido, tras haber sido golpeado brutalmente. Otro detenidos contaron que "tenía la cabeza y la pierna derecha muy hinchadas, y los ojos se le salían de la cara". Uno de ellos explicó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Estoy enojado, porque las fuerzas de seguridad están atacando a los fur, sobre todo a los que proceden de Thur, a las familias que viven en Umbadda y Mayo [distritos de Omdurman donde viven gran número de personas de Darfur] y a los parientes de Saleh Mahmud. Yo no tengo filiación política; sin embargo, nos han humillado, insultado y torturado. No pueden diferenciar entre la política y los ciudadanos normales. Me han insultado también al preguntarme: "¿Por qué pierdes el tiempo viniendo a vivir a Jartum?".

Anteriormente ya habían sido detenidos en Jartum otros estudiantes de Darfur. El 23 de septiembre de 2004, las fuerzas de seguridad detuvieron y llevaron a su oficina de Jartum Norte a Faisal Da’ud Abdel Rahman, de 26 años, estudiante de Economía en la Universidad de Jartum y secretario general de la Asociación de Estudiantes de Darfur, y a Abdel Rahman Mohamed Abdel Rahman, presidente de dicha Asociación. Según informes, ambos recibieron brutales palizas. Abdel Rahman Mohamed Abdel Rahman quedó en libertad al día siguiente, pero Faisal Da’ud Abdel Rahman continúa, al parecer, detenido. Se teme por su seguridad y por su salud. El 7 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional detuvo a Jalal al-Din Ibrahim Ismail, de 23 años, alumno de la facultad de Tecnología de la Universidad de Sudán, en el distrito de Al Ushara de Jartum, donde había ido a visitar a los familiares de otros estudiantes que habían sido detenidos. Lo detuvieron junto con Ibrahim Yaqub, dueño de la casa donde se practicaron las detenciones, y Abdelaziz Abdallah Da’ud, su hijo.

Las fuerzas de seguridad irrumpen a menudo en los campos de desplazados de los alrededores de la capital y detienen a personas de Darfur. El motivo de las detenciones no parece ser otro que el lugar de origen de los desplazados. A principios de octubre se detuvo a varios darfuríes residentes en el campo de Mayo. Entre ellos figuraban: Saber Abaker Bahr al-Din, abogado de Yebel Marra; Ja’far Ahmad Tarbush, ingeniero de Yebel Marra; Abdel Khaleq Abaker Bahr al-Din, estudiante; Nagmeddin Mohamed Abdel Mawla, estudiante; Al-Sadiq Yahya, estudiante; Jilani Abdallah Mohamed Sharaf, de Shataya, localidad de los alrededores de Nyala; Abdel Mawla(se desconoce el resto de su nombre), licenciado en electrónica y profesor; Abaker Mohyeddin, de 15 años; Faisal Tiko, Hassan "Torabora",(13)e Ismail (se desconoce el resto de su nombre), estudiante de la Universidad de El Nilein.

El riesgo de ser recluido en régimen de incomunicación por largos periodos es muy grande. Algunos de los darfuríes detenidos desde febrero de 2004 continúan privados de libertad sin cargos y, en la mayoría de los casos, en régimen de incomunicación. No se ha ofrecido ninguna explicación de su detención. Amnistía Internacional cree que se encuentran recluidos por su origen étnico. Entre ellos figuran:

- Ma’mun Issa Abdel Gader, de 50 años, líder fur de Niyertiti, localidad próxima a Yebel Marra, controlada por Abdel Wahid Mohamed al-Nur, presidente del Ejército de Liberación de Sudán. Fue detenido en febrero de 2004 y recluido en el ala de seguridad de la prisión de Kober. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de Dabak, situada al norte de Jartum, y luego a la de Wad Medani, ciudad que se encuentra al sur de la capital. A su familia sólo se le ha permitido visitarlo una vez. Sus abogados han presentado una solicitud para que lo dejen en libertad, pero aún no han recibido respuesta del poder judicial. No se le ha imputado jamás ningún cargo ni ha recibido visitas de abogados.

- Abubaker Sharaf al-Din, fur de Zalingei, detenido en enero de 2004 en Jartum. Según informes, se encuentra recluido en la prisión de Kober.

- Babiker Abdallah Atim, abogado de Kabkabiya, detenido en Jartum en febrero de 2004.

- Abdallah Abaker, de Deleij, localidad próxima a Garsila, Darfur Occidental. Es comerciante, y vivía en el campo de desplazados internos de Mayo, en Jartum. Al principio estuvo recluido en Kober, y luego lo trasladaron a Dabak. Según informes, ahora se encuentra en la prisión de Al Domer, situada al norte de Jartum.

- Ibrahim Ali Sharaf al-Din, de Zalingei. Era empleado del Al Baraka Bank, de Jartum. Al principio estuvo recluido en la prisión de Kober y luego en la de Dabak. Según informes, ahora ha sido trasladado a la prisión de Wad Medani.

- Bahar al-Taher(apodado "Jirjira" o "Yiryira"), estudiante de entre 25 y 30 años. Es el líder comunitario (omda) de Yiryira, localidad situada al norte de Darfur, en lugar de su difunto padre. Según informes, se encuentra recluido en la prisión de Kober.

2.3 Detenciones de desplazados internos: contrainsurgencia, negación del derecho a la libertad de expresión y reasentamiento forzoso

En Darfur, los desplazados internos y los civiles de las zonas que el gobierno y los grupos rebeldes se disputan están expuestos constantemente a que los detengan. Se ha detenido a desplazados internos por haber hablado de su difícil situación, normalmente con extranjeros, o por dar a conocer las necesidades de sus comunidades, protestando, por ejemplo, por las iniciativas de devolución de desplazados tomadas por el gobierno, a menudo sólo por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, las fuerzas de seguridad del gobierno han detenido a personas que vivían en lugares atacados por rebeldes, con el pretexto de que, probablemente, sabían algo o habían prestado apoyo a los rebeldes. Las detenciones llevadas a cabo por estos motivos fueron práctica común de las fuerzas de seguridad del gobierno durante los conflictos del sur de Sudán o de los montes Nuba, en los que se tachaba a los civiles de "quinta columna". Otra modalidad de detenciones son las que se practican, particularmente en el estado de Darfur Meridional, en el contexto de los intentos del gobierno de expulsar o reasentar por la fuerza a los desplazados, violando con ello las normas internacionales y los acuerdos que ha alcanzado con la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones. Se está deteniendo a muchos desplazados en asaltos de la policía a los campos, lo que constituye un claro indicativo del intento de intimidar a comunidades enteras de desplazados para que se sometan a la presión ejercida por el gobierno para su reasentamiento forzoso.

A raíz de unos enfrentamientos que estallaron el 1 de octubre en el campo de Zam Zam entre los desplazados internos y la policía, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos desplazados. El primero de éstos, Ahmad Saleh Arja, fue detenido el 5 de octubre y estuvo bajo custodia de la policía en Al Fasher hasta el día siguiente, cuando lo dejaron en libertad gracias a la mediación de los observadores de derechos humanos de la ONU. El segundo, Tareq Arabi Nasir, también fue detenido el 5 de octubre. Según informes, sufrió tortura durante su reclusión a manos de miembros de los servicios de Seguridad Militar y quedó en libertad el 8 de octubre. Tales detenciones no sólo niegan a los desplazados internos su derecho a la libertad y a la libertad de expresión, sino que son también una forma de intimidación con la que se pretende impedir que hablen. A todos y cada uno de los desplazados del campo de Zam Zam parece venírseles enseguida a la cabeza el caso de Ahmad al-Nur Mohamed, individuo muy crítico a quien habían elegido como portavoz, cada vez que alguna delegación extranjera se dirige a ellos. Ahmad al-Nur Mohamed, de etnia zaghawa y de cuarenta y tantos años, huyó al campo de Zam Zam tras un ataque que los yanyawidlanzaron contra Tawila a final de febrero de 2004. A raíz de los contactos que mantuvo en junio de 2004 con una delegación extranjera de alto nivel, ante la que denunció las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo, la policía intentó detenerlo, pero los desplazados internos lo rodearon e impidieron que se lo llevaran. Días después, Ahmad al-Nur Mohamed desapareció del campo. Sus dos esposas y sus diversos hijos continúan allí, pero no han vuelto a saber nada de él.

Un estudiante de Kass, localidad de Darfur Meridional donde han buscado refugio unas 60.000 personas desplazadas por el conflicto, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

En julio estaba trabajando para una organización internacional con otros colegas, y fuimos a los campos de desplazados internos a recoger información. Allí nos enteramos de numerosos casos de violación. Luego, el 18 de agosto, las fuerzas de seguridad me detuvieron durante cuatro días. Iba de camino a la Universidad cuando alguien vestido de civil me dijo que lo acompañara. Cuando llegué a la oficina de las fuerzas de seguridad, me preguntaron que qué relación tenía con esta organización y me dijeron que nuestro gobierno dice que no tenemos que ayudar a esas organizaciones. Me retuvieron durante cuatro días, pero no averiguaron nada de mí. Me ofrecieron dinero por espiar a la organización, pero me negué. Luego me dejaron en libertad.

Entre el 31 de julio y mediados de agosto se detuvo a unos 190 desplazados internos en el campo de Kalma. Algunas de estas detenciones guardaban relación con la oposición de los desplazados a los planes del gobierno de devolverlos a los poblados de donde habían huido, y otras se practicaron tras el linchamiento en el campo, el 12 de agosto, de un hombre que, según los desplazados, era miembro de la milicia yanyawid.La policía, ayudada por agentes del Departamento de Seguridad Nacional, registró el campo en busca de armas. Los detenidos denunciaron posteriormente que les habían golpeado con palos durante su primera noche de reclusión. La mayoría quedaron en libertad sin cargos, pero 49 de ellos fueron acusados formalmente de "causar disturbios". Uno de los que fueron puestos en libertad contó a los delegados de Amnistía Internacional que, cuando la policía y las fuerzas de seguridad lo estaban golpeando, le dijeron: "No te comuniques con los jawayas(14)y deja de intentar convencer a los desplazados de que no regresen a sus poblados". Se dijo que uno de los desplazados detenidos, Abdallah Bashir,(15) estaba hospitalizado cuando los demás comparecieron ante los tribunales, pero no se lo ha localizado en ningún hospital de la zona. Amnistía Internacional cree que ha "desparecido". Los delegados de la organización preguntaron su paradero al director del Departamento de Seguridad Nacional en Nyala, pero les dijeron que todos los desplazados detenidos en Kalma en agosto habían sido entregados a la policía. Amnistía Internacional expresó también su temor al jefe de la policía de Nyala, quien afirmó que no había nadie de ese nombre recluido en la prisión general de Nyala.

Las fuerzas de seguridad del gobierno han reaccionado con contundencia contra los desplazados internos y los civiles tras los ataques rebeldes a ciertas zonas. El 2 de octubre, el inspector jefe de la policía de Al Fasher viajó a Tawila con un convoy humanitario del gobierno. Fueron atacados por un grupo armado que mató a un miembro de las Fuerzas Populares de Defensa e hirió a dos agentes de policía. Las autoridades locales procedieron a registrar varias casas de Tawila, y el 4 de octubre la unidad de investigaciones criminales de la policía detuvo a 12 hombres –Salah Beshir Ahmad, Harun Ibrahim Adam, Al-Sadiq Abdallah Abdel Karim, Abdallah Jibril Arbak,

Amir Bakhit Nour, Abdallah Ahmad Adam, Saleh Suleiman Adam, Al-Sadeq Abdallah Abdel Mawla, Yunis Ahmad Abdallah, Jamal Fakhreddin Hussain, Abdallah Harun Hussain y Adam Adam Mohamed Ibrahim–, todos los cuales estuvieron al principio recluidos en régimen de incomunicación. Según informes, 10 de ellos fueron trasladados a la prisión de Shalla de Al Fasher, concretamente a un ala a la que ninguna autoridad ajena a la prisión tiene acceso. Al parecer, seis son alumnos del instituto de enseñanza secundaria de Tawila. La información disponible indica que Salah Beshir Ahmad y Abdallah Jibril Arbak fueron golpeados brutalmente por todo el cuerpo con barras metálicas. Dos de los 12 detenidos han sido puestos bajo custodia de los servicios de Seguridad "Positiva", lo que revela cuán estrecha es la cooperación entre la policía y los servicios de Seguridad Militar. No han sido acusados de ningún delito común reconocible.

