AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA


Índice AI: AFR 35/001/2009
13 de febrero de 2009

Madagascar: Hay que investigar los homicidios de las fuerzas de seguridad

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Madagascar que abran una investigación independiente e imparcial sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Presidencial contra manifestantes desarmados que se dirigían al palacio presidencial. La intervención se saldó con 31 personas muertas y 200 heridas.

El sábado 7 de febrero, miembros de la Guardia Presidencial que protegían el palacio de Ambohitsorohitra, uno de los dos palacios presidenciales de la capital, Antananarivo, dispararon con fuego real contra una multitud de manifestantes desarmados que se dirigían al edificio. Murieron al menos 31 personas, entre ellas el periodista Ando Ratovonirina, y la cifra probablemente llegue a los 50. Las fotografías muestran a las víctimas con disparos en la cabeza, el torso, la espalda y las piernas.

La información de que dispone Amnistía Internacional indica que la policía antidisturbios, que bloqueaba las calles que daban al palacio, permitió el paso de una delegación de partidarios de la oposición para que hablaran con la Guardia Presidencial sobre el acceso de los manifestantes al palacio. Mientras, la multitud esperaba tras la policía antidisturbios, que advirtió a quienes se encontraban en primera fila que no debían cruzar la zona roja, prohibida al público sin autorización. Cuando la delegación de la oposición anunció a los manifestantes que la Guardia Presidencial les había negado el acceso al palacio, éstos comenzaron a avanzar atravesando la barrera antidisturbios. Según los testigos, la Guardia Presidencial comenzó a disparar inmediatamente y sin previo aviso contra los manifestantes. Las fotografías muestran a personas abatidas a disparos sobre el suelo a varios metros de la zona roja, marcada por una banda roja ante el palacio. Un testigo relata así los hechos:

“Yo estaba en la primera fila de la manifestación con los periodistas. Pude atravesar la primera barrera de la policía antidisturbios, que nos advirtió que no cruzáramos la banda roja instalada por la Guardia Presidencial, pues no podrían garantizar nuestra seguridad si lo hacíamos. Una delegación habló con miembros de la Guardia Presidencial. Me hice a un lado y se produjo un movimiento de la multitud. La gente echó a correr, forzando la barrera de la policía antidisturbios. Repentinamente, y durante un momento, se oyeron disparos contra la multitud. Cuando volví a levantar la cabeza, varias personas yacían en el suelo, muertas o heridas por las balas. No hubo disparos de aviso antes de abrir fuego contra los manifestantes.”

Amnistía Internacional recomienda a las autoridades de Madagascar que se aseguren de que se lleva a cabo sin demora una investigación independiente y efectiva sobre los incidentes, cuyos resultados deben hacerse públicos. Los miembros de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar de los hechos deben ser suspendidos hasta que la investigación termine y aquellos de quienes se sospeche responsables de homicidios ilegítimos deben ser enjuiciados en procedimientos que se ajusten a las normas internacionales sobre garantías procesales. Por su parte, las víctimas y sus familiares deben obtener reparación.  

Amnistía Internacional señala que las fuerzas de seguridad de Madagascar se habían enfrentado en las semanas que precedieron a los homicidios a protestas que en algunos casos habían sido violentas y a actos de saqueo por parte de los manifestantes antigubernamentales. Si bien las autoridades malgaches tienen el derecho y la obligación de proteger a personas y bienes, deben asegurarse de que todas las fuerzas de seguridad cumplen las normas internacionales que rigen la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el uso de la fuerza y las armas de fuego, y por consiguiente respetan y protegen el derecho a la vida.

En virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, Madagascar tiene la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida de toda persona. El Código de conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establece que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU, exigen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que utilicen “en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Para asegurarse de que cualquier medida de fuerza constituye una respuesta proporcionada ante una situación, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contar con una gama de materiales y técnicas para enfrentarse a las manifestaciones, a fin de disminuir la necesidad de utilizar armas de cualquier clase. En ningún caso deben utilizarse armas de fuego, excepto para defender a las personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o para impedir la comisión de un delito que entrañe una grave amenaza contra la vida, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas. Sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. El principio 10 afirma que bajo estas circunstancias, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán advertir claramente de su intención de utilizar armas de fuego con tiempo suficiente para que la advertencia se tome en cuenta.


Información complementaria

En la capital de Madagascar, Antananarivo, se han seguido llevando a cabo manifestaciones de la oposición desde que el presidente Marc Ravalomana destituyera este año al alcalde Andry Rajoelina. Ambos políticos están enzarzados en una lucha de poder. El presidente sustituyó al alcalde de Antananarivo provisionalmente por un funcionario tras semanas de manifestaciones durante las cuales el alcalde pidió la dimisión del presidente y se proclamó al mando del país.

El tiroteo del 7 de febrero se produjo tras disturbios y saqueos protagonizados por manifestantes antigubernamentales. Según los informes, durante las manifestaciones han muerto unas 130 personas, 30 de ellas tras el incendio provocado de un edificio comercial.

La ONU y la Unión Africana están realizando esfuerzos de mediación para poner fin a la crisis política.


FIN/