Document - دون حماس حقيقي، ودون تدابير ذات مغزى: الأهداف التنموية للألفية

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Medidas a medias tintas

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se condensa la principal respuesta global al azote de la pobreza. Estos ocho objetivos (conocidos también por su sigla, ODM) fueron acordados por todos los gobiernos del mundo en la Cumbre

del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en el año 2000. En ellos se establece lo que la comunidad internacional espera conseguir antes de finales de 2015, como la erradicación del hambre y de la pobreza extrema, la universalización de la enseñanza primaria y la reducción de la mortalidad infantil.

En tanto que esfuerzo dirigido a acabar con la pobreza y parámetro de los avances obtenidos en la consecución de este fin, los ODM constituyen una iniciativa muy positiva, pero por desgracia también insuficiente. Reflejan un consenso mundial realmente notable. Por primera vez, todos los agentes importantes, incluidos los países pobres y ricos, han acordado que la finalidad de sus iniciativas en materia de desarrollo es acabar con la pobreza, que es necesario adoptar medidas concretas para alcanzar esta meta y que la responsabilidad de llevarla a cabo es de todos. En el Objetivo 8 se menciona una “alianza mundial”, que comporta, entre otras cosas, el compromiso de los países ricos de aliviar la deuda, establecer un sistema de comercio abierto y no discriminatorio y suministrar más ayuda a los países comprometidos con la disminución de la pobreza.

Aunque la condensación del amplio abanico de programas de desarrollo en un conjunto único de objetivos y metas mensurables ha proporcionado una unidad de propósito fundamental, los Objetivos están expuestos a auténticos peligros. En su formulación actual adolecen de algunas limitaciones muy importantes: ocultan la persistencia de la discriminación, una de las principales causas de la pobreza; no abordan los abusos generalizados contra los derechos humanos que mantienen a la gente sumida en la pobreza y entorpecen de manera directa los avances en la consecución de los propios Objetivos; y no prevén ninguna consecuencia para aquellos gobiernos, ya sean de países pobres o ricos, que no cumplan sus compromisos al respecto.

Cada uno de los ocho Objetivos, algunos más precisos que otros, tienen metas determinadas –21 en total– en las que se especifican los compromisos concretos asumidos por los gobiernos al suscribirlos. Por ejemplo, el Objetivo de erradicar la pobreza extrema se traduce en tres compromisos: reducir en un 50 por ciento la proporción de personas que viven con menos de un dólar al día, lograr empleo pleno y productivo para todos y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. El Objetivo de empoderar a las mujeres se traduce en el compromiso de eliminar las desigualdades entre los géneros en todos los niveles educativos. En el Objetivo de mejorar la salud materna, los gobiernos se comprometen a reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna y a lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Los gobiernos han acordado también unos 60 indicadores, aún más precisos, para medir los avances en la consecución de las metas.

Los avances en la consecución de los Objetivos han sido desiguales. La crisis alimentaria, el aumento del desempleo y el riesgo de una reducción de la ayuda exterior como consecuencia de la recesión mundial han hecho peligrar su progreso. Hay también graves lagunas en la forma de medirlos y en las metas escogidas para hacerlo.

Sin embargo, el problema principal de los Objetivos es la falta de rendición de cuentas. Los países desarrollados prometen ayudas y comercio justo, pero no cumplen sus promesas. Los países pobres compran costosas armas en lugar de invertir en educación. El compromiso de empoderar a las mujeres no se traduce en políticas efectivas y las mujeres siguen marginadas como consecuencia de la violencia generalizada ejercida contra ellas. Las consecuencias de que los gobiernos no cumplan sus promesas no las sufren ellos, sino los pobres en su vida cotidiana.

Se podrían afrontar estas deficiencias si los Objetivos adoptaran plenamente los derechos humanos. En su formulación actual, sin embargo, las metas de algunos Objetivos se quedan cortas frente a los compromisos jurídicos internacionales asumidos libremente por los gobiernos de respetar y proteger estos derechos. Una de la críticas formuladas contra los ODM es que establecen sólo Objetivos parciales: por ejemplo, reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre para 2015 o reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años. Sin embargo, en virtud de los compromisos recogidos en los tratados sobre derechos humanos ya existentes –en muchos casos asumidos hace muchos años–, los Estados ya se habían comprometido a cumplirlos plenamente. Estos compromisos en materia de derechos humanos exigen que los Estados se comprometan de manera activa a llevar a cabo estrategias encaminadas a hacer realidad los derechos, no sólo a reducir a la mitad las violaciones perpetradas contra ellos.