El 6 de octubre, el ejército y los servicios de Seguridad Militar detuvieron a 11 personas entre los poblados de Janjonat y Labanti, cerca de Duma, localidad situada unos 12 Km al norte de Nyala, en una zona donde se dice que hay grupos armados de oposición activos. Uno de los detenidos fue puesto en libertad sin cargos, pero los servicios de Seguridad Militar mantuvieron recluidos a los otros 10 durante 4 días antes de trasladarlos a la comisaría de policía. Al parecer, todos ellos se encuentran ahora recluidos en la prisión de Nyala. Entre los detenidos habían cuatro menores: Hamid Abdel Majid Atim, de 17 años, miembro del grupo étnico birgid; Adam Ramadan Adam, de 13; Abdel Aziz Salah Ati, de 14, y Mohamed Mahmud Abdallah Hasan, de 15. Los otros son: Abaker Harun, de 35 años; Musa Ahmad Mohamed Khamis, de treinta y tantos; Adam Harun Mohamed, de 25, miembro del grupo étnico tunjur; Mohamed Ibrahim Adam, de 30; Adam Ahmad Mohamed,y Yaqub Abdallah Yaqub, de 18. Según informes, los golpearon con palos y les dieron patadas por todo el cuerpo para obligarlos a confesar su presunta relación con grupos armados de oposición. Cuatro de ellos –Yaqub Abdallah Yaqub, Musa Ahmad Mohamed Khamis, Hamid Abdel Majid Atim y Mohamed Mahmud Abdallah Hasan– fueron acusados de pertenecer al Ejército de Liberación de Sudán en aplicación de artículos que prevén la pena de muerte. Al final se retiraron los cargos por falta de pruebas.

El 22 de septiembre de 2004, un grupo político armado que se llamaba a sí mismo Al Shahamay que decía estar vinculado a los grupos armados de Darfur y al Congreso Popular atacó la localidad de Ghibaish, situada en el estado de Kordofan Septentrional, en la frontera oriental del estado de Darfur Septentrional. Según informes, saqueó dos bancos y la oficina local de zakat,(16)asaltó la comisaría de policía, liberó a los reclusos de la prisión local y luchó contra la policía y las fuerzas armadas y de seguridad del gobierno antes de marcharse de la ciudad. No se tuvo noticia de que resultara muerto o herido ningún civil. Según informes, el 26 de septiembre las fuerzas de seguridad detuvieron y torturaron a un comerciante local, al que dejaron posteriormente en libertad. Al detenerlo lo acusaron de encontrarse en el automóvil del grupo armado que había atacado la ciudad. Las autoridades detuvieron a otras personas en Ghibaish después del ataque rebelde, entre ellas Hamid Hamoda Kharala Hamid, Tayeb Abdel Majid, Haj al-Amin Mudawi(del Congreso Popular), Ja’far Nasreddin(del Congreso Popular), Abdel Rahman Mohamed Abaker(del Congreso Popular) y Tariq Issa Hamid Fadlallah, quienes, según informes, fueron golpeados por las fuerzas de seguridad. Al parecer todos estos detenidos quedaron posteriormente en libertad, pero tienen que presentarse todos los días a las fuerzas de seguridad. Se ignoran los motivos de su detención.

El 1 de noviembre, a las nueve de la noche, la policía llegó al campo de Otash, en Nyala, y dijo a los jeques de los residentes que quería trasladar a éstos. Los policías se marcharon, pero regresaron a medianoche y golpearon a algunas personas, llevándose detenidas a nueve. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de policía de Nyala Central, donde los golpearon de nuevo y les afeitaron la cabeza. Posteriormente los trasladaron a la prisión, donde estuvieron recluidos hasta el 4 de noviembre, cuando fueron puestos en libertad bajo fianza. Desde entonces reciben atención en el Centro Amel para el Tratamiento y la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, de Nyala.

En una incursión realizada por la policía en el campo de Al Geer, de Nyala, el 10 de noviembre se detuvo al menos a 46 desplazados internos. Muchos fueron golpeados brutalmente en el campo, así como una vez detenidos. Uno de los jeques de los desplazados, Taher Hasaballah, fue trasladado al hospital debido a las lesiones que sufrió al ser torturado. Veinte de los detenidos, incluido un periodista estadounidense, quedaron en libertad bajo fianza el 11 de noviembre con la mediación de la ONU. Otros 25, incluidas al menos 13 mujeres, fueron puestos también en libertad bajo fianza durante los días siguientes. A los 46 detenidos se les aplicaron los artículos 51 y 69 del Código Penal sudanés, en los que se tipifican "delitos contra el Estado". Están pendientes de juicio.

2.4 Detenciones relacionadas con una presunta conspiración del partido Congreso Popular

Los días 29 y 30 de marzo de 2004 se detuvo a más de 15 miembros del Congreso Popular, así como a 10 militares, la mayoría de los cuales eran de Darfur. Fueron acusados de varias cosas, especialmente de preparar un golpe de Estado y la voladura de una central eléctrica. En general se pensó que las detenciones guardaban relación con los vínculos entre el Congreso Popular y el grupo armado de Darfur Movimiento Justicia e Igualdad. En mayo de 2004 habían sido detenidos ya unos 69 seguidores de Hassan al-Turabi.

El 9 de septiembre de 2004, tras anunciar que se habían encontrado armas en una casa de Jartum, el gobierno sudanés acusó al Congreso Popular de preparar un "sabotaje" contra él. El 15 de septiembre, el ministro de Justicia anunció la creación de un comité, encabezado por el fiscal general, Salah Abu Zaid, para investigar el presunto "sabotaje", así como el rumor de que había una lista de autoridades del gobierno a las que se pensaba asesinar y de que se estaba preparando un golpe de Estado. En una semana se detuvo a más de 60 personas en Jartum, incluidos muchos darfuríes que no estaban relacionados con el Congreso Popular. Entre los detenidos figuraban miembros destacados del partido, así como componentes de sus bases, en particular estudiantes. El riesgo de tortura es especialmente grande en el caso de los estudiantes y de las personas procedentes de zonas marginadas, como Darfur: dos estudiantes detenidos en septiembre de 2004 murieron bajo custodia. El 13 de septiembre, Hassan al-Turabi, líder del Congreso Popular, que llevaba varios meses bajo arresto domiciliario sin que se hubieran presentado cargos contra él, fue trasladado a la prisión de Kober. También fueron detenidos y llevados a la prisión su hijo, Siddiq al-Turabi, y varios altos cargos del partido, entre ellos Ibrahim al-Sanusiy Mohamed al-Amin Khalifa. Al parecer, Siddiq al-Turabi ha sido trasladado a Port Sudan, en el este del país. Durante la visita que Amnistía Internacional realizó a Sudán en octubre, las fuerzas de seguridad seguían valiéndose, al parecer, de la excusa de la presunta conspiración para detener en Jartum a personas procedentes de Darfur. Ninguna de las personas detenidas desde septiembre ha tenido acceso a su familia ni a un abogado, ni ha sido acusada tampoco de ningún delito común reconocible.

Entre los detenidos figuran cuatro personas buscadas, al parecer, por las autoridades a raíz de la presunta intentona golpista de marzo. Yusuf Mohammad Saleh Libis, ingeniero de 40 años, de origen zaghawa, partidario del Congreso Popular, se encuentra recluido en régimen de incomunicación desde septiembre de 2004, al parecer en la prisión de Kober. A pesar de haber sido detenido en relación con la presunta conspiración de marzo de 2004, no ha sido acusado formalmente de ningún delito ni llevado a los tribunales junto con los demás detenidos de marzo. Ya había sido detenido varias veces anteriormente. A principios de febrero de 2002 fue detenido y llevado a las oficinas de las fuerzas de seguridad de Jartum, donde lo interrogaron durante 12 días y, según informes, le impidieron dormir, para dejarlo luego recluido en régimen de aislamiento durante varias semanas antes de trasladarlo a la prisión de Kober, Su madre, de 70 años, no obtuvo permiso para verlo más que dos o tres veces, cuando llevaba ya tres meses recluido en régimen de incomunicación, pero luego le prohibieron visitarlo, pues, como la mujer sólo hablaba zaghawa y no sabía árabe, los guardas del servicio de seguridad encargados de vigilar la conversación no la entendían. En noviembre de 2003, al cumplirse el plazo de nueve meses de detención estipulado en el artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, Yusuf Mohammad Saleh Libis quedó en libertad, pero cinco días después lo volvieron a detener en aplicación del mismo artículo y estuvo varios meses recluido.

Se detuvo también a otras personas simplemente, al parecer, porque eran familiares de miembros de Congreso Popular buscados por las fuerzas de seguridad y podían ser utilizadas como "rehenes". Por ejemplo, en septiembre de 2004 fue detenido en Jartum Mohamed Nasreddin Tambur, estudiante fur, a cuyo hermano las fuerzas de seguridad buscaban, según informes, en relación con el presunto sabotaje preparado por el Congreso Popular. La información disponible indica que las fuerzas de seguridad lo obligaron a punta de pistola a telefonear a su hermano para concertar una cita con él. Al final no pudieron detener al hermano cuando acudió a la cita. Mohamed Nasreldin Tambur continúa detenido en la oficina de las fuerzas de seguridad de Jartum Norte. Jalal al-Din Shaid, abogado de origen nigeriano, fue detenido también el 7 octubre en lugar de su hermano Badawi, a quien las autoridades buscan en relación con la intentona golpista del Congreso Popular. Se cree que se encuentra recluido en las oficinas de las fuerzas de seguridad de Jartum Norte.

Las fuerzas de seguridad detuvieron también a familiares de Al-Haj Adam Yusuf, quien, según las autoridades, es el principal responsable de la intentona golpista del Congreso Popular y que, al parecer, ha huido del país. Se detuvo a dos cuñados suyos: Jar al-Habib Mohamed Ibrahim, detenido en Rashad, localidad de las montañas de Juba, en Kordofan, a comienzos de octubre, y Ramadan Mohamed Ibrahim,detenido en su granja de Soba, localidad situada al sur de Jartum. El 15 de octubre detuvieron también en su casa, en Jartum, a un hermano de Al-Haj Adam Yusif, Ahmad Mohamed Adam Yusif, estudiante. Al parecer, se encuentra recluido en el centro de detención de las fuerzas de seguridad de Jartum Norte.

A raíz de la presunta conspiración llevada a cabo por el Congreso Popular en Jartum también se ha detenido a miembros del partido en Darfur. El 15 de septiembre se detuvo en Al Fasher a Abdallah Adam Juma(líder del Congreso Popular en Darfur), Hamza al-Hadi, Mohamed Johar Suleiman, Mossad Dak Mohamed Ali Haggar, Mohamed Abdallah Issa Azraq, Osman Ibrahim, Adam Hamid Limuny Jamali Hassan Jalal al-Din(abogado). Todos ellos quedaron en libertad poco después y no sufrieron malos tratos durante su detención, excepto Mohamed Abdallah Issa Izerik, a quien, según informes, las fuerzas de seguridad golpearon en la cara después de propinarle patadas y azotes. De acuerdo con la información disponible, también fueron detenidos 11 miembros del Congreso Popular, incluido un tal Abu Seri, que es, al parecer, maestro, en Um Hosh, cerca de Tawesha, en el este de Darfur Septentrional. Según parece, todos éstos fueron trasladados en helicóptero a Al Fasher y golpeados públicamente en el aeropuerto de esta localidad. Se cree que se encuentran bajo custodia de los servicios de Seguridad "Positiva", pero nadie sabe qué suerte han corrido.

2.5 Detenidos puestos en libertad

Las autoridades sudanesas han dejado en liberad a algunos detenidos, pero hay que señalar que lo han hecho debido únicamente a la intensa y constante presión ejercida caso por caso por distintos agentes internacionales, como organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, abogados, departamentos de derechos humanos de embajadas extranjeras y de la ONU y observadores del alto el fuego de la Unión Africana. Amnistía Internacional pide al gobierno que tome medidas en relación con este asunto y no sólo en los casos particulares sobre los que se ejerza presión internacional. La organización insta a que se deje en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia.(17) Pide asimismo que se deje en libertad a los presos políticos si no están acusados de ningún delito común reconocible.

El 7 de agosto de 2004, las autoridades sudanesas retiraron todos los cargos presentados contra el defensor de los derechos humanos Mudawi Ibrahim Adam, algunos de los cuales estaban penados con la muerte. El detenido quedó en libertad y puede ya continuar con sus actividades de defensa de los derechos humanos. El 1 de septiembre de 2004 fue puesto en libertad otro defensor de los derechos humanos, Saleh Mamad, quien llevaba más de siete meses recluido. Abazar Ahmad Abu al-Bashir, abogado de Al Yeneina, quedó en libertad el 18 de septiembre, dos días después de que una delegación de Amnistía Internacional fuera a visitarlo al centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional de Nyala. Se encontraba recluido sin cargos desde el 24 de julio y se le había negado el acceso a un abogado Según informes, entre agosto y septiembre de 2004 quedaron en libertad unas 47 personas detenidas entre el 26 de junio y el 3 de agosto, tras haber hablado con miembros de delegaciones extranjeras en el campo de desplazados internos de Abu Shouk, cerca de Al Fasher, y en Kabkabiya. La detención de algunas de ellas a raíz de haber hablado con el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell; el ministro francés de Asuntos Exteriores, Michel Barnier, o los observadores del alto el fuego de la Unión Africana,(18) hizo que se ejerciera presión diplomática sobre el gobierno sudanés. Ninguna de estas personas puestas en libertad pudo impugnar la legalidad de su detención durante el tiempo que estuvo reluida ni recibió ninguna indemnización por haber sido detenida ilegalmente.

