Ocho activistas en favor de la democracia acusados de organizar una protesta pacífica el 10 de marzo se enfrentan ahora a hasta 12 años de cárcel al haberse añadido a los cargos presentados contra ellos el de organizar “desórdenes públicos”.
Ocho activistas en favor de la democracia acusados de organizar una protesta pacífica el 10 de marzo se enfrentan ahora a hasta 12 años de cárcel al haberse añadido a los cargos presentados contra ellos el de organizar “desórdenes públicos”.