En septiembre de 2010, dirigentes de todo el mundo se reunirán en la sede de la ONU para conmemorar diez años de esfuerzos. No cabe duda de que reafirmarán su compromiso para los cinco años que faltan, algo que, como es lógico, debe ser alentado. Sin embargo, cuando los gobiernos se reúnan en 2010 deben acordar también poner los derechos humanos en el centro de las iniciativas mundiales encaminadas a erradicar la pobreza. Esta meta exige actuar en tres campos.

1)

Es necesario introducir cambios en el modo como la ONU mide los avances en la consecución de los ODM, en concreto para poner de relieve los avances registrados en las comunidades más marginadas y excluidas y en especial entre las mujeres y las niñas.

2)

En el proceso de consecución de los ODM se debe prestar atención a todos los abusos contra los derechos humanos que perpetúan la pobreza, sobre todo los que entorpecen su consecución de manera persistente.

3)

Los gobiernos deben garantizar a la ciudadanía el acceso a mecanismos de rendición de cuentas que le permitan pedir responsabilidades al Estado y a agentes no estatales cuando sus políticas o prácticas fomenten o aumenten la pobreza.

Todo el mundo cuenta

Para abordar la exclusión y marginación política que comporta la pobreza es esencial poner al descubierto la discriminación. Si un gobierno es capaz de identificar a los grupos sociales que son objeto de discriminación, ya sea en la práctica o de manera intencionada, sabrá a quiénes deben ir dirigidos sus programas de erradicación de la pobreza.

Sin embargo, cuando un país informa sobre sus avances en la consecución de las metas de los ODM presenta casi siempre datos no desglosados, es decir, promedios generales extraídos de los datos relativos a la población en su conjunto. Por ejemplo, en el caso del parámetro más utilizado para medir la pobreza –el número de personas con ingresos inferiores a un dólar por día– los gobiernos proporcionan datos sobre el número total de personas que viven en esas condiciones. En los ODM no se exige el desglose de esa cifra por género, etnia, casta u otro grupo social. Por consiguiente, es perfectamente posible que haya aumentado el número de personas que tienen ingresos superiores a un dólar por día –y que por tanto han “salido de la pobreza”– y que sin embargo la situación de los grupos ya marginados se haya estancado o deteriorado.

Lo mismo cabe decir de otros Objetivos y de sus metas. Es posible que se comunique una reducción de la mortalidad materna sin que las mujeres indígenas o pertenecientes a minorías hayan experimentado ninguna mejoría al respecto. Puede que haya aumentado la asistencia a la escuela primaria, pero no la de los hijos e hijas de migrantes o de familias pertenecientes a minorías. Sólo en lo que se refiere a garantizar la asistencia de las niñas a las escuelas, algunas metas de los ODM exigen la presentación de datos desglosados, en este caso en función del género. (Existe también un indicador sobre el porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los Parlamentos nacionales como instrumento de medición del empoderamiento de las mujeres.)

En lo que se refiere a los indicadores de salud y bienestar, se reconoce en general que las minorías y las personas políticamente marginadas, incluidas las mujeres, suelen puntuar menos o salir malparadas. En un estudio importante realizado en 2002 por el Grupo para la Defensa de los Derechos de las Minorías se llegaba a la siguiente conclusión: “En todas las regiones del mundo, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, es mayor la probabilidad de que las minorías sean pobres, ya sea en términos absolutos o relativos”. Se señalaba también la dificultad de obtener datos fiables, pero se mencionaban los siguientes: “En Bulgaria, el 84 por ciento de los romaníes y el 40 por ciento de los búlgaros de origen turco viven en la pobreza, frente a un 31,7 por ciento de las personas de etnia búlgara. En Nepal, el 90 por ciento de las dalit viven por debajo del umbral de la pobreza, frente al 45 por ciento de la población en general, y el índice de desarrollo humano de los musulmanes no llega a la mitad de la media nacional. Estudios efectuados en Bolivia, Brasil, Guatemala y Perú indican que los ingresos mensuales medios de las personas afrodescendientes son aproximadamente la mitad de los de los blancos”.