Según informes, el 1 de octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres líderes comunitarios residentes en el campo de Kalma –los jeques Tijani Adam Tahir(dirigente fur de Wadi Saleh, cerca de Zalingei) y Salah Abdel Gader(dirigente fur de Shataya, al sur de Kas), y Adam Hussain, secretario de los jeques– después de la oración del viernes en una mezquita de Nyala. Durante el mismo periodo iba a haber sido detenido también, según informes, otro líder comunitario, Osman Adam.Los detenidos estuvieron recluidos en el centro de detención de las fuerzas de seguridad de Nyala sin acceso al mundo exterior. No se presentaron jamás cargos contra ellos. Al parecer, dos de ellos fueron detenidos por haberse pronunciado enérgicamente en contra de los intentos de las autoridades locales de animar a los desplazados internos a regresar a sus zonas de origen. Tijani Adam Tahir había participado el 29 de septiembre en el campo de Kalma en una reunión con la comisión de ayuda humanitaria del gobierno y representantes de organismos de la ONU, en la que, según informes, criticó la política de regresos del gobierno. De acuerdo con la información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional acusó a Adam Hussain de introducir clandestinamente armas en el campo de Kalma con ayuda del representante del Ejército de Liberación de Sudán en la comisión de alto el fuego de la Unión Africana en Nyala. Aunque se lo solicitaron reiteradamente, el director del Departamento de Seguridad Nacional en Nyala no quiso conceder a los representantes de la ONU y las ONG y organizaciones internacionales de derechos humanos acceso a los líderes comunitarios, alegando que la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional le otorgaba atribuciones para mantener recluida en régimen de incomunicación a cualquier persona hasta que se realizara la debida investigación. Los detenidos, que recibieron fuertes palizas durante su reclusión, quedaron en libertad el 13 de octubre.

El primer día de la festividad de Eid al Fitr, con que se celebra el fin del Ramadán, fueron puestos en libertad Ibrahim al-Sanusi y otros dos altos cargos del Congreso Popular. Según informes, durante el Ramadán se excarceló a más de 20 dirigentes del partido. Su líder, Hassan al-Turabi, y el hijo de éste, Siddiq, continúan detenidos.

Sin embargo, tan pronto como se deja en libertad a una persona se detiene arbitrariamente a otras en aplicación de la misma legislación represiva de seguridad. En cada caso de detención que trata con representantes del gobierno, la comunidad de defensores de los derechos humanos continúa encontrando los mismos obstáculos jurídicos, debido en particular a los amplios poderes para practicar detenciones que concede el artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional.

3. Tortura

El derecho de toda persona privada de libertad a recibir un trato humano se halla recogido en las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Sudán es Estado Parte; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado unánimemente por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1988, y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Sudán firmó en 1986 y que, aunque no la haya ratificado aún, está obligado, en virtud del derecho internacional, a respetar no tomando ninguna medida contraría a su finalidad y objetivo.

El artículo 30 de la Constitución sudanesa también protege el derecho de todo detenido a no ser torturado ni maltratado. Asimismo, el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal de Sudán dispone que todo acusado ha de ser tratado con dignidad, que tiene derecho a comunicarse con un abogado y a informar a su familia de su situación y a reunirse con ella, que no puede ser trasladado de lugar de detención sin autorización y que puede recibir alimentos, ropa y libros. Incluso la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional menciona, en su artículo 32, que no se debe dañar "física ni moralmente" al detenido.

La reclusión sin acceso al mundo exterior o no sometida a la autoridad del poder judicial crea las condiciones necesarias para practicar tortura. El hecho de que casi todos los miembros del Departamento de Seguridad Nacional, la policía o los servicios de Seguridad Militar y Seguridad "Positiva" puedan torturar con impunidad a los detenidos les anima a continuar haciéndolo. El artículo 33.b de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional permite a los agentes de éstas cometer cualquier acto con casi total impunidad, pues dispone: "No se entablará ningún proceso civil ni penal por ningún acto relacionado con la función oficial del miembro salvo con consentimiento del director".

3.1 Casos de tortura

Las fuerzas de seguridad sudanesas someten habitualmente a tortura a los detenidos. El método más común de tortura y maltrato consiste en propinar a la víctima fuertes palizas, azotándola con mangueras o látigos o dándole patadas. Se han dado casos en los que le han arrancado las uñas o le han hecho quemaduras con cigarrillos. A veces se ata al detenido y se lo cuelga boca abajo. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no parece torturar a todas las personas que detiene, la mayoría de ellas están expuestas a sufrir tortura en el momento de la detención y durante su reclusión en régimen de incomunicación. Con frecuencia, si se libran de sufrir tortura es porque son políticos famosos o disfrutan de una alta posición social; no obstante, si las fuerzas de seguridad consideran que tienen motivos para detener a alguien de gran renombre, a veces lo maltratan igualmente. La mayoría de los actos de tortura parecen tener por objeto obtener confesiones de los detenidos, a veces con miras a entablar acciones judiciales contra ellos.

Amnistía Internacional entrevistó a varias víctimas de tortura durante su vista a Darfur y otras partes de Sudán de septiembre y octubre de 2004. Según los informes, todas las personas que han estado bajo custodia de los servicios de Seguridad Militar y Seguridad "Positiva" han sufrido tortura. Amnistía Internacional cree que, comparados con el Departamento de Seguridad Nacional, estos servicios torturan sistemáticamente a los detenidos.

El 1 de agosto de 2004, los servicios de Seguridad "Positiva" detuvieron a 12 personas, todas las cuales eran de Mellit, localidad situada al norte de Al Fasher y controlada por el gobierno. Entre ellas había cuatro mujeres –Mariam Mohamed Dinar, Su’ad Ali Khalil, Su’ad al-Nur Abdel Rahman yFatima Rahma–, que se encuentran recluidas actualmente en la prisión de mujeres de Al Fasher. Dos de los ocho hombres restantes – Al Dakiry Ahmad Yusuf–son soldados, por lo que están recluidos en la prisión militar. Los otros seis –Hamed Ismail Jedo, Abdallah Mohamed Nur, Sabri Adam Nurain, Haytham al-Tahir, Omer al-Toum yAdam Mohamed Suleiman (empleado del consejo rural de Mellit)– se encuentran en la prisión de Shalla, de Al Fasher. Cuando se practicaron las detenciones, las autoridades locales anunciaron que habían descubierto una trama de personas de Mellit que pretendían grabar una cinta de vídeo falsa para hacer creer que se cometían violaciones en la región. Algunas fuentes oficiales atribuyeron tal complot a grupos rebeldes, otras, a una "ONG internacional" que había pagado, decían, a unas personas para que grabaran ese vídeo. Amnistía Internacional entrevistó a las cuatro mujeres detenidas en Al Fasher, todas las cuales informaron de que habían sido torturas a manos de los servicios de Seguridad "Positiva". La organización no visitó a los hombres detenidos por el mismo caso; no obstante, se dice que Abdallah Mohamed Nur y Sabri Adam Nurein han sufrido lesiones en el pecho y el escroto, respectivamente, a causa de torturas.

A Mariam Mohamed Dinar y a Su’ad al-Nur Abdel Rahman las detuvieron por separado en Mellit tres miembros de los servicios de Seguridad "Positiva", los mismos en ambos casos. A las dos, les dijeron que los siguieran y se las llevaron a la fuerza a una base militar de las montañas situadas al sur de Mellit. Una vez allí, las golpearon brutalmente y les dieron patadas por todo el cuerpo. Los miembros de los servicios de Seguridad "Positiva" incluso se subieron encima de ellas, pisándolas con sus botas militares. Durante las palizas, les preguntaron si sabían algo de un video o de un estudio de rodaje de Mellit perteneciente a un hombre llamado"Siddiq". Luego las llevaron en automóvil a la oficina de los servicios de Seguridad "Positiva" en Al Fasher. Al llegar a la ciudad, las cubrieron con plásticos para que nadie las viera. Su’ad Ali Khalil fue detenida en el Mercado de Al Fasher por los mismos miembros de los servicios de Seguridad "Positiva", que le preguntaron si conocía a Mariam Mohamed Dinar y la llevaron a la fuerza a su oficina. A Fatima Rahma la detuvieron también esos tres hombres (a uno de los cuales conocía, porque no había querido casarse con él) en su casa, después de preguntarle si conocía a Su’ad al- Nur, que es pariente suya.

Durante alrededor de un mes las cuatro mujeres fueron torturadas todos días en la oficina de los servicios de Seguridad "Positiva", de donde las llevaban por la noche a una oscura celda de la prisión de mujeres de Al Fasher. Mariam Mohamed Dinar sufrió torturas brutales. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente:

Me llevaron a una sala con 10 hombres, me quitaron el tobe(19) y me pusieron un trapo en los ojos. Me levantaron la ropa y comenzaron a castigarme con un cinturón hasta la noche. Me tiraron de las uñas con un cortador hasta hacerme sangre, y con un lapicero me escarbaban y decían: "vas a confesar esta historia".También me tuvieron un día al sol. Luego me llevaron a otra sala y me dieron patadas y puñetazos. Todavía me duelen los costados"

Fatima Rahma que, quizá por rencor personal, también fue torturada brutalmente, dijo:

El agente de seguridad a quien conocía me dio patadas con sus botas y puñetazos en la cara y en los pies. El castigo continuó, y los otros dos me golpearon también con su cinturón, diciendo: "Si quieres quedar en libertad, di la verdad". El castigo continuó durante nueve días. A veces me dejaban días al sol. Caí enferma.

Algunas de las mujeres confesaron el complot bajo coacción. Según informes, Su’ad Al Nur no fue torturada con tanta brutalidad, aparentemente porque la coaccionaron para que dijera que las otras mujeres habían participado en la grabación del vídeo sobre violaciones, pues contó lo siguiente:

Me llevaron fuera y me dijeron que sabían que yo no había hecho el video pero que tenía que decir que sí. Luego me castigaron muy fuerte. Al día siguiente dije que había hecho las imágenes.

Mariam Mohamed Dinar contó:

Después de esa tortura, fui obligada a confesar la historia. No firmé nada, pero escribieron un documento. Pusieron un papel para taparme los ojos y me grabaron con una cámara de vídeo que llevaban al hombro. Luego nos grabaron a Su’ad y a mí en distintas situaciones: sentadas, de pie, con teléfonos, y nos obligaron a decir por esos teléfonos que lo habíamos hecho.

Al cabo de un mes, las cuatro mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía y llevadas ante un juez, al que dijeron que habían sido torturadas para hacerlas confesar su participación en la grabación de un vídeo. Según informes, el juez ordenó que fueran trasladadas de nuevo a la oficina de los servicios de Seguridad "Positiva", porque pretendían modificar su confesión, y una vez allí fueron torturadas de nuevo. Los tres agentes que las habían detenido les dijeron: "La Fiscalía es nuestra, de la Seguridad Positiva". Diez días más tarde, las trasladaron a un hospital tras haber pedido unos abogados particulares que se les hiciera un examen médico. Actualmente están sujetas a la autoridad de dos miembros de la Fiscalía que parecen haber investigado seriamente su tortura y han prometido que serán puestas en libertad si se prueba ésta. Sin embargo, a las cuatro mujeres, así como a los ocho hombres detenidos por el mismo caso, se les han aplicado los artículos 60, 63, 64, 50 y 146 del Código Penal de Sudán, algunos de los cuales tipifican delitos penados con la muerte. Aunque el examen médico es gratuito, los medicamentos tienen que pagarlos los detenidos o sus familias. Las cuatro mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tienen niños o familiares enfermos a su cargo. Afirmaron rotundamente que ignoraban por qué las habían detenido y que no sabían nada del presunto vídeo.

Otras personas detenidas por los servicios de Seguridad "Positiva" también han sufrido graves torturas. En agosto de 2004, se detuvo y se torturó, azotándolos y causándoles quemaduras, a Suleiman Mahmud Abaker, Mohamed Ali Mu’miny Mohamed Saleh Mohamed Yahya.El 30 de septiembre, los servicios de Seguridad "Positiva" detuvieron también a Abdel Rahman Yahya, policía que trabajaba en el tribunal de Al Fasher, acusándolo de haber introducido clandestinamente armas en el campo de desplazados de Zam Zam. Fue torturado tan brutalmente que sufrió una fractura de la pierna derecha. Su familia lo trasladó a un hospital de Jartum para que recibiera cuidados intensivos.

Según informes, el 26 de septiembre el jefe de la policía local y varios agentes detuvieron a un comerciante de Ghibaish, localidad que había sido atacada recientemente por grupos armados de oposición. Lo obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta de la policía y lo torturaron allí mismo mientras el vehículo daba vueltas al mercado. Le hicieron cortes en la parte posterior de las piernas con bayonetas. Según informes, la policía disparó contra un funcionario judicial que trató de intervenir para que se pusiera fin a los malos tratos. Los informes indican que llevaron al hombre a la comisaría y, delante de miembros de las fuerzas de seguridad, la Fuerzas Populares de Defensa y el Congreso Nacional, lo arrojaron al suelo y lo golpearon brutalmente, mientras unos policías le sujetaban los brazos y las piernas. Los delegados de Amnistía Internacional vieron las marcas de tortura que tenía en la espalda, la parte posterior de la pierna y los brazos, así como un informe médico en el que se confirmaba la presencia de golpes en el cuello y los hombros, sangre en el cráneo, golpes en las piernas y el pecho y un corte en la pierna.

