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AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 52/002/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 189/04

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR520022004

No publicar antes de las 00:01 horasGMT del 28 de julio de 2004

Somalia: Mensaje urgente de derechos humanos a las conversaciones de paz de Kenia

A medida que la Conferencia de Reconciliación Nacional de Somalia celebrada en Mbagathi, Nairobi, se aproxima al establecimiento de un gobierno federal de transición tras 13 años de situación excepcional, con un Estado desmoronado y una violencia atroz por parte de las facciones, Amnistía Internacional pide que los derechos humanos se conviertan en una prioridad desde el principio del periodo de transición, de cinco años de duración.

El proceso de paz y reconciliación de Mbagathi, Nairobi, se encuentra ahora en la fase final de conversaciones sobre el “reparto de poder” y sobre la formación de una Asamblea Nacional de Transición que incluya a todos los grupos del país y que elegirá a un presidente, que a su vez designará a un primer ministro para que forme gobierno. Los delegados que participan en las conversaciones de paz, entre los que se encuentran dirigentes de las facciones armadas, están actualmente seleccionando a los miembros de la Asamblea Nacional de Transición.

El establecimiento, muy pronto (como muy tarde, para la fecha final del 31 de julio), de un nuevo gobierno federal de transición y su reconocimiento internacional deben marcar una diferencia real e inmediata. Los somalíes han sufrido enormemente desde que el Estado se desintegró en 1991, tras el derrocamiento de la dictadura de Siad Barre. Ahora debe ponerse fin de forma clara a los homicidios arbitrarios de civiles, los secuestros, las violaciones y los saqueos que tanto las milicias de las facciones como otros hombres armados siguen llevando a cabo con total impunidad. La reanudación de la categoría de Estado debe garantizar los derechos humanos y la seguridad personal de todos los ciudadanos, mientras éstos recuperan una ciudadanía reconocida y regresan del aislamiento a la comunidad mundial de naciones.

El nuevo gobierno estará obligado a respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y convenciones regionales e internacionales de derechos humanos, especialmente los firmados por los gobiernos anteriores de Somalia.

El nuevo gobierno de Somalia debe comprometerse a promover y proteger los derechos humanos y a romper de forma evidente con los graves abusos contra estos derechos cometidos en los últimos 30 años, pese a que algunos de sus autores siguen dominando el reparto de poder. No deben tolerarse nuevos abusos contra los derechos humanos, y los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el pasado deben rendir cuentas de sus actos.

Aquellos a quienes se les confíen las responsabilidades de gobierno en el periodo de transición deben formular un compromiso claro y público de promover y proteger los derechos humanos. Deben prevenirse nuevos conflictos entre comunidades locales, clanes o regiones. No deben tolerarse una nueva violencia y nuevos abusos.

A pesar del desastre humanitario, de la existencia crónica de prácticas propias de los “señores de la guerra” basados en los clanes, del desmoronamiento de la economía y de la destrucción de la mayor parte de la infraestructura, hay señales de esperanza en el que es uno de los países menos desarrollados del mundo. Utilizando sus propios recursos y una ayuda internacional mínima, los grupos de la sociedad civil, entre ellos las organizaciones de derechos humanos, que trabajan en condiciones peligrosas, han respaldado un impulso hacia la reconstitución de las estructuras gubernamentales y un progreso hacia el Estado de derecho y la justicia para todos. Hay un amplio apoyo público a la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte e independiente.

Las nuevas autoridades deben reconocer y respetar el papel de los defensores de los derechos humanos. Estos defensores son fundamentales para poner en pie una cultura de los derechos humanos que proteja a todos los ciudadanos –especialmente a los grupos vulnerables, como las mujeres, las minorías y los niños– y apoye sus derechos y libertades.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que preste un apoyo firme y generoso a los derechos humanos y a la reconstrucción de Somalia. Los derechos humanos deben ocupar un lugar destacado en las estrategias relativas a la ayuda de los donantes, especialmente en lo que se refiere a responder rápidamente a la necesidad de protección civil en los primeros meses de un nuevo gobierno. Se necesita urgentemente un asesor de la ONU en materia de derechos humanos para Somalia. Deben tomarse medidas para hacer cumplir el embargo de armas de la ONU, frecuentemente violado, y para desmantelar las milicias de las facciones. Hay que desmovilizar y rehabilitar a los niños soldados.

El desmoronamiento del Estado de Somalia provocó una grave inseguridad internacional y regional y un ingente flujo de refugiados y desplazados internos. Amnistía Internacional pide que cese de inmediato la devolución al sur de solicitantes de asilo a los que se ha denegado su solicitud. Según los informes, dos personas a las que se obligó recientemente a regresar a Mogadiscio fueron asesinadas. Para que se den las condiciones necesarias para permitir a los refugiados regresar sin peligro y ganarse la vida de forma sostenible debe mejorarse la seguridad, debe existir un acceso sin peligro a la ayuda humanitaria y debe llevarse a cabo una importante reconstrucción después del conflicto.

Información complementaria

Estas difíciles conversaciones de paz –se trata del intento número 14, llevado a cabo por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo– comenzaron en octubre de 2002. La declaración de alto el fuego firmada ese mismo mes por las partes en conflicto ha sido violada constantemente.

En febrero de 2004 se adoptó una Carta de Transición para la República de Somalia, destinada a “promover la reconciliación, la unidad nacional y el buen gobierno”. Esta Carta contiene importantes disposiciones sobre derechos humanos y sobre el Estado de derecho y garantiza la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Su capítulo quinto, relativo a la “Protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas”, proclama la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la vida y a la libertad y la seguridad de las personas, el derecho a un juicio justo (incluido el derecho a comparecer ante un tribunal en un plazo de 48 horas desde la detención), el derecho a formar partidos políticos (salvo los de “carácter militar o tribal”), sindicatos y organizaciones sociales, incluidas organizaciones de derechos humanos, el derecho de reunión, manifestación y huelga y el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluida la libertad de prensa.

De los 275 escaños que componen el Parlamento provisional, 61 van a cada uno de los cuatro clanes, para dividirse de acuerdo con las subdivisiones de cada clan. Otros 31 (la mitad de los asignados a cada clan) van a las minorías no armadas. El 12 por ciento del total de escaños se distribuirá a las mujeres de cada grupo. Aunque esta asignación constituye un avance para los derechos de las mujeres y las minorías, aún son necesarias medidas mucho más enérgicas para poner fin a la discriminación y a la violencia contra las mujeres y las minorías.

Actualmente, en el sur hay un gobierno de transición que controla únicamente parte de la capital, Mogadiscio; otras zonas están controladas por facciones rivales armadas basadas en clanes. Apenas hay estructuras locales administrativas o judiciales. El gobierno regional, más estable, del estado de Puntlandia, en el nordeste del país, participa en el proceso de paz. En el noroeste, el gobierno autoproclamado y bien establecido de Somalilandia está boicoteando el proceso y tratando de que se reconozca su independencia de facto.