El experto independiente de la ONU en cuestiones de minorías llegó en 2006 a la siguiente conclusión: “Las comunidades más pobres suelen ser en casi todas las regiones minorías sometidas desde hace mucho tiempo a discriminación, violencia y exclusión”.

Se calcula que el 15 por ciento de los pobres del mundo son miembros de grupos indígenas, aunque estos grupos constituyen sólo el 5 por ciento de la población mundial. Según el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, “los pueblos indígenas se encuentran muy por detrás en términos de calidad de la salud y la educación y de acceso a estos servicios” .

El problema no es sólo una cuestión de discriminación por motivos de raza, etnia, casta o género. A los sectores sociales más pobres suele discriminárseles simplemente por su pobreza, aunque su religión, lengua y raza sean las mismas que las de grupos más ricos y dominantes. En estos casos es imprescindible que los Estados examinen el modo como se niega a las personas que viven en la pobreza el acceso a los servicios y la justicia simplemente porque son pobres, y que eliminen estos obstáculos.

Mientras los informes presentados por los países sobre sus avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se basen sólo en datos no desglosados, será difícil evaluar si las personas más pobres y marginadas están progresando o no. Recopilar datos desglosados es una tarea difícil. Para ello se requieren estudios más complejos y la capacidad de gestionarlos e interpretarlos con profesionalidad y sin manipulaciones políticas. Las minorías y los grupos indígenas pueden tener también motivos –basados en su desconfianza hacia las autoridades del gobierno central– para no querer que los “contabilicen”. Sin embargo, el hecho sigue siendo que la pobreza afecta de manera diferente a los distintos grupos, y mientras no se tenga en cuenta esa diferencia a la hora de medir los avances, no se podrá tener la seguridad de que las políticas aplicadas están funcionando.

Muchos países, incluidos algunos de los más pobres del mundo, recopilan datos desglosados, así que es posible hacerlo, aunque sea difícil. Además, a la hora de informar sobre sus avances en la consecución de los ODM, algunos de estos países se basan en dichos datos para indicar la evolución de los grupos desfavorecidos respecto a otros sectores de la población. Como es lógico, no basta sólo con recopilar datos. Es necesario también que estén a disposición de todo el mundo e informen los procesos de toma de decisiones. Pero la cuestión es que se pueden recopilar.

El cuadro completo de la pobreza

En la Declaración del Milenio, de donde se extrajeron los Objetivos, los gobiernos se comprometieron también a proteger un amplio abanico de derechos humanos. En un apartado dedicado a este tema, los Estados miembros de la ONU formularon así algunos de sus compromisos al respecto:

[…] No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho […]; respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos; aplicar los principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías; luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, en que puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros países; garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable función y el derecho del público a la información.

En las declaraciones de la ONU y de los gobiernos se vincula de manera insistente el problema del desarrollo con la realización de los derechos humanos. Sin embargo, los Objetivos y sus metas incluyen muy pocos parámetros concretos para medir los avances en el cumplimiento de los compromisos ya asumidos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, no hay ningún Objetivo ni ninguna meta para hacer realidad el acceso de los pobres a la justicia, abolir las leyes discriminatorias, abordar la violencia contra las mujeres, garantizar protección policial a las personas que viven en barrios marginales o promulgar y aplicar leyes sobre el derecho a la información. Sin embargo, la aplicación de medidas en estos campos aceleraría los avances en la consecución de los ODM.

Hay muchas iniciativas auspiciadas por las Naciones Unidas para hacer un seguimiento de los avances en materia de derechos humanos, como la presentación de informes por los países ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las respuestas de éstos a las peticiones de información formuladas por diversos relatores, la elaboración de informes periódicos sobre la aplicación de los tratados, etc. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas es muy desigual en lo que se refiere a la rendición de cuentas. El verdadero problema reside sobre todo en la escasa conexión existente entre los organismos de la ONU encargados de promover los derechos humanos y las iniciativas de la ONU encaminadas a efectuar el seguimiento de los avances de los gobiernos en la erradicación de la pobreza.