Los yanyawid también han hecho amplio uso de la tortura en las zonas bajo su control tras atacar, matar y expulsar a la población. M., líder comunitario de Margasa, DarfurOccidental, explicó así a Amnistía Internacional cómo había sido torturado en For Burunga:

Me tuvieron allí, bajo el árbol, desde las tres hasta las ocho de la tarde. Luego me hicieron sentarme; me ataron las piernas al cuerpo, con las manos a la espalda, y me pusieron un palo por debajo de las piernas. Me colgaron boca abajo del árbol, con el palo por debajo de las rodillas, y me balancearon. Me golpearon con palos y con látigos en los pies. Debía de haber 15 yanyawid. Me quitaron toda la ropa y me quedé desnudo. Me dejaron bajo el árbol colgado boca abajo con otra persona hasta la mañana siguiente. Me leyeron los nombres de 97 Tora Borade Andra Gro y me llamaron cosas feas. Esto continuó durante tres días: me golpeaban todos los días, y por la noche me colgaban boca abajo debajo del árbol.

No nos daban nada de comer y sólo un poco de agua. Nos restregaban pilipili(pimiento picante) en los ojos y la nariz. Nos ponían una manta alrededor de la cabeza y la ataban muy fuerte. Al cuarto día nos dijeron, a otro líder local y a mí, que les caváramos un pozo. Nos arrojaban agua fría cuanto teníamos el cuerpo caliente y no nos daban agua para beber; nos hacían trabajar para ellos y a veces disparaban contra nosotros

3.2 Muertes bajo custodia a causa de torturas

A veces, la tortura a que las fuerzas de seguridad someten a los detenidos es tan brutal, que causa su muerte. El 26 de agosto, en Mellit, los servicios de Seguridad Militar detuvieron a Adam Suleiman Abaker, Bishara Issa Adam, Abaker Ahmad, Abdelrahman Mohamed Abdel Hadi, Osman Abdallah, Abdallah Adam Issa, Adam Ahmad Suleiman ySiddiq Abdallah Abdallah. Aunque todos ellos eran civiles, los recluyeron en el cuartel militar de Mellit, donde fueron torturados. Abdelrahman Mohamed Abdel Hadi murió bajo custodia ese mismo día, a consecuencia, según informes, de lesiones graves causadas por torturas. La información disponible indica que los servicios de Seguridad Militar intentaron que sus familiares se llevaran el cadáver, pero que éstos se negaron. Al final, unos funcionarios lo enterraron cerca del hospital de Mellit. Los demás detenidos, que también sufrieron lesiones a causa de la tortura, quedaron en libertad posteriormente.

En septiembre de 2004 murieron bajo custodia dos estudiantes detenidos en el contexto de la campaña de represión emprendida contra el Congreso Popular.(20) El 10 de septiembre, Shamsaddin Idris, estudiante nuba de la Universidad de Al Nilein, murió bajo custodia un día después de su detención. La policía dijo a su familia que había muerto de "dolores estomacales", pero la autopsia reveló que había sufrido una conmoción cerebral y presentaba hematomas en las piernas, el abdomen y el hombro izquierdo. A los familiares del segundo estudiante no se les entregó ningún certificado de defunción ni se les permitió enterrar el cadáver. Abdel Rahman Suleiman Adamera el primogénito de la familia, a cuyo sustento contribuía trabajando en el mercado, si bien no tenía parientes próximos en la capital, sino que su familia vivía en Nyala, Darfur. Se dijo que había dejado unas armas relacionadas con la presunta intentona golpista en casa de un tío suyo en Jartum. El 10 de septiembre, unos agentes de seguridad se presentaron en la casa y la registraron, así que la familia le previno para que no volviera. Él telefoneó el domingo 12 de septiembre para decir que se quedaba en casa de una tía. A la mañana siguiente salió con sus primos, que le vieron subir a un autobús. Esa misma noche, del lunes 13 de septiembre, los servicios de Seguridad Nacional se pusieron en contacto con su tío y lo llevaron al Hospital de Jartum, donde le mostraron el cadáver de Abdel Arman Suleiman Adam, diciéndole que éste había muerto al intentar saltar de un automóvil. Sin embargo, le enseñaron sólo la cabeza y el cuello del cadáver y no le permitieron telefonear a otros parientes para que acudieran al entierro. Abdel Rahman fue enterrado en el cementerio de Al Sahafa de Jartum sin certificado de defunción ni permiso de enterramiento. La familia acudió diariamente a la sede central del Departamento de Seguridad Nacional en Jartum para solicitar el certificado, pero siempre le decían que volviera al día siguiente.

Según la agencia de noticias Reuters, el vice presidente primero, Ali Osman Mohamed Taha, contó a unos periodistas el 13 de septiembre que se había abierto una investigación sobre la muerte de Shamsaddin Idris y que "en circunstancias de este tipo, en las que hay batallas [...] pueden producirse incidentes. Pero es la ley la que dispone, y no hay órgano ni aparato en este Estado que esté por encima de ella [..] ni siquiera los servicios de seguridad del Estado". Los delegados de Amnistía Internacional que viajaron a Sudán se entrevistaron con un representante de la sección de asuntos jurídicos del Departamento de Seguridad Nacional quien les aseguró que se había iniciado una investigación sobre ambas muertes bajo custodia y que, si se determinaba que algún miembro de las fuerzas de seguridad era responsable de malos tratos, sería juzgado ante un tribunal de Seguridad o un tribunal penal ordinario. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, el Departamento de Seguridad Nacional no ha publicado hasta la fecha las conclusiones de tal investigación; de hecho, no se sabe si ésta se ha realizado realmente.

3.3 Impunidad en casos de tortura

La impunidad abrumadora de que disfrutan los torturadores anima a seguir cometiendo tortura. Una organización sudanesa de derechos humanos que presta asistencia médica y asesoramiento jurídico a víctimas de tortura ha documentado centenares de casos de tortura, incluso con datos médicos, y ha intentado iniciar acciones judiciales contra presuntos torturadores. Las denuncias se presentan en la Fiscalía de Jartum, pero no sirven de nada, porque el artículo 33 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional concede inmunidad a éstas. Sólo el director del Departamento de Seguridad Nacional está autorizado a levantar la inmunidad de sus miembros; el poder judicial no tiene atribuciones para supervisar de ningún modo a las fuerzas de seguridad. Al parecer son centenares las denuncias de tortura contra miembros de las fuerzas de seguridad que hay pendientes. Los activistas de derechos humanos esperan que se ponga fin a la impunidad de las fuerzas de seguridad tras la firma del acuerdo de paz entre el norte y el sur y que esas denuncias den lugar a procesamientos.

Amnistía Internacional conoce sólo dos casos en que parece haberse impugnado la inmunidad de las fuerzas de seguridad. El primero trata de la tortura de cuatro personas de etnia nuba en Dongola, norte de Sudán, en junio de 2003, que causó la muerte bajo custodia de una de ellas, Ramadan Ismail, y obligó a permanecer largo tiempo hospitalizada en estado de coma a otra, Juma Omer El Nur.(21) Según informes, un tribunal de las fuerzas de seguridad juzgó a tres agentes de éstas, a los que, además de retirar de sus puestos, condenó a pagar una multa y a un año de prisión. Sin embargo, no hay información sobre si en el juicio se respetaron las normas internacionales de justicia procesal ni sobre si ofreció una indemnización a las víctimas de la tortura y a sus familias. No hubo supervisión independiente del juicio.

El otro caso guarda relación con la muerte bajo custodia de Abdel Rahman Mohamed Abdel Hadi el 26 de agosto de 2004 en Mellit. Su madre presentó una denuncia en la delegación de la Fiscalía General en Mellit, y, según informes, la policía inició una investigación sobre presuntas torturas en septiembre de 2004. Se dice que entre los sometidos a tal investigación figuran tres agentes de los servicios de Seguridad Militar y dos soldados, pero no se sabe aún si se han presentado cargos contra ellos.

4. Investigaciones del gobierno sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Darfur y sus autores

Ante la creciente presión internacional, incluidas las demandas de las resoluciones 1556 y 1564 del Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno ha anunciado públicamente o informado de la adopción de medidas contra un limitado número de personas que, según informes, son yanyawidy sospechosos de homicidios y saqueos en Darfur. Estos poquísimos casos de detención y juicio contrastan acusadamente con los centenares que hay de detención de civiles, desplazados internos, activistas de derechos humanos y políticos acusados de criticar a las autoridades o de apoyar a los grupos rebeldes. Es evidente que la mayoría de los abusos contra los derechos humanos perpetrados en Darfur en los últimos 20 meses continúan sin investigarse y que sus autores, tanto los que los han cometido directamente como los que los han ordenado cometer, no han sido puestos a disposición judicial. La policía y el poder judicial, al preguntarles por las investigaciones sobre los homicidios en gran escala cometidos en la región, responden invariablemente que no se conoce a los autores. Al no hacerse públicos sus resultados, las investigaciones anunciadas por el gobierno, incluidas las de la comisión nacional de investigación de abusos contra los derechos humanos cometidas por grupos armados en Darfur, parecen servir para proteger a las autoridades, más que para hacer justicia a las víctimas. El trabajo de estas comisiones no ha ido seguido de acciones judiciales contra los autores de los abusos.

4.1 Medidas deficientes contra los denominados "autores" de los abusos cometidos en Darfur

El 23 de abril de 2003, las milicias yanyawidatacaron Mulli, localidad situada al norte de Al Yeneina, cuando la gente salía de la mezquita después de la oración de mediodía. Dispararon contra la multitud, agredieron a algunas personas y saquearon la plaza del mercado. Murieron 46 personas en total, en el momento del ataque o posteriormente, a causa de heridas. Los habitantes de Mulli dijeron más tarde que, aunque había una comisaría de policía a 15 kilómetros, la policía tardó tres o cuatro horas en llegar. Explicaron que, aunque le dijeron que los atacantes habían huido hacia el sur, la policía marchó hacia el norte y detuvo a 11 hombres a los que encontró cuidando de sus rebaños. Estos 11 hombres, detenidos presuntamente al azar, fueron las últimas personas a las que se iba a detener en todo un año en la zona por atacar poblados y matar a civiles. Tras asaltar el Ejército de Liberación de Sudán el aeropuerto de Al Fasher dos días más tarde, las milicias yanyawidatacaron poblados y mataron a civiles con impunidad. El caso se llevó a juicio ante el Tribunal Penal Especializado de Al Yeneina en septiembre, aparentemente gracias a la insistencia del abogado de las familias de las víctimas. Dos de los policías que habían practicado las detenciones se retractaron de sus declaraciones y los 11 detenidos fueron absueltos.

Un miembro del poder judicial dijo a Amnistía Internacional en Darfur Septentrional que se había detenido a unas 18 personas tras un ataque que las milicias del gobierno habían efectuado contra el mercado de Kabkabiya el 18 de diciembre de 2003. Los detenidos habían sido recluidos en la comisaría de policía de Kabkabiya. La investigación sobre el ataque no ha concluido aún. El funcionario que informó a Amnistía Internacional no sabía si los 18 detenidos habían sido acusados formalmente de algún delito ni si continuaban privados de libertad.

En julio de 2004, el gobierno sudanés anunció que unos 10 "miembros de los yanyawid"habían sido detenidos, juzgados ante el Tribunal Penal Especializado de Nyala y condenados a seis años de prisión y a sufrir "amputación cruzada" (amputación de la mano derecha y el pie izquierdo). En el anuncio del gobierno no se especificó de qué delitos habían sido declarados culpables los condenados. Los denominados "miembros de los yanyawid"aparecieron en la televisión sudanesa diciendo que el gobierno no les habían armado. Las personas mostradas en televisión eran presuntos delincuentes acusados de robo a mano armada (haraba), que llevaban más de un año detenidos en Nyala. Según abogados de esta ciudad, en el Tribunal Penal Especializado de Nyala no había registro del juicio. Amnistía Internacional pudo confirmar que se había juzgado a cinco personas, una de las cuales, Ali SidAhmad, empleado del Agricultural Bank de Nyala, había sido declarada culpable de desfalco y condenada a pagar una multa de 2.080 millones de dinares sudaneses en julio. Según informes, a otra de estas cinco personas se le había impuesto una pena de amputación cruzada, contra la que apeló.