Sin embargo, en el proceso para lograr los ODM se presta poca atención a los avances en la consecución de los Objetivos relacionados con los derechos humanos, que, en caso de alcanzarse, consolidarían de manera notable los avances en el tratamiento de la pobreza. Entre los problemas de las personas sumidas en la pobreza figura la privación, es decir, la falta de esos elementos básicos que son esenciales para vivir con dignidad, como alimentación, vivienda y asistencia médica adecuadas. Pero también la exclusión, la inseguridad y la sensación de no tener voz en los asuntos que les afectan. La discriminación excluye a los pobres. La violencia a manos del Estado y de agentes no estatales amenaza sus vidas y sus medios de subsistencia, manteniéndolos en la pobreza o sumiéndolos todavía más en ella. A quienes viven en la pobreza no se les permite intervenir de manera significativa en la elaboración de las políticas presuntamente dirigidas a aumentar su bienestar. Para acabar con la pobreza, por lo tanto, no sólo hay que abordar la privación, propósito fundamental de los Objetivos, sino que es necesario también trabajar en favor de la inclusión, la seguridad y la participación política efectiva.

Desvincular los ODM del resto de la agenda de derechos humanos resulta peligroso por muchos motivos. En primer lugar, se obstaculizan los avances, pues algunos abusos concretos contra los derechos humanos seguirán entorpeciendo las acciones dirigidas a alcanzar las metas asociadas a los Objetivos. En segundo lugar, no se garantiza que para tratar de alcanzar estas metas los gobiernos no contribuyan a la perpetración de más abusos contra los derechos humanos. Y en tercer lugar, no se aprovecha el poder de movilización del marco de los derechos humanos en la lucha para erradicar la pobreza.

Los abusos contra los derechos humanos obstaculizan los avances en los ODM

No hay ningún Objetivo específico encaminado a erradicar la violencia contra las mujeres ni tampoco ningún indicador para medir los avances en la aplicación de las medidas que podrían adoptarse con este fin y cuya efectividad es conocida. Sin embargo, estudios al respecto demuestran una y otra vez que la violencia intrafamiliar inhibe la iniciativa de las mujeres pobres para superar la pobreza mediante el empleo (el Objetivo 1 tiene como fin el pleno empleo). La violencia contra las niñas, incluida la que sufren en la escuela y camino de ésta, comporta la presencia de menos niñas en las aulas. (Objetivo 2). La violencia intrafamiliar perpetúa la desigualdad entre los géneros y desempodera a las mujeres (Objetivo 3). El riesgo que corren las mujeres víctima de violencia de sufrir un aborto espontáneo o de dar a luz a un niño con un peso inferior a la media es, respectivamente, dos y cuatro veces mayor (Objetivo 5). Las mujeres objeto de abusos corren un peligro mayor de contraer el VIH y se reconoce que los abusos son un obstáculo para el acceso de las víctimas a un tratamiento efectivo (Objetivo 6). Por último, la violencia contra las mujeres es un factor importante entre todos los que las llevan a abandonar las zonas rurales y a exponerse a seguir sufriendo abusos en los barrios marginales de las ciudades (Objetivo 7).

El Objetivo 7 incluye también la meta de mejorar la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales; hasta hace poco contenía un indicador para medir la ampliación de la seguridad de tenencia a estos 100 millones de personas. Dicho parámetro –ya de por sí inadecuado si se tiene en cuenta que más 1.000 millones de personas viven en barrios marginales y que todas ellas merecen disfrutar de la seguridad de tenencia– se eliminó en 2007 debido a las dificultades existentes para la recogida de datos. El reconocimiento del derecho a la seguridad de tenencia es esencial para impedir los desalojos arbitrarios, que constituyen un abuso contra los derechos y cuya amenaza o realidad genera inseguridad a decenas de millones de habitantes de barrios marginales. Si los Estados no reconocen la función de la seguridad de tenencia, serán más proclives a abordar los problemas de estos barrios mediante programas de desmantelamiento que no garantizan el realojamiento de los residentes en un lugar mejor.

El riesgo de socavar los derechos al tratar de conseguir los ODM

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha llamado la atención sobre el peligro de que algunos de los proyectos de infraestructuras emprendidos para alcanzar los Objetivos, como sistemas de suministro de agua no contaminada, puedan acarrear el desplazamiento forzado y arbitrario de comunidades. En su informe titulado Claiming the MDGs, la Oficina señala también cómo los gobiernos aducen como fin la mejora de la vida de los habitantes de los barrios marginales, una de las metas de los Objetivos, cuando emprenden iniciativas de desmantelamiento de estos barrios que son arbitrarias y vulneran sus obligaciones en virtud de los tratados.

El poder movilizador de los derechos, desaprovechado

El logro de los ODM requiere la participación activa de las comunidades afectadas. Todo el mundo está de acuerdo en que los planes para erradicar la pobreza tendrán mayor éxito si las propias personas pobres se movilizan y tienen la posibilidad de participar de manera significativa en las iniciativas y políticas dirigidas a mejorar su situación. El derecho a organizarse, a reunirse y expresarse libremente, a la información, a ser consultado sobre las decisiones que afectan al propio sustento, a pedir cuentas a los dirigentes, etc. es la base fundamental sobre la que se asienta la participación activa de las comunidades pobres. El derecho a participar es una de las contribuciones más importantes del marco de los derechos humanos a las iniciativas en materia de desarrollo.

Sin embargo, una vez más, el proceso para la consecución de los ODM ignora en gran medida este aspecto de los Objetivos y las metas (aunque hay un intento de promocionar una mayor participación de las mujeres en los Parlamentos), y por tanto no se sustenta tan explícitamente como debiera en el lenguaje movilizador y potenciador de los derechos humanos. Por ejemplo, basándose en los compromisos ya asumidos por los Estados en los tratados, se podrían establecer metas para la eliminación de las leyes que dificultan la formación de grupos de la sociedad civil independientes, el mantenimiento de un debate público sobre las opciones de desarrollo o la divulgación de información esencial para comprometerse de manera significativa con las comunidades pobres. Hacer de la inclusión y la participación el centro de los ODM –identificando metas que hagan realidad el empoderamiento de la población que vive en la pobreza–, aumentaría enormemente la visibilidad y relevancia de dichos Objetivos en las comunidades desfavorecidas. Por último, cuando se niega a los pobres la igualdad ante la ley mediante prácticas discriminatorias, cuando las políticas de los Estados conculcan sus derechos, las personas que viven en la pobreza no tienen acceso a la justicia ni a la reparación.

¿Y ahora qué?

¿Qué se puede hacer para abordar estos tres problemas? Puede que no tenga mucho sentido tratar de revisar ahora todos los Objetivos con el fin de incluir, por ejemplo, una meta que evalúe las iniciativas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Es posible que haya que esperar a la elaboración de un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015. Entretanto, los Estados deben promover una relación más estrecha entre los ODM y el respeto a los derechos humanos.

En la cumbre sobre los ODM que se celebrará en 2010 se debe dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos. Debe pedirse a todos los Estados que, en los informes que presenten en la cumbre, incluyan información explícita sobre cómo sus respectivos países integran la obligación de proteger los derechos humanos en el proceso para la consecución de los ODM. La satisfacción de esta petición no tiene por qué ser un ejercicio acusatorio. Los Estados pueden poner de relieve ejemplos de éxito y de fracaso. A la hora de preparar la cumbre propiamente dicha, se debe prever un espacio suficiente para el análisis de cuestiones de derechos humanos.

En la declaración de la cumbre se deben identificar y promover campos en los que una reforma de los derechos humanos contribuiría a la consecución de los Objetivos.

En la cumbre de 2010 se debe exigir a los Estados que examinen las leyes, políticas y prácticas que, como consecuencia de la pobreza o de la vulneración de prohibiciones recogidas en las normas sobre derechos humanos, fomentan de manera activa la discriminación u obstaculizan la igualdad ante la ley y la igualdad de acceso a los servicios.

Tras la celebración de la cumbre, Amnistía Internacional buscará el modo de garantizar marcos de desarrollo globales, como los ODM o la iniciativa que les suceda, prestar la debida atención a todos los aspectos de la pobreza relacionados con los derechos humanos y, no menos importante, vincular las obligaciones ya contraídas por los Estados en materia de derechos humanos con las iniciativas dirigidas a erradicar la pobreza.

¿Objetivos u obligaciones?: Potenciación de la rendición de cuentas

En repetidas ocasiones, los gobiernos se han comprometido públicamente a cumplir las metas de los ODM. ¿Pero qué ocurre si, como parece probable, fracasan? ¿Nos limitaremos a esperar la formulación de una nueva serie de Objetivos, con nuevos plazos y metas modificadas, y nos pondremos a trabajar de nuevo para apoyar su consecución? ¿Tendremos unos Objetivos 2.0? ¿Cuántas versiones habremos de esperar antes de que se consigan los avances que nos permitan cantar victoria? No podemos esperar otro milenio. El precio del fracaso es demasiado alto.