En septiembre y octubre de 2004, el Mecanismo Conjunto de Implementación de la ONU, que se encarga de vigilar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad por el gobierno sudanés, fue informado por el Consejo Asesor de Derechos Humanos de que se había juzgado a varios "yanyawid". El 12 de octubre, el Tribunal Penal Especializado de Nyala condenó a la horca a siete personas pertenecientes al grupo étnico iregat, tras declararlas culpables de asesinato y robo a mano armada por un ataque de octubre de 2003 contra el poblado fur de Haluf. Según informes, los condenados estaban detenidos desde 2003; el fiscal no presentó pruebas sustanciales contra ellos, y la persona que los había denunciado no compareció en el juicio, por lo que la defensa no pudo hacerle ninguna pregunta. Sin embargo, los testigos de descargo sin comparecieron ante los tribunales y afirmaron que los acusados no se encontraban en Haluf cuando se produjo el ataque.

El gobierno informó también de que, el 4 de octubre de 2004, el Tribunal Penal Especializado de Al Yeneina habían juzgado a Mohamed Barbary Hasab al- Nabi, miembro del grupo étnico awlad zaid, en aplicación de los artículos 175 (sobre robo a mano armada) y 182 del Código Penal de Sudán y lo había condenado a tres años de prisión y a pagar una multa de un millón de dinares sudaneses. Según informes, el acusado fue declarado culpable de participar en el incendio del poblado de Dorti Mongash, Darfur Occidental, y de robo de ganado. Haciendo caso omiso de las peticiones de Amnistía Internacional, el gobierno no ofreció información sobre las pruebas presentadas contra él, ni sobre si se había declarado o no culpable y si se le habían proporcionado los medios adecuados para su defensa en el juicio.

Incluso en los casos en que la responsabilidad de los abusos parece recaer en presuntos partidarios de la oposición al gobierno, las víctimas y sus familias no se benefician de normas básicas de protección, como la confidencialidad. El 20 de octubre de 2004, el Consejo Asesor de Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa en el que se afirmaba que un grupo armado había secuestrado y violado a cinco niñas de entre 11 y 16 años en la localidad de Kulbus. Según informes, la policía ha recibido un informe médico y está investigando lo ocurrido. Los nombres de las niñas se anunciaron y distribuyeron públicamente, sin tener en cuenta su edad ni el riesgo de que fueran estigmatizadas o sufrieran represalias. Aunque toda investigación exhaustiva de abusos que se realice es motivo de satisfacción, cabe la posibilidad de que ese comunicado de prensa fuera un instrumento de propaganda (es decir, un medio de anunciar que la oposición armada comete abusos) más que una muestra de la debida consideración a las supervivientes de la violación.

Amnistía Internacional ha podido confirmar que, como informó el gobierno sudanés,(22) los policías Hisham Mahdi y Nasreddin Ibrahim Malik fueron detenidos en Al Fasher, acusados de violar a una niña desplazada en el campo de Abu Shouk en septiembre de 2004. Ambos fueron retirados de sus puestos en espera del resultado de la investigación correspondiente. Sin embargo, la familia de la víctima lleva algún tiempo sin ponerse en contacto con sus abogados, posiblemente porque ha sufrido intimidaciones.

4.2 Investigaciones inexistentes o interrumpidas sobre autores de violaciones de derechos humanos

La impunidad de las violaciones graves de derechos humanos es un fenómeno profundamente arraigado. En una visita a los tribunales de Al Yeneina, Darfur Occidental, en la que pudieron reunirse con jueces y fiscales, los delegados de Amnistía Internacional observaron que, entre mayo de 2003 y marzo de 2004, aunque se habedan destruido centenares de poblados y miles de civiles habían sido víctimas de homicidio ilegítimo, sólo se había abierto una causa contra presuntos autores de homicidios durante ataques a poblados. En este caso, en el que se había matado a ocho policías, los detenidos fueron absueltos. Al preguntar los delegados cómo era posible que, con tantos miles de personas asesinadas y tantos bienes destruidos y robados, no se hubiera entablado acciones judiciales, los jueces explicaron que el poder judicial sudanés no podía hacer nada sin pruebas y que no había "ni pruebas ni denuncias".

En la mayoría de los casos denunciados a la policía o al poder judicial se dice a los denunciantes que no se puede hacer nada porque "no se conoce a los autores". A menudo quienes atacan los poblados se ocultan la cara con turbantes y atacan en grupos muy numerosos para que las víctimas no les puedan identificar individualmente. Otras justificaciones ofrecidas a los denunciantes o a los delegados de Amnistía Internacional son la seguridad imperante en general en la región o la falta de medios, que impiden a la policía y a la Fiscalía desplazarse al lugar de los hechos para realizar investigaciones exhaustivas. Las autoridades aseguraron a los delegados de Amnistía Internacional que las denuncias que habían recibido permanecerían abiertas hasta que se encontrara a los autores de los delitos cometidos. Sin embargo, es poco probable que, con tal falta de disposición oficial, se haga un seguimiento de los informes de violaciones de derechos humanos. Las víctimas y los abogados sostenían en privado que no se van a realizar investigaciones sobre las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en Darfur, porque tales investigaciones conducirían invariablemente a autoridades del gobierno de las que se dice que han dirigido o fomentado los ataques contra civiles. El gobierno sudanés no está dispuesto a detener a nadie que pueda aportar pruebas condenatorias de apoyo oficial a una campaña de devastación. Respondiendo a un periodista que le hizo una pregunta sobre el inicio de procesamientos por crímenes de guerra cometidos en la región, un miembro de las milicias dijo:

Soy militar [..] Si me llevan a los tribunales, llevarán a todo el gobierno. Estamos juntos en esto.(23)

Incluso si las víctimas conocen a los autores de los abusos, las autoridades no siempre toman medidas. En marzo de 2004, tras un saqueo perpetrado en Radom, poblado fur situado 15 Km al este de Nyala, por un grupo de hombres armados vestidos de uniforme, las víctimas informaron de ello a la policía, pero no parece que ésta tomara ninguna medida. Al parecer, el grupo armado tenía su campamento en un valle de las inmediaciones del poblado, llamado Haras. Según informes, en otro ataque a Radom efectuado el 7 de octubre, el mismo grupo hizo disparos al aire, agredió a una mujer, mató a una persona con discapacidad mental y expulsó del poblado a sus habitantes. Estos, que huyeron al campo de Kalma, volvieron a informar de lo ocurrido en la comisaría de policía de Kalma. Al parecer, el grupo armado es responsable de muchos ataques efectuados en la zona entre abril y octubre de 2004, entre ellos los lanzados contra los poblados de Al Nur, Fasha, Radom, Abu Azam, Takala, Ta’aisha, Tebeldiya, Firingo, Aishna y Baba. Según informes, la policía no quiso atender las denuncias de los habitantes de Radom sobre los ataques de octubre, porque no podía desplazarse hasta la base del grupo armado. Parece que parte de éste está establecido ahora en Radom.

Amnistía Internacional habló también con un policía de Hilla Zaghawa, poblado de la zona de Bulbul Dalal Hangara que fue incendiado parcialmente y saqueado el 27 de enero de 2004 por miembros de grupos nómadas de sus alrededores. Dijo que los habitantes del poblado conocían a 40 de los atacantes y que habían tratado en vano de hacer que los detuvieran. Informaron del ataque a la policía de la zona, que no hizo nada a pesar de que ellos mismos le proporcionaron combustible y alimentos para viajar. Los habitantes de Hilla Zaghawa creen que la policía local fue cómplice en los ataques, porque estaba a solo 300 metros del poblado cuando se produjeron. Posteriormente fueron a denunciar lo ocurrido a la policía de Nyala,(24) que el 23 de febrero de 2004 emitió una orden de detención contra los presuntos responsables y trasladó la solicitud a la policía de las inmediaciones de Hilla Zaghawa. Al parecer, 10 de los atacantes se unieron a las Fuerzas Populares de Defensa dos meses después del ataque. El policía con el que habló Amnistía Internacional escribió al departamento de asuntos jurídicos de las Fuerzas Populares de Defensa, que le dijo que escribiera al departamento de asuntos jurídicos de las fuerzas armadas, el cual le remitió otra vez al anterior. Según informes, la policía de Nyala también escribió a las Fuerzas Populares de Defensa para pedir que pusieran a esos 10 hombres a disposición judicial, pero fue en vano.

4.3 Comisiones gubernamentales de investigación que no rinden cuentas

El gobierno sudanés ha establecido varias comisiones para investigar las violaciones de derechos humanos de Darfur, todas las cuales han tenido la oportunidad de hacer investigaciones exhaustivas y demostrar a las víctimas que sus denuncias se están atendiendo debidamente. Sin embargo, todas ellas han carecido de la independencia y de la voluntad necesarias para emprender investigaciones seriamente. En ningún caso se han hecho públicas sus conclusiones o se han puesto a disposición del pueblo de Darfur, ni tampoco se han formulado ni, por supuesto, aplicado recomendaciones.

El gobernador de Darfur Septentrional estableció dos comisiones de investigación: una sobre los ataques de Kutum de agosto de 2003,(25) en los que miembros de las milicias apoyadas por el gobierno ejecutaron extrajudicialmente a 40 habitantes de la localidad, y otra sobre el ataque a Tawila del final de febrero de 2004, en el que dichas milicias violaron colectivamente a gran número de niñas en la escuela local. Según informes, la comisión encargada de investigar lo ocurrido en Kutum tenía cinco miembros: los funcionarios Kamal Awadallah, Abdel Rahman Yaqub y Mohamed Osman AlaNur (policía) y dos líderes locales de Al Fasher. Amnistía Internacional ignora si pudieron acceder libremente a las víctimas y los testigos de los ataques. Las conclusiones de la comisión no se han hecho públicas; sin embargo, se ha dicho que informó de que los responsables formaban parte de un grupo cuyos miembros levaban uniforme militar y montaban camellos y caballos, si bien no se ha identificado a ninguno de ellos. La comisión de investigación del ataque a Tawila estaba formada, según informes, por un miembro del poder judicial, un representante del ejército y un agente de policía. Al parecer, las conclusiones de estas dos comisiones obran en poder del gobernador.

En Habila, Darfur Occidental, un bombardeo efectuado en agosto de 2003 mató a 26 personas, entre civiles y soldados de las fuerzas de gobierno de una guarnición cercana. El 10 de septiembre de 2003, el ministro de Defensa declaró que el bombardeo había sido un error y que las víctimas eran mártires, tras lo cual anunció la creación de un comité de miembros del ejército para investigar lo ocurrido. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que no se estableciera una comisión de investigación independiente. Las conclusiones de la investigación de ese comité jamás se han hecho públicas tampoco.

A raíz del informe del 7 de mayo de 2004 de la comisión de investigación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se hablaba de la existencia de un reinado del terror en Sudán y se recomendaba que, dada la gravedad de las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Darfur y la ausencia de medidas del sistema nacional de justicia para abordar el problema, se estableciera una comisión internacional de investigación, el presidente de Sudán, general Omar Al Bashir, creó una comisión interna de investigación en virtud de un decreto dictado el 8 de mayo de 2004. El cometido de esta comisión era investigar las "presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados en los estados de Darfur" y sus causas y evaluar los daños humanos y materiales. No se mencionan en la descripción del cometido las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades del gobierno o las fuerzas armadas. El presidente de la comisión es el ex presidente del Tribunal Supremo Daf’allah al-Hajj Yusuf. La comisión visitó los tres estados de Darfur, pero, según informes, solo se entrevistó con autoridades del gobierno local, miembros de las fuerzas de seguridad y la policía, jueces y los fiscales generales de distrito. Los informes indican que los únicos desplazados con que se reunió eran miembros de grupos nómadas que habían sido atacados, se decía, por grupos rebeldes y que residían en el campo de Mosai, Nyala. La comisión no ha publicado aún su informe.

Ante las acusaciones de comisión en gran escala de violaciones de derechos humanos vertidas por Amnistía Internacional y otras organizaciones, el 17 de julio el gobierno creó en los tres estados de Darfur sendos "comités de violación", formados por una jueza, una agente de policía y una funcionaria de la Fiscalía General de distrito. Amnistía Internacional se reunió con estos comités, que insistieron en que investigaban seriamente las violaciones cometidas en la región, entrevistándose con las mujeres desplazadas por el conflicto en los campos y comprobando los registros de violación de la policía. Los comités informaron de solo 50 casos de violación al gobierno de Sudán y a la ONU en septiembre, según el Consejo Asesor de Derechos Humanos. Asimismo, aunque es indudable que su trabajo se veía obstaculizado por la falta de confianza de los desplazados en las instituciones del Estado, al parecer los comités de violación anunciaron públicamente que no había casos de violación en Darfur y no se reunieron con abogados dedicados a prestar asistencia jurídica a víctimas de violación.

5. Juicios injustos

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Sudán es Estado Parte, establece unas normas básicas sobre juicios justos, entre ellas el derecho del acusado a:

§ una vista pública y con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la que el público sólo pueda ser excluido por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional;

§ ser considerado inocente y tratado como tal;

§ ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él;

§ disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y defenderse personalmente o ser asistido por un abogado defensor de su elección;

§ ser juzgado sin dilaciones indebidas;

§ hallarse presente en el proceso;

§ interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

§ no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable

§ que las pruebas obtenidas con tortura no se utilicen en los tribunales más que como pruebas contra el autor de la tortura.

Las autoridades sudanesas han menoscabado estos derechos en el sistema de justicia del país, el cual contiene procedimientos judiciales que son injustos e incompatibles con las normas internacionales. Asimismo, las autoridades se han valido de la redacción poco precisa de ciertos artículos del Código Penal de Sudán para criminalizar las críticas al gobierno.

Los juicios injustos son algo habitual en Sudán. Los juicios políticos y los juicios ante tribunales penales especializados que se celebran en Darfur son intrínsecamente injustos, pero a menudo incluso los que tienen lugar ante tribunales ordinarios incumplen las normas internacionales de justicia procesal. En algunos casos, el poder judicial parece haber anulado condenas y rechazado cargos por falta de pruebas; sin embargo, persiste la duda sobre la culpabilidad de muchas personas condenadas en juicios injustos.

5.1 Juicios ante los tribunales penales especializados

Los tribunales especiales instituidos en virtud del estado de excepción en 2001 en Darfur se convirtieron en "tribunales penales especializados" en los tres estados de la región en marzo de 2004, en aplicación de otro decreto del presidente del Tribunal Supremo de Jartum.(26) Las autoridades sudanesas afirman que estos tribunales constituyen una notable mejora en lo que al derecho a la defensa se refiere; en particular, están presididos solo por un juez civil, mientras que los tribunales especiales contaban también con miembros de las fuerzas de seguridad. Según el Ministerio de Justicia, los tribunales penales especializados son formalmente responsabilidad del poder judicial; se han creado porque se ha considerado "oportuno".

Al igual que los tribunales especiales, los tribunales penales especializados tienen su origen en el estado de excepción declarado en Darfur en 2001. Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite anular algunos derechos en caso de emergencia pública que atente contra la nación, el Comité de Derechos Humanos, grupo de expertos encargados de vigilar la aplicación del Pacto, ha manifestado que algunos de los derechos básicos del artículo 14 relativos a los juicios justos son derechos que no se deben anular. La Carta Africana no contiene ninguna cláusula de excepción, por lo que no permite anular ninguno de los derechos proclamados en ella. Algunos derechos humanos, como el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, no pueden ser anulados en ninguna circunstancia.

Los abogados de Darfur apenas advierten ninguna diferencia entre los tribunales especiales y los tribunales penales especializados. En particular, el decreto por el que se institucionalizaron éstos tampoco garantiza que las confesiones obtenidas con tortura no se utilizarán como prueba contra el acusado, ni siquiera en el caso de que éste se retracte de ellas posteriormente: no invalida el artículo 5.g del decreto por el que se crearon los tribunales especiales, en el que se especificaba que los abogados defensores no podían representar al acusado y que sólo los "amigos" de este podían comparecer ante el tribunal para ayudarlo. Aunque los abogados de los estados de Darfur Septentrional y Meridional afirman que, en la práctica, los jueces de los tribunales penales especializados les permiten representar plenamente a sus clientes, esta posibilidad se sigue dejando al arbitrio del juez. Los tribunales penales especializados continúan imponiendo la pena de muerte y penas crueles, inhumanas y degradantes, a pesar de la limitación del derecho de apelación. Si las condenas son de más de cinco años de prisión, se puede apelar contra ellas en el plazo de siete días ante el Tribunal de Apelación de Darfur, cuyas sentencias son definitivas, excepto si la pena impuesta es de amputación o de muerte, en cuyo caso se puede recurrir ante el Tribunal Supremo de Jartum y el Tribunal Constitucional, donde a veces se anula por falta de pruebas.

En palabras de un abogado de Darfur, "con los tribunales especializados existe siempre el temor de que se dicte un fallo injusto".

La competencia de los tribunales penales especializados de Darfur abarca delitos como el robo a mano armada y el bandidaje (haraba), la tenencia ilícita de armas de fuego, los delitos tipificados en los artículos 50-57 del Código Penal (delitos contra el Estado), los delitos de orden público y cualquier otro acto considerado delito por el gobernador de Estado o el presidente de la Magistratura" (artículo 4 del decreto por el que se institucionalizaron los tribunales penales especializados).

Al parecer estos tribunales han condenado a centenares de personas, principalmente por robo a mano armada y tenencia ilícita de armas. En muchos casos, les han impuesto la pena de muerte por actos que no eran letales. Por ejemplo, entre junio y agosto de 2004 al menos cinco personas fueron condenadas a muerte en Darfur Septentrional. El 12 de junio, Abdallah Mohamed al-Taherfue condenado a muerte (o a un año, como mínimo, de prisión si se anulaban los cargos en apelación); apeló contra la condena. El 21 de junio, Ali Mohamed Abdallahfue condenado a la horca por bandidaje y tenencia ilícita de armas y municiones; presentó un recurso de apelación que continúa pendiente. En julio, fue condenado también a la horca Isam Ibrahim Ahmadpor asesinato y posesión de armas y municiones; presentó un recurso de apelación. Otra persona acusada junto con él, Ahmad Ibrahim Ahmad, fue condenada a pagar una multa de 50 millones de dinares sudaneses. El 22 de agosto se condenó a Omer Hamid Suleimana la horca por tenencia ilícita de un arma. No se sabe si apeló contra la condena. Según informes, el 27 de agosto, Mohamed Adam Khamis, individuo de etnia zaghawa de 35 años, fue condenado a muerte por robo a mano armada y tenencia ilícita de un arma. Hay pendiente una apelación contra la condena.

Siete desplazados detenidos en el campo de Kalma han sido acusados del asesinato de Abdel Rahman Ahmad Madibo, voluntario de un taller organizado por una ONG internacional, el 12 de agosto de 2004. La víctima fue linchada por una multitud de desplazados internos cuando algunos de éstos dijeron que era miembro de la milicia yanyawidy que había cometido homicidios e incendiado poblados. Los siete acusados son: Suleiman Yunis Issa, Mohamedain Fadl al-Taher, Ahmad Ismail Da’ud, Harun Ahmad Jad al-Karim(dajo), Abdelmajid Jar al-Nabiy dos menores, Al-Sadiq Bakhit al-Bagir, de 17 años, Faruk Ali Yaqub, de 16. Todos han negado la acusación, y al menos uno, Faruk Ali Yaqub, asegura haber sido golpeado por un agente de policía. Están siendo juzgados ante el Tribunal Penal Especializado de Nyala.

Al parecer, la gran mayoría de las personas detenidas por cargos de este tipo son torturadas y permanecen recluidas hasta que las marcas de la tortura desaparecen. Salvo que la solicitud correspondiente de los abogados defensores vaya acompañada de gran presión internacional, en muy pocos casos son sometidos los detenidos a un examen médico Por ejemplo, Ibrahim Yaqub Bakur, de etnia zaghawa, fue detenido en enero de 2004, acusado de bandidaje, un día en que se habían saqueado dos camiones cerca de Al Fasher. Según informes, las fuerzas de seguridad lo torturaron y lo golpearon con las culatas de sus armas y con palos. Confesó el saqueo durante la tortura. No compareció ante el juez hasta el 27 de junio, cuando, según informes, dijo que había confesado bajo coacción y se retractó. Al parecer, el juez se negó a desestimar la confesión.

En febrero de 2004, tras un ataque a Shoba, Darfur Septentrional, fueron detenidos 18 habitantes de etnia gimir de Tayer, poblado próximo a dicha localidad. Todos fueron puestos en libertad enseguida, excepto cinco, Hassan Issa Abdallah, Abaker Mohamed Suleiman, Ibrahim Adam Ibrahim, Ali Abaker Adam y Sanusi Rima Gardo,que fueron recluidos en la prisión de Shalla, en Al Fasher, para ser investigados. Su detención parece estar basada en el hecho de que Shoba esté cerca de Tayer. Los detenidos han negado los actos que se les imputan. Nueve meses después de su detención, continúan privados de libertad sin juicio.

Muchas de las personas detenidas por tenencia ilícita de armas pertenecen, al parecer, a grupos agrícolas, no a las milicias apoyadas por el gobierno. Algunos abogados piensan que los tribunales penales especiales no están abordando verdaderamente el problema de la proliferación de armas pequeñas en Darfur y que juzgan a personas que llevan armas para protegerse.

Una cuestión igualmente preocupante es que las autoridades sudanesas parecen tender a utilizar a los tribunales penales especializados para juzgar a miembros de grupos rebeldes y a civiles sospechosos de prestarles apoyo. Amnistía Internacional teme que dichos tribunales, que admiten como prueba las confesiones obtenidas con tortura, sean utilizados por las autoridades sudanesas para imponer condenas de muerte u otras penas crueles, inhumanas y degradantes a este tipo de detenidos. Las autoridades sudanesas han detenido y torturado a menudo a civiles para obligarlos a confesar que pertenecen a grupos rebeldes.

Yaqub Abdallah Yaqub, Musa Ahmad Mohamed Khamis, Hamid Abdel Majid Atimy Mohamed Mahmud Abdallah Hassan, detenidos cerca de Duma el 3 de octubre de 2004 y, según informes, torturados por los servicios de Seguridad Militar, han sido acusados de pertenecer al Ejército de Liberación de Sudán. Se les han aplicado los artículos 50 (delitos contra el Estado), 51 (hacer la guerra al Estado), 58 (amotinamiento) y 107 (acogimiento de delincuentes) del Código Penal, que prevén la pena de muerte. Los acusados han recibido la visita de abogados que han solicitado que se les someta a un examen médico. Según informes, el fiscal general de Nyala desestimó todos los cargos presentados contra ellos, pues no parecía haber pruebas

Otras 13 personas, habitantes de Kassar, poblado situado 20 Km al sur de Nyala, fueron detenidas el 3 de octubre por el Departamento de Seguridad Nacional como sospechosas de prestar apoyo al Ejército de Liberación de Sudán. Al día siguiente las trasladaron a la comisaría de policía de Nyala. Aunque actualmente no se les imputa oficialmente ningún delito, Hamadain Abakery Abdel Rahman Adam Abdelrahman(líderes comunitarios, ambos), Issa Abdallah, Mohamed Issa, Ishaq Sadiq Suleiman, Mohamed Idris, Adam Adam Abdel Nabi, Abdel Jebar Bashar, Adam Ahmad Hussain, Adam Adam Mahmud, Diraije Adam Idriss, Ibrahim Abdallah Ahmade Issa Abdelrahman Shogar van a ser juzgados ante el Tribunal Penal Especializado de Nyala. Se teme que hayan sido torturados bajo custodia. Según informes han sido puestos en libertad bajo fianza en espera del juicio.

5.2 El juicio del Congreso Popular

Dieciocho personas detenidas en marzo de 2004, acusadas de conspirar para dar un golpe de Estado en Jartum, están siendo sometidas a un juicio político de gran notoriedad ante un tribunal penal especializado en "delitos contra el Estado". Las defienden un grupo de abogados famosos. Todas ellas, excepto dos, son de Darfur, y entre ellas figuran abogados del Congreso Popular, como Barud Sandal Rajab y Suleiman Sandal Haggar. Diez de ellas son oficiales del ejército sudanés. El fiscal ha imputado cargos a 36 personas en relación con el presunto golpe de Estado, algunas de las cuales no han sido detenidas aún. Cuatro de ellas fueron detenidas durante la campaña represiva llevada a cabo contra el Congreso Popular en septiembre, incluidoYusuf Mohamed Saleh Libis. Sin embargo, el fiscal no quiso incluirlas en el juicio de las 18 primeras, por lo que continúan recluidas en régimen de incomunicación.

En las primeras sesiones del juicio, los acusados negaron los cargos. El gobierno había anunciado previamente en la televisión estatal que habían confesado fomentar un golpe de Estado. Hay información creíble según la cual al menos algunos de los detenidos fueron torturados durante su reclusión en régimen de incomunicación en la prisión de Kober. Otras personas recluidas allí junto ellos y puestas en libertad posteriormente ha informado de que a Nureddin Adam Ali y a Ibrahim Sultan los golpearon delante de ellas, después de colgarlos y encadenarlos, y les arrojaron agua fría encima. No se permitió a los acusados someterse a un examen medico para comprobar estas afirmaciones.

A petición de sus abogados, los detenidos no están ya bajo custodia de las fuerzas de seguridad, sino de la policía. Se encuentran recluidos todavía en la prisión de Kober. Algunos de ellos han podido recibir visitas de sus familias.

Con respecto a las detenciones de miembros del Congreso Popular de septiembre, sus abogados defensores recibieron, según informes, una lista de 94 personas, entre las que figuraban militares, a las que se iba a procesar por su presunta participación en un golpe de Estado.

El abogado Abdel Salam al-Jizuli ha dicho a la agencia de noticias France Press: "Por extraño que parezca, la gran mayoría de ellas son personas de Darfur detenidas aquí, en Jartum [...] Casi todas son personas normales y corrientes".(27)

5.3 Otros juicios

Ni siquiera en los juicios ante tribunales penales ordinarios parecen respetarse las normas internacionales de justicia procesal, pues se dictan sentencias condenatorias en virtud de pruebas poco sólidas, obtenidas a veces con coacción, y se imponen a menudo condenas de muerte y penas crueles, inhumanas y degradantes.

Varios grupos de desplazados internos detenidos en el campo de Kalma en julio y agosto de 2004 han sido sometidos a juicio ante el tribunal penal de Nyala por delitos de "alteración del orden público". A un grupo de 21, detenidos el 31 de julio a raíz de las protestas de los desplazados internos por los intentos del gobierno de devolverlos a poblados situados en zonas inseguras, se les aplicó el artículo 69 del Código Penal de Sudán y se les impuso una pena de flagelación, un breve condena de prisión y una multa. Recurrieron contra la sentencia, y el Tribunal de Apelación anuló las penas de flagelación y prisión y redujo la cuantía de la multa, que quedó compensada por el tiempo que llevaban privados de libertad. Un grupo de 51 desplazados internos, detenidos por las fuerzas de seguridad el 15 de agosto, tres días después del homicidio de un nómada,(28) también fueron juzgados ante el Tribunal Penal de Nyala. A 49 de ellos se les impuso una pena de dos meses de prisión y una multa de 27.000 dinares sudaneses, y los otros dos fueron condenados a un mes de prisión y a pagar la misma suma. Presentaron un recurso de apelación y quedaron en libertad tras pasar un tiempo en prisión con el que se compensó la multa. Según informes, estos dos grupos de detenidos fueron golpeados por las fuerzas de seguridad en el momento de su detención con palos y mangueras. Sus abogados solicitaron exámenes médicos, pero se ignora si en los juicios se tuvieron en cuenta pruebas médicas.

Recientemente, también, se ha acusado a cuatro personas, una de ellas menor de edad, de asesinato en aplicación del artículo 130 del Código Penal de Sudán, y está previsto que sean juzgadas ante el Tribunal Penal de Nyala. Abubaker Adam Osman, joven masalit de 17 años, oriundo de Hey Karari, Nyala, fue detenido el 28 de mayo por los servicios de Seguridad Militar, que lo mantuvieron privado de libertad durante cuatro días. Afirma que, durante su reclusión, los agentes lo golpearon, lo azotaron y le dieron patadas con sus botas militares. Después lo pusieron bajo custodia de la policía. No se tiene noticia de ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura. Aún no ha sido llevado ante los tribunales.

6. Conclusión

Las autoridades continúan aplicando represivas medidas de "contrainsurgencia" en Darfur, en virtud de las cuales se priva a las personas de sus derechos humanos, se las detiene y tortura y se suprime la disidencia. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el desproporcionado número de informes que se reciben, tanto de Darfur como de Jartum, sobre detención y tortura de personas calificadas por el gobierno de "rebeldes": desplazados internos, civiles que viven cerca de lugares donde se ha atacado a funcionarios del Estado o a agentes de policía, familiares de personas buscadas o individuos que simplemente pertenecen al mismo grupo étnico que los grupos insurgentes, así como agentes de la sociedad civil sudanesa que atienden las preocupaciones de los civiles. Sometidas a la presión de la comunidad internacional, las autoridades sudanesas han detenido a algunos presuntos autores de violaciones, ataques o saqueos. No obstante, al preguntarles Amnistía Internacional por las investigaciones que pudieran haberse realizado sobre algunos de los abusos masivos cometidos, el poder judicial y la policía de Darfur contestaron que no se podía hacer nada porque "en la mayoría de los casos no se conoce a los autores". Las personas que, según dicen, han sido procesadas, no parecen guardar en ningún caso relación con las milicias yanyawidapoyadas por el gobierno.

No obstante, las fuerzas de seguridad –sean la policía, el Departamento de Seguridad Nacional, los servicios de Seguridad Militar o los servicios de Seguridad "Positiva"– no vacilan en practicar detenciones masivas de civiles cuando se producen en Darfur incidentes relacionados con la seguridad o surgen rumores de conspiración contra el gobierno, a menudo sin otro motivo que su pertenencia a determinado grupo étnico o su posición en una comunidad específica. Si las fuerzas de seguridad dedicaran sus esfuerzos a detener a los autores de los homicidios en gran escala causantes de la crisis, ya se habría puesto freno a la impunidad en Darfur.

Se necesita una presencia internacional en cada distrito de Darfur, tanto para vigilar los múltiples abusos que se siguen cometiendo contra los civiles como para generar cierta sensación de seguridad entre los traumatizados desplazados internos, que han perdido toda confianza en las autoridades. Pero esta medida no exime de tomar otras realmente necesarias: la única forma de arreglar la situación en Darfur consiste en restablecer el Estado de derecho en la región, investigar los abusos sistemáticos y en gran escala que se cometen contra los civiles y abordar el problema de la impunidad. Para conseguir esto hace falta un poder judicial fuerte e independiente, así como auténtica voluntad por parte de las autoridades para restablecer la justicia. Amnistía Internacional cree que se debe reforzar la labor de los observadores de derechos humanos de la ONU, la Unión Africana y las demás organizaciones en Darfur y en todo Sudán a fin de que tengan la capacidad necesaria para hacer un seguimiento de cada violación de derechos humanos que se cometa. No obstante, la clave para facilitar el trabajo de los observadores de derechos humanos la tiene el gobierno sudanés, que es quien debe realizar las reformas jurídicas necesarias para que se cumplan las normas mínimas de derechos humanos reconocidas internacionalmente.

Amnistía Internacional obtuvo permiso para visitar Sudán en septiembre y octubre,(29) y agradece la oportunidad que se le brindó de hablar de sus preocupaciones en materia de derechos humanos con autoridades del gobierno. Sin embargo, la posibilidad de seguir avanzando en el examen de las salvaguardias necesarias para poner fin a los abusos está bloqueada, y el motivo de ello es la insistencia de las autoridades en negar la gravedad de la crisis y su responsabilidad en ella. Haciendo caso omiso de las recomendaciones de Amnistía Internacional sobre la legislación de excepción y de seguridad, los tribunales penales especializados, la detención en régimen de incomunicación y la protección de los civiles, el gobierno continúa aplicando políticas represivas, ocultándose tras negaciones y leyes incompatibles con las normas internacionales y sirviéndose de imprecisas fuerzas de seguridad paralelas que no rinden cuentas. Parecer pensar que la comunidad internacional va a creerle o va a reducir su presión, a pesar de que la situación es totalmente insostenible. La comunidad internacional no debe aceptar esta sucesión interminable de violaciones de derechos humanos en Sudán.

Muchos de los abusos que se cometen ahora en Darfur se han cometido ya en otras partes de Sudán. El gobierno sudanés los ha justificado en muchos casos, alegando la existencia de un conflicto armado es su territorio, y los ha legalizado declarando el estado de excepción. Éste es por definición una medida legal temporal. Mantener el estado de excepción de manera permanente es una contradicción. Por desgracia, en Sudán se ha convertido en una situación prácticamente permanente, que sirve para encubrir graves abusos contra los derechos humanos. No se puede alcanzar una paz duradera si no se pone fin a la ausencia de garantías que entraña la legislación de excepción.

Amnistía Internacional pide una vez más al gobierno sudanés que reconozca las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en Darfur y las aborde de buena fe por medio de investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales. Los resultados de tales investigaciones deben darse a conocer al pueblo sudanés. Reconocer esas violaciones y pedir responsabilidades por ellas es un requisito previo para la paz y la reconciliación. La organización insta también una vez más al gobierno sudanés a que ponga fin de inmediato a las detenciones arbitrarias y las torturas en Darfur y Jartum. A fin de restablecer el Estado de derecho y detener las injusticias, el gobierno debe renunciar a sus políticas represivas y comenzar a aplicar las normas básicas de derechos humanos. Amnistía Internacional cree que esta la única forma de que el gobierno sudanés comience a devolver la confianza a los desplazados de Darfur.

7. Recomendaciones

7.1 Al gobierno sudanés

Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que proceda de inmediato a abolir la legislación contraria a las obligaciones que ha contraído en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es Estado Parte. En particular debe:

1) Abolir los artículos 31 y 33 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que permiten a las fuerzas de seguridad mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación durante largos periodos y les conceden inmunidad en sus actos.

2) Abolir las disposiciones contrarias a las normas internacionalessobre juicios justos del decreto de 2001 sobre tribunales especiales, que continúan aplicándose en los tribunales penales especializados –entre ellas la disposición que sólo permite a los abogados defensores actuar como "amigos" de los acusados, con lo que se reconocen legalmente las prácticas utilizadas ya por los jueces de tales tribunales, y la disposición que impide a los acusados retractarse de sus confesiones–, y reestablecer el derecho pleno de los acusados a apelar de todas las sentencias y condenas.

3) Garantizar que las medidas de excepción no contravienen los derechos humanos fundamentales que son intangiblesen el derecho internacional en todas las circunstancias, como el derecho a la vida (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), la prohibición de la tortura (artículo 7) y la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias (artículo 18). Ninguna suspensión de derechos en aplicación de legislación de excepción ha de entrañar discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión y origen social. La Carta Africana no permite a los Estados Partes abstenerse de cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de ella, ni siquiera durante un conflicto armado.

4) Elaborar el informe pendiente de presentación al Comité de Derechos Humanos, órgano de encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para obtener asistencia y orientación sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

5) Garantizar que las tasas judiciales de las causas penales no se perciben como un obstáculo a la interposición de recursos efectivos y garantizar que el acceso a la justicia es igual para todas las personas, incluidas las que carecen de medios económicos.

La organización pide también al gobierno sudanés que tome medidas prácticas para garantizar que se respetan las normas básicas de derechos humanos y que realice una reforma exhaustiva del sistema de justicia del país. El concreto debe:

6) Poner fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación, investigando de manera y exhaustiva todos los informes de detención en régimen de incomunicación; ordenando a todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, los servicios de Seguridad Militar, los servicios de Seguridad "Positiva" y la policía, que informen inmediatamente a los detenidos y a sus familiares de los motivos de la detención y de todo cargo que se les impute, y garantizando que los detenidos tienen acceso con prontitud a sus familiares, a abogados y a servicios médicos y que son llevados sin demora ante un juez; garantizando que todos los centros de detención figuran en un registro y son visitados por un servicio de inspección dependiente del Ministerio de Justicia; permitiendo el acceso a todos los centros de detención al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los observadores de derechos humanos de la ONU, y permitiendo al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los observadores del alto el fuego de la Unión Africana el acceso a todos los prisioneros de guerra y a las personas secuestradas en relación con el conflicto.

7) Dejar en libertad de inmediatoy sin condiciones a todos los presos de conciencia; dejar en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los presos políticos, y poner a disposición judicial a las personas contra las que existan pruebas de que han cometido un delito común reconocible para que sean juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir la pena de muerte.

8) Poner fin a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con medidas como comunicar públicamente a todas las fuerzas bajo su mando que no se tolerarán tales practicas en ningún centro de detención y que se procesará a quienes recurran a ellas, garantizar que los detenidos tienen acceso al mundo exterior y a un juez y reciben la atención médica que puedan necesitar; permitir el acceso de médicos independientes a los detenidos en todos los centros de detención, incluidos los de los servicios de Seguridad Militar; investigar sin demora toda denuncia que se presente contra cualquier miembro de las fuerzas de seguridad por tortura o malos tratos; poner a disposición judicial a quienes hayan practicado u ordenado practicar torturas para que sean juzgados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte, y ofrecer a las víctimas de tortura una indemnización, así como tratamiento médico y rehabilitación.

9) Poner fin a los juicios injustos, respetando la presunción de inocencia de todas las personas enjuiciadas, velando por que los acusados dispongan siempre de tiempo y medios adecuados para preparar su defensa y garantizando el derecho a contar con asistencia letrada incluso si el acusado no puede costeársela.

10) Poner fin a las detenciones arbitrarias, respetando el derecho fundamental a la libertad y a la libertad de expresión, asociación y reunión; poniendo fin al uso de las citaciones reiteradas como medio de hostigamiento ,y reconociendo la función legitima de los abogados y activistas de derechos humanos.

11) Garantizar que las comisiones nacionales de investigación son efectivas, están formadas por personas independientes y de integridad reconocida, tienen un mandato claro, pueden convocar y proteger a testigos e informan públicamente.

12) Poner fin a la pena de muerte, conmutando la pena a todos los condenados a muerte; garantizando que las personas acusadas de delitos penados con la muerte según el derecho sudanés disfrutan de su derecho a una defensa adecuada y a un juicio justo, conforme a las normas internacionales, y ratificando el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Asimismo, Amnistía Internacional pide a las autoridades sudanesas que demuestren su compromiso con los derechos humanos ratificando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sin reservas; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; el Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África; el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por el que se establece una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño.

7.2 A la comunidad internacional

La comunidad internacional ha de perseverar en sus esfuerzos por encontrar soluciones a corto y largo plazo a la crisis de Darfur y a los problemas de justicia de Sudán. Amnistía Internacional la insta a reconocer los fallos del sistema de justicia sudanés, que han dado pábulo a la comisión de graves violaciones de derechos humanos y a la impunidad en el sur de Sudán, los montes Nuba y Darfur. La comunidad internacional, en particular la ONU y los países participantes en las conversaciones de paz de Naivasha, Kenia, entre el norte y el sur, en las conversaciones de paz de Abuja, Nigeria, sobre Darfur, y en las conversaciones de paz de El Cairo, Egipto, sobre el este de Sudán, debe:

1) Pedir al gobierno sudanés que anule los artículos 31 y 33 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional y realice las reformas jurídicas necesarias para adaptar su sistema de justicia a las normas internacionales de derechos humanos, en particular para garantizar que las confesiones obtenidas con tortura no se admiten como prueba en los tribunales y que se respeta en los juicios el derecho de defensa.

2) Pedir al gobierno sudanés que garantice la plena protección en el derecho sudanés de los derechos fundamentales considerados derechos intangibles en el derecho internacional.

3) Reforzar la presencia y el mandato de los observadores internacionales para que informen de todas las violaciones de derechos humanos y ejercer presión sobre el gobierno sudanés para que atienda debidamente todo caso de detención arbitraria, tortura, juicio injusto y negación de acceso a la justicia del que tenga noticia.

4) Pedir al gobierno sudanés que aplique de inmediato, con miras a reformar el sistema de justicia, las normas básicas de derechos humanos anteriormente mencionadas.

5) Prestar pleno apoyo al trabajo de la comisión de investigación de la ONU creada en virtud de la resolución 1564 del Consejo de Seguridad con objeto de examinar los informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas por todas las partes e identificar a los responsables a fin de garantizar que se les hacer rendir cuentas, y, basándose en sus recomendaciones, apoyar la elaboración de un plan con que poner fin a la impunidad de los presuntos autores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y tortura en Sudán.

6) Garantizar que la reforma del sistema de justicia y el respeto de las normas básicas de derechos humanos son un aspecto fundamental del debate en la futura conferencia internacional de donantes de Noruega, que se celebrará tras la firma del acuerdo de paz entre el norte y el sur.

Anexo 1: Testimonio de X, hermano de un hombre a quien las fuerzas armadas sudanesas ejecutaron extrajudicialmente en Darfur

Mi hermano, que era comerciante en Saraf Omra, Darfur Occidental, tenía un camión. Las fuerzas armadas lo detuvieron el 14 de junio de 2003, a las ocho de mañana, en una parada de camiones, porque decían que prestaba ayuda a la oposición armada y que las mercancías que llevaba en el camión eran para los rebeldes. Trajeron a unos yanyawidy a otros soldados para que se llevaran las mercancías del camión. Luego le robaron 350 millones de libras.

Se los llevaron – a él, a su ayudante y al conductor– con los ojos vendados a Sania Dari, campamento yanyawidque está 30 Km al suroeste de Saraf Omra. Los desnudaron y les ataron las manos y las piernas. Los llevaron al valle, donde hace calor; cavaron un agujero, metieron a mi hermano en él y lo golpearon, diciéndole: "eres un rebelde". Los otros dos también estaban atados, y los pusieron a su lado. Le echaron arena caliente sobre el estómago y brasas de un fuego encendido cerca de allí, y lo quemaron. Así es como murió mi hermano.

Unas personas me llamaron y me contaron lo que había ocurrido. Dijeron que mi hermano había sido enterrado en medio del valle, donde hay agua. Las fuerzas armadas se llevaron su camión a Al Yeneina, y lo siguen utilizando para ir y venir de su campamento al campamento yanyawid.

Así que fui a Saraf Omra a ver la tumba de mi hermano. Llevé azúcar y té para vender en el camino, pero los yanyawiddetuvieron mi vehículo y se llevaron las mercancías. Cuando llegué a Saraf Omra las fuerzas armadas me impidieron ir a ver la tumba. Me escondí para que no me detuvieran. Al cabo de siete días, conseguí un asno y me fui a Zalingei y luego a Nyala y a Kabkabiya, porque no estaba lejos de Saraf Omra. Informé a la policía del asesinato de mi hermano, pero me dijeron que fuera a ver a las fuerzas armadas. Así que fui al servicio de Seguridad, donde me dijeron que informara a las fuerzas armadas. En los dos sitios me dijeron que pagara, y les di 35 millones [de libras sudanesas] en total.

El 20 de agosto de 2003, alguien se puso en contacto con el oficial del ejército en Saraf Omra y me detuvieron. Las fuerzas armadas me llevaron a un campamento militar de las afueras de Kabkabiya, donde me golpearon, me ataron de pies y manos y me colgaron de un árbol desde la mañana hasta la noche. Me decían: "Tú y tu hermano prestáis apoyo a la oposición armada. ¿Dónde encontrasteis el camión y las mercancías? Estuve detenido 12 días; y me golpeaban cinco veces al día, antes de la oración, al salir el sol, por la noche [...] Me dejaron en libertad porque uno de mis hermanos pagó siete millones de libras a un hombre que trabajaba para los servicios de información militar.

Cuando me dejaron en libertad fui a Al Fasher a ver al gobernador del Estado, Yusuf Kibir, que me dijo: "Haremos justicia a cada hombre", y escribió una carta a un ministro de Darfur Septentrional. El ministro me llevó al comandante de las fuerzas armadas en Al Fasher, que me mandó al general. Este me dijo: "No tenemos vehículos y no podemos ir a Saraf Omra. Esta oficina es sólo para la tropa, tienes que ir a un oficial de tres estrellas para que atienda tu caso".

Hasta ahora no he logrado nada con mi caso, ni siquiera informar de él. Mi hermano tenía ocho hijos, de los que ahora tengo que ocuparme yo. No me siento seguro, pues todavía podrían matarme. Sufro mucho, porque el gobierno no me ofrece ninguna protección. Incluso si informas a la policía, después te detienen.

Anexo 2: Testimonio de M., líder de una comunidad de Margasa, Darfur Occidental, sobre su tortura a manos de los yanyawiden For Burunga

Llegué a For Burunga en febrero de este año. Estaba en el mercado, en una tienda de Ali, cuando llegaron los yanyawidy nos capturaron, a mí y a otro, H., de Goba. Nos llevaron en automóvil al campo de Sojo, que está tres kilómetros al norte de For Burunga. Me ataron de brazos y piernas y me dejaron debajo de un árbol. Me dijeron que era un Tora Bora, un rebelde, y que me callara.

Me tuvieron allí, bajo el árbol, desde las tres hasta las ocho de la tarde. Luego me hicieron sentarme; me ataron las piernas al cuerpo, con las manos a la espalda, y me pusieron un palo por debajo de las piernas. Me colgaron boca abajo del árbol, con el palo por debajo de las rodillas, y me balancearon. Me golpearon con palos y con látigos en los pies. Debía de haber 15 yanyawid. Me quitaron toda la ropa y me quedé desnudo. Me dejaron bajo el árbol colgado boca abajo con otra persona hasta la mañana siguiente. Me leyeron los nombres de 97 Tora Borade Andra Gro y me llamaron cosas feas. Esto continuó durante tres días: me golpeaban todos los días, y por la noche me colgaban boca abajo debajo del árbol.

No nos daban nada de comer y solo un poco de agua. Nos restregaban pilipili(pimiento picante) en los ojos y la nariz. Nos ponían una manta alrededor de la cabeza y la ataban muy fuerte. Al cuarto día nos dijeron, a otro líder local y a mí, que les caváramos un pozo. Nos arrojaban agua fría cuanto teníamos el cuerpo caliente y no nos daban agua para beber; nos hacían trabajar para ellos y a veces disparaban contra nosotros.

Había otros prisioneros en el campo de Sojo. Vimos a alguien a quien cortaron los nervios y los músculos de los codos y los hombros; gritaron que no se le permitía regresar a For Burunga.

Un día me mostraron una carta y me dijeron: "Esta carta es de nuestro líder [...] nos ordena matarte". Me pusieron un trapo rojo en torno al cuello para indicar que iban a matarme. Al cuarto día vino otro yanyawidy me dijo: "Llevas el trapo rojo; se te ha elegido para morir. Si pagas puedes salvarte".

Pedían 200.000 libras sudanesas.(30) A H. le dejaron marchar libremente, porque es de Goba y no de Margasa. Otro prisionero y yo les pagamos 460.000 libras. Nos dejaron marchar y nos dijeron: "Ahora os dejamos marchar, pero nuestro presidente, Omer al Bashir, ha dicho que tenemos que mataros. Es un favor que os hacemos".********

(1) Informe del secretario general de la ONU, de conformidad con el párrafo 15 de la resolución 1564 (2004) y de los párrafos 6, 13 y 16 de la resolución 1556 (2004) del Consejo de Seguridad, 2 de noviembre de 2004.

(2) Véanse Sudan: Empty promises? Human rights violations in government-controlled areas (Índice AI: AFR 54/036/2003), de julio de 2003; Sudán - Darfur: Detención en régimen de incomunicación, tortura y tribunales especiales. Memorándum al gobierno y a la Comisión de Investigación de Sudán (Índice AI: AFR 54/058/2004), de junio de 2004, y Sudán: Intimidación y negación. Ataques contra la libertad de expresión en Darfur (Índice AI: AFR 54/101/2004), de agosto de 2004.

(3) Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7.

(4) El artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

(5) Nombre con que se designa comúnmente a las milicias apoyadas por el gobierno causantes de gran parte de la devastación de Darfur.

(6) Véase el apartado 3.2 infra.

(7) Véase el testimonio completo en el anexo 1.

(8) Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional de Índice AI: AFR 54/016/2001, de 2 de noviembre de 2001.

(9) Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional de Índice AI AFR 54/133/2004, de 8 de octubre de 2004.

(10) La mayoría de los yanyawid han sido incorporados a las Fuerzas Populares de Defensa y a la Policía Popular, pero se dice que algunos han pasado a formar parte del ejército regular y la policía.

(11) Esta poco precisa limitación del derecho a informar a la familia podría aplicarse claramente a la mayoría de los casos, por lo que no ayuda a proteger a las personas de la reclusión en régimen de incomunicación.

(12) Para información sobre las detenciones practicadas hasta junio de 2004, véase Amnistía Internacional, Sudán - Darfur: Detención en régimen de incomunicación, tortura y tribunales especiales. Memorándum al gobierno y a la Comisión de Investigación de Sudán, op. cit.

(13) "Torabora", o "Tora Bora", es un término que las autoridades sudanesas utilizan a menudo para designar a la oposición armada de Darfur.

(14) "Extranjeros".

(15) Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional de Índice AI AFR 54/104/2004. Amnistía Internacional considera "desaparecida" a una persona si hay razones para creer que las autoridades o sus agentes la han detenido, pero niegan que se encuentre bajo custodia y ocultan, por tanto, su paradero y la suerte que ha corrido.

(16) En el islam, zakat es la entrega obligatoria de parte de las riquezas que se posean con fines benéficos.

(17) Se considera preso de conciencia a toda persona encarcelada o sometida a cualquier otro tipo de restricciones físicas debido a sus ideas políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, orientación sexual o cualquier otra condición y que no haya recurrido a la violencia ni propugnado la violencia ni el odio.

(18) Véanse, Amnistía Internacional, Acción Urgente de Índice AI AFR 54/095/2004 y comunicado de prensa Darfur (Sudán): El gobierno debe acabar con las detenciones y los actos intimidatorios contra civiles por hablar con extranjeros, de 10 de agosto de 2004 (Índice AI: AFR 54/099/2004).

(19) Prenda de vestir que utilizan las mujeres.

(20) Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional de Índice AI AFR 54/121/2004, de 16 de septiembre de 2004.

(21) Para más información, véanse la Acción Urgente de Amnistía Internacional de Índice AI AFR 54/043/2003, de 17 de junio de 2003, y sus actualizaciones (AFR 54/050/2003, de 25 de junio de 2003, y AFR 54/060/2003, de 16 de julio de 2003).

(22) Expediente núm. 2468/2004.

(23) Véase Rare glimpse inside Janjaweed militia's base in Sudan, por Somini Sengupta, Mustariha (base yanyawid próxima a Kabkabiya), 21 de octubre de 2004, escrito para el New York Times.

(24) Según informes, su denuncia se halla registrada con el número 26/2004.

(25) Véase Amnistía Internacional, Darfur, Too many people killed for no reason (Índice AI: AFR 54/008/2004), 3 de febrero de 2004.

(26) Amnistía Internacional había informado anteriormente de tal cambio sólo con respecto al estado de Darfur Meridional, pues las autoridades sudanesas habían enviado sólo un decreto. Véase Amnistía Internacional, Sudan: Empty promises? Human rights violations in government-controlled areas (Índice AI: AFR 54/036/2003), 16 de julio de 2004, cap. 7.4.

(27) Sudanese opposition party leaders released: lawyer, AFP, 17 de noviembre de 2004.

(28) Véase el apartado 2.

(29) El 24 de noviembre aún no se le habían concedido los visados necesarios para hacer una visita de seguimiento en noviembre con objeto de estudiar cuestiones de orden público.

(30) 1 dinar sudanés tiene 10 libras sudanesas. Mil dinares equivalen aproximadamente a 4 dólares estadounidenses o 3 euros.