La única posibilidad de que se cumplan estos Objetivos y sus correspondientes metas estriba en eliminar la laguna de la rendición de cuentas. Una vinculación más estrecha de los Objetivos con el marco de los derechos humanos obligaría legalmente a todos los gobiernos a cumplirlos. Planteadas así las cosas, el incumplimiento de los Objetivos sería algo más que el fracaso de una política o unos programas: sería un incumplimiento flagrante de obligaciones legales contraídas con titulares de derechos. El incumplimiento de los Objetivos no sólo es el resultado de una serie de omisiones o de una aplicación caprichosa; en algunas situaciones, es la consecuencia de iniciativas estatales encaminadas a socavar los derechos humanos.

Hay varias medidas prácticas que todo gobierno podría adoptar para potenciar la rendición de cuentas. Los proyectos y planes para cumplir los Objetivos se deben desarrollar con la participación plena y activa de la sociedad civil y de las organizaciones de base. La ONU y las otras organizaciones que promueven los Objetivos deben animar a los gobiernos a seguir adelante con los compromisos contraídos hasta el momento.

En algunos países se encarcela a los activistas que defienden los derechos de los pobres; en muchos otros se los acosa o se obstaculiza su trabajo. La ONU debe publicar informes independientes y periódicos en los que se indiquen los países que no permiten adecuadamente a la sociedad civil participar de manera significativa en el proceso de consecución de los Objetivos.

Se debe animar a los Parlamentos a intervenir en la aprobación de los planes y proyectos dirigidos a cumplir los Objetivos. Los gobiernos regionales y locales y sus órganos legislativos deberían participar también.

Existen instituciones nacionales de derechos humanos en muchos países, sobre todo en el mundo desarrollado. Se debe animar a estas instituciones a hacer un seguimiento de los avances en la consecución de los Objetivos y a prestar atención a los abusos contra los derechos humanos que obstaculizan estos avances de forma persistente.

Los gobiernos deben dar cumplida cuenta en público de los planes de desarrollo encaminados a alcanzar los Objetivos.

La comunidad internacional debe condenar de manera unánime las violaciones de derechos humanos justificadas por motivos políticos, como la expulsión de los organismos de ayuda humanitaria decretada por los gobiernos de Zimbabue y Sudán; la explotación persistente y generalizada de los trabajadores migrantes en todas las regiones del mundo, y la destrucción de viviendas y los ataques a hospitales, escuelas y civiles en los conflictos armados.

Además de las medidas a nivel nacional, se debe encontrar el modo de que el seguimiento por la ONU de los avances en la consecución de los Objetivos sea más riguroso y tenga mayor trascendencia. Cuando las compras de armas primen sobre los fondos destinados a educación, cuando la corrupción socave las iniciativas de reforma, cuando se obstaculice la participación de la sociedad civil y se acose y encarcele a activistas de base: en estos y otros casos la ONU debería pedir cuentas a los países responsables.

A menos de seis años del final del proceso de los ODM, queda todavía mucho por hacer para reforzar el compromiso mundial con la erradicación de la pobreza. No se pueden conseguir avances sostenibles en la erradicación de la pobreza sin emprender iniciativas encaminadas a abordar las cuestiones de derechos humanos subyacentes. Para poder cumplir el compromiso de erradicar la pobreza, todos los Estados deben comprometerse a promover los derechos humanos en su territorio y fuera de él. Si este principio es capaz de vincular las promesas de los ODM con los planes operativos de los Estados, si se pueden pedir cuentas a los Estados por el incumplimiento de estos planes, entonces es posible que las personas sumidas en la pobreza puedan gozar plenamente de su derecho a vivir con dignidad.

Objetivo 1

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día

Meta: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes

Meta: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre

Objetivo 2

Lograr la enseñanza primaria universal

Meta: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria

Objetivo 3

Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

Meta: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015

Objetivo 4

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Meta: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años

Objetivo 5

Mejorar la salud materna

Meta: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna

Meta: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

Objetivo 6

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

Meta: Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015

Meta: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten

Meta: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves

Objetivo 7

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente

Meta: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010

Meta: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento

Meta: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales

Objetivo 8

Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Meta: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio

Meta: Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo

Meta: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles

Meta: En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones